El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó por unanimidad a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad, y dispuso para ella una pena de 6 años de prisión. Sin embargo, sólo la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Dejaron afuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita.
En uno de los tramos más duros de la breve explicación que adjuntaron al término de la lectura del veredicto, los jueces consideraron que "tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal."
El resto de los acusados también recibió penas muy duras, excepto cuatro. A Lázaro Báez, José López y el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, también les dieron una pena de 6 años, la máxima para el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Otros funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz recibieron las siguientes penas: Juan Carlos Villafañe, 5 años; Raúl Pavesi, 4 años y medio; Raúl Santibañez y Mauricio Collareda, 4 años; Raúl Daurich, 3 años.
Sorprendió el tribunal con las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, a quienes no consideró como parte de la maniobra de fraude al Estado. Carlos Santiago Kirchner también fue absuelto, pero eso ya se preveía porque los fiscales no pidieron ninguna condena para él.
Respecto de la acusación por asociación ilícita, el fallo fue dividido: mientras que una mayoría conformada por Gorini y Giménez Uriburu la desestimó, el juez Andrés Basso votó por avalarla. Cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia, el 9 de marzo, esa disidencia será clave para la apelación que podría presentar el fiscal Luciani ante la Casación.
La vicepresidenta se convirtió en la primera funcionaria en ejercicio del poder que recibió una condena en un caso por corrupción. Así lo decidió el TOF 2, que comenzó a juzgarla en mayo de 2019 por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.
La sentencia condenatoria le dio la razón de forma parcial a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes al finalizar su alegato acusaron a Cristina de haber dirigido una la asociación ilícita -delito rechazado por el TOF 2- que se dedicó “a la sustracción de fondos públicos” para beneficiar a quien era su socio comercial, Lázaro Báez. Ese otro delito, de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. sí fue convalidado por el tribunal.
La decisión de los jueces Giménez Uriburu, Gorini y Basso puso punto final al juicio que durante tres años y medio analizó la estructura que funcionó durante doce años y que -según la imputación- posibilitó que Lázaro Báez, sin ser empresario de la construcción, terminara siendo el adjudicatario de 51 obras viales en suelo santacruceño.
Bajo ese argumento la fiscalía dio por corroborada la existencia de una “estructura estatal defraudatoria, licitaciones amañadas, sustracción de sumas millonarias del Estado, un circuito ilegal de enriquecimiento del empresario y finalmente, una etapa de reciclaje a favor del matrimonio Kirchner”.
En este juicio que comenzó en mayo de 2019 y condujo a Cristina Kirchner a estar sentada por primera vez en el banquillo de los acusados, se analizaron los contratos viales que ganó el Grupo Austral por $ 46.000 millones.
Hay dos números que expuso el expediente: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, más específicamente a las tres presidencias kirchneristas, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró veinte acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.
Al argumentar la maniobra investigada, la fiscalía habló de “la matriz más extraordinaria que existió que se volvió sistémica, endémica, se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, una organización criminal".
La administración fraudulenta fue ponderada desde la idea inicial de la sustracción de fondos del Estado "por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz", lo que representó la contratación "en favor de Lázaro Báez".
Con el contratista K como permanente ganador de las licitaciones, hubo un factor más analizado: "un esquema de beneficios exclusivos" que perjudicó el erario público ya que esos fondos remitidos a Santa Cruz a través de convenios con Vialidad Provincial, "se otorgaron de forma irregular, con sobrecostos y pagando certificados de obras que no correspondían", indicó en su momento el fiscal del juicio.
La defraudación al Estado fue cuantificada por el Ministerio Público Fiscal en 1.000 millones de dólares cifra a la que se llegó bajo la siguiente premisa: “hubo una administración infiel, se dilapidaron fondos de la ciudadanía, tributados con la confianza de que serían destinados a fines nobles, lícitos”.
En esta maniobra defraudatoria actuaron doce ex funcionarios, exceptuando de ese listado a Lázaro Báez, por eso el fiscal Luciani entendió que junto con la condena correspondía requerir que todos los imputados sean inhabilitados de forma perpetua para ocupar cargos públicos.
