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Acampe piquetero en la 9 de Julio: cuál es el reclamo y en qué punto está trabada la negociación

Hubo acuerdo en el tema alimentos, pero el conflicto sigue abierto

Los manifestantes y el Gobierno no lograron unificar posiciones en torno al pedido de más planes Potenciar y el de insumos para los emprendimientos productivos. Los pormenores de la discusión y las versiones sobre la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Aunque el Ministerio de Desarrollo Social y la Unidad Piquetera llegaron a un acuerdo en el tema alimentos,  en el conflicto que motivó el acampe de tres días sobre la avenida 9 de Julio dos reclamos siguen sin ser resueltos: se trata del pedido de más planes Potenciar y el de insumos para los emprendimientos productivos. 

¿Qué es lo que vienen negociando las partes durante esta protesta que lleva 48 horas de permanencia frente al edificio de Desarrollo Social? Las casi cuarenta agrupaciones que votaron el plan de lucha iniciaron el acampe con tres pedidos:

  • Trabajo, un reclamo que el Gobierno responde tradicionalmente otorgando planes Potenciar.
  • Herramientas y fondos para los emprendimientos productivos.
  • Alimentos para los comedores populares.

Como ocurre en cada conflicto piquetero, desde que se instaló el acampe hubo una serie de conversaciones informales entre funcionarios de la segunda línea del ministerio y los dirigentes sociales. Pero fueron diálogos inconducentes. Ya había pasado más de la mitad del jueves cuando, con las carpas armadas frente al ministerio, un grupo de manifestantes decidió ir hasta la autopista y cortarla para subir la presión. La policía los desalojó con empujones y gas pimienta.

Desde los movimientos sociales reclamaron la presencia del ministro Juan Zabaleta. Aseguraron que “hace días que no aparece por el ministerio”, por lo que volvieron a circular las versiones sobre su eventual renuncia. El ex intendente de Hurlingham tiene decidido volver a su municipio para dar la pelea electoral de 2023, aunque aún no se sabe si lo va a concretar en lo inmediato o si lo hará recién a fines de año. Por ahora, sus allegados aseguraron que la fecha no está puesta y que el conflicto no se ha resuelto no por la falta de presencia de Zabaleta, sino porque las organizaciones piden más planes Potenciar y el ministerio tiene la decisión tomada de no darlos.

¿Qué se discuten los piqueteros y el Gobierno?

En las conversaciones que se realizaron desde el martes, el tema alimentos, aunque a medias, fue resuelto con un compromiso del ministro Juan Zabaleta de mejorar el envío de productos secos.

La mercadería ya empezó a llegar a algunos barrios, aunque quedó pendiente, por ahora sin ninguna propuesta, la mejora de los fondos que los comedores reciben para comprar alimentos frescos y ampliar su variedad. Con la inflación disparada, esos refuerzos en dinero alcanzan cada vez para menos. Es un punto que sigue pendiente -y que está a cargo de un área dentro del ministerio que no responde enteramente al ministro, sino que está en la órbita de La Cámpora-, aunque en general el item alimentos tuvo un avance y de alguna manera se lo considera superado, tanto por los piqueteros como por los funcionarios.

Sobre las herramientas y fondos para los emprendimientos productivos o de capacitación está claro que hay problemas. Las fuentes del ministerio consultadas admiten que el atraso es real. El Gobierno debe insumos que prometió.

Los referentes piqueteros plantean que tienen obras paradas con argumentos burocráticos. “No podemos terminar la construcción de un jardín de infantes porque los expedientes están frenados desde 2020”, puso como ejemplo uno de los entrevistados. Y aseguró que son miles los emprendimientos que a pesar de haber armado un proyecto, de haber tenido aprobación e incluso de haber empezado a trabajar con un desembolso inicial de fondos, luego quedaron afectados porque el segundo desembolso comprometido nunca llegó. Los proyectos siempre se pagan así, por etapas. Esto genera situaciones en las que una cuadrilla o grupo de trabajo sigue cobrando el plan Potenciar, pero no puede completar lo proyectado. Obviamente, así los grupos armados con mucho esfuerzo se disgregan y también se va perdiendo el sentido de la inversión social.

En el ministerio reconocen que las demoras son ciertas -aunque reparten las culpas: admiten que se debe a la cuestión burocrática y señalan también casos en los que las organizaciones deben alguna documentación-. Tampoco niegan que hay proyectos frenados desde el 2020; estamos hablando de más de un año y medio de espera. Como sea, sobre estos pedidos de insumos para poder trabajar, las negociaciones tuvieron algún tipo de respuesta: Desarrollo Social ofreció armar una mesa para estudiar los reclamos.

El conflicto en torno a los planes Potenciar

El tema de mayor conflicto es el de los planes Potenciar.

Para explicarlo no alcanza con decir que las organizaciones piden más planes. En principio, el reclamo es por trabajo y hay una propuesta de la Unidad Piquetera para crear un millón de puestos de trabajo con la construcción de viviendas sociales, que obviamente sería viable si se dieran una serie de circunstancias que hoy no están, entre ellas la de que las fuerzas de izquierda que integran la Unidad Piquetera hubieran ganado la elección presidencial. Por el contrario, hoy son parte de la oposición. La discusión por trabajo posible es la discusión por acceder a planes sociales.

“Juanchi está plantado en que no va a haber más altas”, aseguran en el ministerio. La única ventana de negociación abierta es el uso de los planes que se van cayendo, ya sea porque sus beneficiarios consiguieron trabajo o por las auditorías al programa.

Así, hubo algunas ofertas que la Unidad Piquetera rechazó por insuficientes. Las bajas de planes no son tantas como para llegar a un acuerdo, porque las agrupaciones que acampan son casi cuarenta. Tienen, por lo menos, un centenar de miles de representados, mientras que las ofertas realizadas llegaban en las últimas conversaciones a los tres mil planes.