Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidieron suspender la elevación a juicio de la causa que investiga intento de magnicidio en su contra, ocurrido en septiembre del año pasado. Con críticas al fiscal Carlos Rívolo, exigieron nuevas medidas de prueba.
El escrito presentado por los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, luego de que Rívolo diera por cerrada la investigación y solicitara enviar a juicio a los tres detenidos por el hecho, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.
"Venimos a señalar información de suma relevancia para esta causa y a solicitar la producción urgente de medidas de prueba. Es evidente que la prueba producida en el caso ‘Revolución Federal’ refuerza lo dicho por esta parte al oponerse a la elevación a juicio: cada día aparecen nuevas pruebas, esta causa está en pleno trámite y elevarla no es más que consagrar la impunidad", señaló la querella.
"El 29 de mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa. Increíblemente, dos días hábiles antes, se agregó al expediente prueba de central importancia de la que el acusador público hizo caso omiso", agregó en el escrito.
Además, los abogados señalaron que el 23 de mayo “el Juzgado Nº8 del fuero remitió un informe realizado por la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) en la causa conocida como ‘Revolución Federal’”.
Y continuaron: “Este informe se produjo a partir de un pedido de la Fiscalía Nº11 del fuero de que se realice un análisis de todos los dispositivos secuestrados en ese expediente”.
Dijeron que se analizó la información extraída del Google Drive de Joanathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal, y que como resultado se obtuvo "el financiamiento ilegal de la familia Caputo a la agrupación violenta y antidemocrática Revolución Federal, folletos con amenazas a la Vicepresidenta de la Nación, consultas de CUITs de diferentes personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner".
A su vez, los abogados hicieron mención a “una conversación entre Jonathan Morel y ‘Dali Revolución’” para destacar que esta última menciona que tiene “una pistola 9mm” y que “quiere usarla en la ‘actividad bala’”.
“Sorprendentemente, el fiscal no ahondó en lo más mínimo en el informe remitido por el Juzgado Nº 8 y avanzó con la elevación de la causa a juicio. La más exigua indagación en la conversación permite ver la gravedad de ese accionar”, apuntaron.
A continuación, los letrados pidieron nuevas medidas de prueba, como entrecruzamiento de contactos y allanamientos que sirvan en la investigación.
De este modo, solicitaron se suspenda la elevación a juicio y, además, que se presente la reserva de caso federal.
“Dado que una solución adversa a lo peticionado por esta parte supondría vulnerar derechos constitucionales, en una causa de enorme gravedad institucional, hacemos reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, de ser necesario, ante los organismos internacionales de derechos humanos”, advirtieron.
Días atrás, luego de que se conociera la resolución del Rívolo, Cristina Kirchner publicó una carta en la que cuestionó el accionar del fiscal y de la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti.
"No quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", afirmó.
Criticó al fiscal por no profundizar la "línea Milman", que apunta al rol del diputado Gerardo Milman en el caso, después de que el asesor de un diputado del Frente de Todos declaró haberlo escuchado decir, días antes del atentado, "cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa".
"Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", denunció la ex presidenta en su misiva.
