El diputado Eduardo Valdés aseguró este jueves que los jueces de la Corte Suprema "violaron" artículos de la Constitución Nacional y no mostraron "idoneidad" en el fallo por los fondos de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, al restituir la ley del Consejo de la Magistratura derogada por el Congreso, en la aplicación de la ley del dos por uno en causas de lesa humanidad y en el manejo de la obra social judicial.
El legislador del Frente de Todos (FdT) dijo que, según el artículo 112 de la Constitución Nacional, los miembros de la Corte "deben administrar justicia bien y legalmente".
"En el artículo 116 de la Constitución Nacional se establece que los jueces solo pueden decidir en una causa, y una causa es una disputa concreta entre partes contrarias", señaló y dijo que "además no deben emitir declaraciones ni consultas, solo deben hablar a través de las sentencias, y éstas deben ser de acuerdo al derecho vigente y a la prueba presentada".
"Si no se cumplen esos artículos, entonces se transforma en un acto irracional, eso configura el mal desempeño y demuestra la falta de idoneidad para el cargo", manifestó y sostuvo que "según el artículo 16 de la Constitución Nacional todos los ciudadanos son iguales ante la ley y son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".
Valdés abrió su discurso afirmando: "Ratifico el proyecto de resolución que pedimos el juicio político de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rozenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti".
También señaló que a Rosatti se lo acusa por el "delito en la comisión de sus funciones, proyecto que además contiene el pedido del Presidente de la Nación y 11 gobernadores, presentado en esta cámara con la firma de 15 diputados nacionales".
Valdés fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los jueces del tribunal el fallo sobre coparticipación porteña, ya que "distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores".
En esa línea, el legislador señaló que "es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego que se presentaron como amicus curiae del tribunal".
"¿Por qué no escuchó a los gobernadores?, ¿Será por la relación de Rosatti con Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?", preguntó.
Asimismo, subrayó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento".
La reunión de la comisión
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó a las 11.10 para recibir los argumentos de legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados sobre los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.Al abrir la segunda reunión, la presidenta de ese cuerpo parlamentario Carolina Gaillard, dijo que hoy expondrán autores de 14 expedientes e informó que no concurrirá la senadora Juliana Di Tullio, quien lo comunicó a través de una nota.
Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados exponen ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus fundamentos sobre los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.
La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría, y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.
La lista de expositores fue abierta por la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, quien aseguró que el pedido de juico político contra Lorenzetti "pertenece a nuestro bloque data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió".
"En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia Germán Garavano", agregó y destacó el "respeto" de sus compañeros de otros bloques que conforman JXC.
Oliveto señaló que el pedido de enjuiciamiento "no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión".
Este jueves exponen por la Asociación Argentina de Juristas Claudia Rocca, y por la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales (Exigir) Federico Méndez. Los particulares
También exponen el diputado Eduardo Valdés, acerca del proyecto impulsado por el oficialismo a pedido del presidente Alberto Fernández y una decena de mandatarios provinciales.
Cuáles son los cuestionamientos
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otra de las causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
También lo hacen por el FdT Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo.
En el primer caso se analizarán denuncias contra Rosenkrantz, y luego dos presentaciones contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.
En tanto, la diputada de la Coalición Cívica (CC), Paula Oliveto, expondrá sobre denuncias impulsados por la CC contra Lorenzetti.
La senadora Juliana di Tulio, del FdT, hará lo propio en relación a los dos expedientes que impulsa: uno contra los cuatro miembros de la Corte y otro concentrado en Rosatti.
Tras escuchar a los impulsores de los 14 juicios políticos y que se vote la admisibilidad comenzará la recolección de pruebas y allí se deberá diagramar la convocatoria a testigos.
El FdT quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; a mandatarios provinciales; a Silvio Robles -vocero y mano derecha de Rosatti-, y a Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia.
Intercambios de chats
A fines del año pasado trascendieron en medios de comunicación una serie de chats intercambiados a través de la aplicación Telegram que fueron atribuidos a D'Alessandro, y en varios de esos mensajes había intercambios del funcionario porteño con Robles.En esas conversaciones, el colaborador de Rosatti le sugería al ministro porteño distintas estrategias que debía llevar a cabo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el litigio que la ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
El oficialismo pretende que esos chats sean también motivo de análisis en la comisión de Juicio Político, como parte del proceso de remoción a los actuales magistrados de la Corte.
