En contraposición al planteo del fiscal Carlos Rívolo, que este lunes sostuvo que no hay pruebas de la intervención o el financiamiento de un espacio político detrás del ataque que sufrió Cristina Kirchner, la vicepresidenta pidió que se suspenda la elevación a juicio del caso. Además, reiterando sus críticas a los investigadores, solicitó una serie de medidas de prueba. Los jóvenes detenidos y que para el fiscal deben comparecer frente a un Tribunal, están acusados del delito de tentativa de homicidio agravado por la premeditación y uso de arma de fuego.
Rívolo solicitó que se dé por concluida la investigación del caso que se concentra en los autores materiales del intento de homicidio de Cristina Kirchner. El representante del ministerio Público Fiscal entendió que está agotada esta instancia, y con 361 medidas de pruebas producidas durante la instrucción, es hora de organizar el juicio oral. El planteo contempla, además, que hay tres personas privadas de su libertad y su situación debe ser resuelta lo antes posible.
En este expediente, dos de los procesados son Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, por diseñar y llevar adelante un "plan criminal" para "asesinar a Cristina Fernández de Kirchner".
La pareja del joven que fue responsable de apuntar con el arma de fuego, quedó procesada por ser coautora de "homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa".
El último acusado por parte de la jueza María Eugenia Capuchetti es Nicolás Gabriel Carrizo, a quien se le atribuyó el delito de partícipe secundario del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y la premeditación, en grado de tentativa.
En los últimos meses, Cristina Kirchner intentó apartar a la jueza en dos ocasiones. Eso impidió que se resolviera el cierre de la investigación.
Cuando la Cámara Federal porteña confirmó por segunda vez a Capuchetti frente al a investigación, ordenó que el caso vaya a juicio oral, considerando que hay tres personas detenidas y un importante grado de comprobación respecto a la responsabilidad de las mismas frente a los hechos investigados.
Fue en ese contexto que el fiscal Carlos Rívolo dio por cerrada la instrucción.
El pedido de Cristina Kirchner
En marcada oposición a que eso ocurra, en estas condiciones, a través de su abogado defensor José Manuel Ubeira, Cristina pidió la suspensión de la elevación a juicio oral y requirió una serie de medidas de prueba, algo que en su rol de querellante le está permitido.
Una de las principales críticas de la vicepresidenta frente a la decisión del fiscal, apuntó sobre dos aspectos señalados en el requerimiento de elevación a juicio oral, en el que Rívolo sostuvo que no hay elementos para atribuir el financiamiento del ataque a ningún espacio político.
El escrito presentado por la querella sostiene que “es evidente que la prueba producida en el caso “Revolución Federal” refuerza lo dicho por esta parte al oponerse a la elevación a juicio: cada día aparecen nuevas pruebas, esta causa está en pleno trámite y elevarla no es más que consagrar la impunidad”.
Se refiere a la investigación que tiene a su cargo otro juez, Marcelo Martínez De Giorgi, donde los referentes de la agrupación Revolución Federal fueron procesados por instigación a la violencia por el tipo de actividades realizadas en la vía pública y que derivaron en diversos incidentes. Pero la justicia federal ya determinó que no hay vinculación entre esa causa y sus imputados con la pesquisa que se concentra en el atentado que sufrió la vice, que tiene otra jueza a cargo y donde los delitos bajo análisis son otros también.
La discusión sobre el informe
En el planteo de la querella se hace referencia a un informe que el juez Martínez De Giorgi envió al fiscal Rívolo donde, después de analizar un drive con una gran cantidad de información de Jonathan Morel -referente de Revolución Federal- se concluyó que no hay nada que pueda vincular a dicho espacio con los acusados en el caso del atentado.
Se trata de un análisis que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), para el cual se compulsó la extracción forense correspondiente al servicio de almacenamiento “Google Drive” de Jonathan Morel, uno de los líderes de la agrupación “Revolución Federal”.
Las conclusiones de dicho análisis sostienen: “No se dio con archivos que pudieran relacionarse con la vinculación de los integrantes de la agrupación” que lidera Morel, “y las personas imputadas en la causa “ que tiene a su cargo la jueza Capuchetti y que se concentra en el intento de homicidio contra la vice.
El fiscal agregó algo más de ese informe: “No se puede relacionar ni vincular la participación de aquellas persona (los jóvenes detenidos por el atentado) en actividades de la agrupación”.
Críticas a la justicia
Al respecto al abogado de Cristina Kirchner indicó que entre los resultados aparecen, figura “el financiamiento ilegal de la familia Caputo a la agrupación violenta y antidemocrática Revolución Federal, folletos con amenazas a la Vicepresidenta de la Nación y consultas a CUITs de diferentes personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner”.
Por ese motivo pidió que se siga investigando la posible vinculación del espacio Revolución Federal con la causa del atentado que sufrió la vice en septiembre de 2022. Fuentes de la causa señalaron a Clarín que se observan “pruebas que llegado el caso, deberían ser pedidas en el marco de la otra investigación”.
En sus críticas hacia el fiscal Rívolo y la jueza Capuchetti el escrito reitera lo que escribió en sus redes Cristina Kirchner, “la justicia no quiere investigar”.
Dijo el abogado de la vice: “Es increíble que el fiscal no se haya detenido ni siquiera a analizarlo y haya continuado con la elevación a juicio. ¿Cuántos indicios van a dejarse sin investigar, o se van a investigar sólo superficialmente, en nombre de una teoría de “loquitos sueltos” que hace agua por todos lados?”.
Sin desconocer la "indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una Vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional", remarcó el fiscal Carlos Rívolo, "de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso".
Finalmente, al insistir con la suspensión de la elevación a juicio, el abogado de Cristina Kirchner sostuvo que no conciben que el Ministerio Público Fiscal haya recibido un informe “en el que hay un mensaje en el que una persona que es parte de una agrupación dedicada a promover la violencia contra la Vicepresidenta se ofrece para una “actividad bala” y no hizo absolutamente nada. O, mejor dicho, no hizo nada con esta prueba, porque sí hizo algo con la causa: decidió impulsar su elevación a juicio consagrando la impunidad”.
La fiscalía en el pedido de elevación a juicio se basó en las conclusiones del informe que cuando tuvo que determinar la vinculación de los integrantes de la agrupación Revolución Federal con los imputados en la causa que lleva como carátula tentativa de homicidio, se indicó que “no se dio con archivos que pudieran relacionarse con la vinculación de los integrantes de la agrupación Revolución Federal y las personas imputadas en la causa” a cargo de Capuchetti.
