En su cuenta de Twitter, la vice anunció que este martes hará uso del derecho a dirigirse al Tribunal Oral Federal 2.
Finalmente, Cristina Kirchner anunció por Twitter que hará uso del derecho a pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, su ex socio comercial. Lo hará este martes de las 9.30.
La instancia de palabras finales para los imputados es la previa a conocer la fecha en la que los jueces leerán el veredicto en este caso, que demando más de tres años y medio de audiencias orales.
La última vez que la vicepresidenta se dirigió al TOF 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- los acusó de ser un brazo ejecutor del lawfare, la tesis en base a la cual Cristina explica su situación judicial reduciéndola a una persecución política.
No fue lo único que les dijo. Antes de retirarse de la sala de audiencia sostuvo que ella no iba a responder preguntas, pero que quienes iban a tener que responder en un futuro eran los jueces bajo otra premisa: "A mí la historia ya me absolvió", pero que al Tribunal “será la historia quien los juzgue”.
Así se defendió el 2 de diciembre de 2019, días previos a jurar como vicepresidenta de la Nación. Este año ya no habló en sede judicial, sólo desde el despacho del Senado después del pedido de condena de doce años de cárcel por parte del fiscal Diego Luciani. Ya se encontraba fuera de los plazos contemplados para ampliar las indagatorias dentro del proceso de un juicio oral y por eso el Tribunal no le habilitó tal instancia.
La determinación de los jueces, citando los correspondientes artículos del Código Procesal Penal, fue utilizada por Cristina para sostener que le negaron su derecho a defensa, algo que el Tribunal entendió que le fue garantizado durante el proceso. Y así volvió a reiterar que el TOF 2 tiene la condena escrita y firmada hace tiempo.
Con estos planteos cruzados, este martes la vice volverá a participar del juicio en esta etapa de palabras finales.
Luego, quedará un grupo más de imputados para hablar si lo desean, y en esa misma audiencia el Tribunal podría dar a conocer su sentencia poniendo fin a este proceso.
Los imputados respondieron a los pedidos de condena del Ministerio Público Fiscal en instancia de alegatos y sólo algunos de los trece juzgados en este expediente eligieron reiterar su inocencia durante las palabras finales. Así lo hizo Julio De Vido la semana pasada, cuando señaló que Néstor Kirchner nunca fue "jefe de una banda", sino el presidente de una Nación, y negó cualquier acto de corrupción en torno a la obra pública vial licitada en suelo santacruceño.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola pidieron una condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, como responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa y administración fraudulenta en perjuicio contra el Estado.
Misma cantidad de años se pidió para Lázaro Báez, como organizador de la asociación ilícita y culpable de fraude.
La fiscalía solicitó 10 años para Julio de Vido, para José López y para el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe; 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro.
Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
En este juicio que comenzó en mayo de 2019 y condujo a Cristina Kirchner a estar sentada por primera vez en el banquillo de los acusados, se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por un total de 46.000 millones de pesos. Se trató del 80% de los contratos viales que se licitaron en Santa Cruz y que representaron el 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional.
Hay dos números que desentrañó la fiscalía al respecto: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró dieciocho acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.
Para la fiscalía, toda la maniobra constituyó “la matriz de corrupción más extraordinaria que existió”, y los responsables de “instalar la misma fueron Néstor y Cristina Kirchner”. Fueron las palabras de Diego Luciani cuando inició su alegato el 2 de agosto.
Al centrarse en el funcionamiento de esa estructura con roles definidos añadió: “La corrupción fue la regla y el Estado de derecho quedó rezagado, y este desequilibrio debe corregirse con un fallo judicial”, en este punto instó a los integrantes del Tribunal a dictar un fallo ejemplificador. En otras palabras el fiscal dijo, "hoy más que nunca la sociedad reclama justicia, en sus manos señores jueces está impedir que se siga instalando una corrupción sistemática, ustedes tienen el deber de dar a cada uno lo que corresponde y restituir la paz y el orden social”. Continuó: "Este es el momento; corrupción o justicia".
