He leído en este medio lo que dijo el gobernador interino, Osvaldo Jaldo: “No se puede proscribir a nadie por ser pariente de…”. Una de las monstruosidades que tienen los tres poderes del Estado tucumano, los municipios y comunas rurales, es el nepotismo. Según los diccionarios, el nepotismo “es la preferencia que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos para dar empleos públicos a familiares o amigos, sin tomar en cuenta las competencias de los mismos para la labor, sino su lealtad o alianza “. La historia de la humanidad nos hace ver que mediante costosas revoluciones desde lo humano, ya que se perdieron vidas, se logró que se abolieran los privilegios de cuna. En los regímenes republicanos no se acepta la prevalencia de la sangre o de la amistad como criterios de promoción o para la obtención de cargos públicos u obtener privilegios. Hay que considerar que el nepotismo, al no estar tipificado como delito en el Código Penal, se presta o facilita a que sea un medio para cometer actos de corrupción y de impunidad y por ello se convierte en un mecanismo para incurrir en actuaciones que disminuyen y menoscaban los fundamentos de la forma de gobierno que establece nuestra Carta Magna. Además erosionan la dignidad y la honorabilidad de la gestión pública, porque afectan el bien común. En Tucumán, como en el país, la práctica del nepotismo se ha generalizado y extendido de tal modo que se lo considera algo natural, lo que agrava la situación y afecta nuestro futuro como nación. En resumen, las consecuencias son una sumatoria de: prerrogativas, privilegios, prebendas, impunidad, corrupción, etc. Por todo ello: Si se elimina o controla el nepotismo, se estaría atacando una de las causas de la corrupción que hoy nos agobia. El desafío de los gobernantes debe ser encarar con seriedad y firmeza esta causa, que poco a poco desacredita las instituciones de nuestra provincia y la República. Los ciudadanos, si queremos un país mejor, debemos exigir y luchar para que así sea.
Juan Francisco Segura
