El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, será juzgado por un Congreso hostil por presunta corrupción, después de que el Tribunal Constitucional diera luz verde al procedimiento de destitución, amenazando la estabilidad política de la nación andina exportadora de petróleo.
El tribunal dictaminó por mayoría de 6 a 3 que Lasso podía ser juzgado por los legisladores bajo la acusación de permitir la corrupción en el Gobierno, un proceso que podría durar hasta 45 días. Rechazó otras dos acusaciones por motivos de procedimiento.
Lasso, un exbanquero conservador que obtuvo una ajustada victoria electoral en 2021, se encuentra a menos de la mitad de su mandato. Es un líder de derecha cada vez más aislado en América latina, donde muchos países han virado fuertemente hacia la izquierda en los últimos dos años.
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El fallo se produce en un momento en que Lasso se esfuerza por hacer frente a un aumento de la delincuencia y a problemas económicos profundamente arraigados. El Congreso está controlado por la izquierda leal al expresidente Rafael Correa y por grupos indígenas, y ha obstaculizado los intentos del Gobierno de impulsar la inversión extranjera en petróleo y minería.
"Lasso enfrentará un juicio político y tendrá que responder por sus horrores e incompetencia ante la Asamblea [Nacional]", tuiteó la legisladora opositora Viviana Veloz tras el fallo. "No podíamos darle la espalda al pueblo ecuatoriano. Esto es por ustedes".
Los bonos 2035 de Ecuador, el principal indicador del sentimiento del mercado en la economía dolarizada, han caído de forma constante desde alrededor de 53 centavos de dólar a principios de febrero a 33 centavos el jueves, a medida que la creciente preocupación por el incierto panorama político alimenta la demanda de los inversores por un rendimiento extra de la deuda soberana del país.
La @CorteConstEcu se ha pronunciado. Lasso será enjuiciado políticamente y tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea. No podíamos darle la espalda al pueblo ecuatoriano. ¡Esto es por ustedes! ¡La bancada @BancadaUNESec jamás los abandonará! pic.twitter.com/9UPW1RwZaK
— Viviana Veloz (@VivianaVeloz18) March 30, 2023
El proceso de destitución comenzó por las acusaciones de que el cuñado del presidente, Danilo Carrera, tenía vínculos con funcionarios públicos implicados en corrupción y narcotráfico. Lasso ha dicho que las acusaciones son injustificadas y carecen de base legal.
Tras el anuncio del tribunal, la presidencia declaró que respetaba la decisión judicial, pero que "en modo alguno valida los argumentos esgrimidos por el legislativo contra el presidente", añadiendo que Lasso era inocente de las acusaciones de corrupción.
El juicio político debe ser respaldado por 92 de los 137 legisladores del Congreso unicameral. Si se aprueba su destitución, Lasso sería sustituido por el vicepresidente Alfredo Borrero, exmédico y novato en política.
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"Será muy difícil para cualquier sector político defenderlo... Lasso se ha convertido en criptonita política", dijo Sebastián Hurtado, presidente de la consultora de riesgo político Prófitas, con sede en Quito. El apoyo público a Lasso se ha evaporado debido al aumento de la delincuencia y a la percepción de que los servicios públicos se han deteriorado, añadió.
Leonidas Iza, líder del movimiento indígena Conaie, dijo que la decisión del tribunal respondía a "la lucha y la resistencia del pueblo frente a un gobierno desastroso y perezoso".
Lasso podría disolver el Congreso antes de que vote sobre la destitución, aprovechando una cláusula de 'muerte mutua' de la Constitución de 2008 que nunca se ha utilizado. Esto desencadenaría nuevas elecciones para la presidencia y para una nueva legislatura, pero la baja popularidad del presidente hace que sea una opción muy arriesgada. Los líderes indígenas han amenazado con protestas en todo el país si cierra el Congreso.
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La moción de destitución se presentó después de que Lasso sufriera una dura derrota en las elecciones locales y en un referéndum el mes pasado. Ha sobrevivido a dos votaciones en el Congreso para destituirlo, pero esta vez la oposición combinada afirma que cuenta con apoyo suficiente para desencadenar su destitución. El bloque del presidente en el Congreso se ha reducido a sólo 24 legisladores.
"Se trata de un comportamiento político depredador más que de una represalia legal", dijo el jueves Nicholas Watson, analista principal para América latina de la consultora Teneo. "El hecho de que el tribunal constitucional echara para atrás dos de los posibles cargos sugiere que el caso no es tan sólido".
