La inclusión de las cuotas de los colegios privados en el plan de Precios Justos provocó incertidumbre y controversia entre los institutos bonaerenses: ocurre que el ministro Sergio Massa anunció un tope de 16.5% de aumento para el arancel de marzo, pero la Provincia ya tenía pautado un aumento mayor. Y fijó un rango de suba de 3.5% para abril, mayo y junio, aunque esos porcentajes están atados a las paritarias con los docentes.
La medida, incluida en la renovación del programa que intenta frenar la inflación y que ahora abarca casi 40 mil productos de la economía, tiene resistencia entre los dueños de los colegios y también entre algunos sectores docentes.
Y una aparente confrontación con otra decisión en Provincia. Es que Axel Kicillof ya habilitó una suba del 20% promedio en los costos de la factura en los establecimientos no oficiales, que se aplicaría a partir del primer día de marzo.
Está contemplada en la resolución del 29 de noviembre de 2022, que firmó el director General de Escuelas, Alberto Sileoni. Allí autorizaba el ajuste en los casi 5.200 institutos privados con subsidio estatal que funcionan en Buenos Aires. A las aulas de los jardines, primarias y secundarias de este régimen educativo asisten más de 1,3 millones de niños, niñas y adolescentes bonaerenses.
Los padres de esos chicos ya comenzaban a recibir las notificaciones con el nuevo esquema tarifario que habilitó el gobierno provincial. “Es una desprolijidad. Ahora no sabemos qué decirle a quienes se preparan para retomar o iniciar el ciclo lectivo 2023”, dijeron en una de las entidades que agrupan a los colegios.
La primera reacción adversa fue de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aiepba), que integra la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep): “Es preocupante el anuncio por las graves consecuencias que podrían traer para todo el ámbito educativo. Poner tope a los aranceles sin un acuerdo paritario sobre salarios, redundará en una afectación a los proyectos que ofrecen los institutos”, le dijo a Clarín el secretario ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita.
La vacilación también alcanza a las autoridades provinciales. Es que la determinación de esas tarifas es una atribución de las jurisdicciones. “Nación solo puede sugerir. Luego, cada provincia debe adherir”, explicó un funcionario a Clarín.
Por ahora no hay una definición en la Dirección de Escuelas. “Estamos esperando que Nación oficialice su propuesta, lo que parece que ocurrirá en el Consejo Federal de esta semana. Luego convocaremos a las Cámaras que representan a las escuelas privadas, para comunicar y ponernos en línea con esa nueva perspectiva”, dijeron cerca de Sileoni.
Además, explicaron que “el aumento de los aranceles de las escuelas privadas estarán en función de lo previsto en el presupuesto: 60% anual, 30% en el primer semestre”. Y hacen este cálculo: “Un 20% para marzo, más 3.25% mensual hasta junio, da aproximadamente el 30% para los primeros seis meses”, explicaron.
No obstante, en el gobierno provincial no desechan otras variantes. “En caso de que la inflación se dispare en el primer semestre, convocaremos a las cámaras y veremos con ellos los pasos a seguir, como lo hemos hecho siempre, esta vez ajustándonos a las disposiciones nacionales.
Las modificaciones en los valores de las mensualidades del servicio educativo se realizan en función a una grilla de costos que los representantes legales presentan al gobierno. Una de las variables es el sueldo de los docentes, que se resuelven en paritarias libres.
En la primera reunión para negociar salarios, los gremios reclamaron "que los sueldos le ganen a la inflación".
¿El tope que impuso Massa es un techo a la discusión salarial con los docentes? Ese interrogante resultaría un obstáculo en la relación de Kicillof con los gremios de educadores provinciales. Uno de ellos es Suteba, que conduce el dirigente Roberto Baradel, quien ya anticipó que militará para que el gobernador pueda reelegir en su cargo en 2023.
La resolución de noviembre pasado establece que los jardines de infantes y primarias podrán cobrar, desde marzo, entre 5.200 y 23.000 pesos. Varía de acuerdo al subsidio, que puede ser de entre 40% y 100% del haber de los maestros. En secundaria, el rango es de 5.700 hasta 30.000 pesos. Y las escuelas técnicas o agropecuarias están autorizadas a cobrar hasta 35.000 pesos por mes.
Estos números incluyen el aumento autorizado por Kicillof en noviembre. Medido de punta a punta, los colegios subieron la factura mensual un 89%.
No obstante, en Aiepba aseguran que “hay un atraso de 17 puntos en los aranceles, con respecto al 106% de aumento que se otorgó en 2022 a los salarios docentes. Continuar el atraso queriendo implementar topes mientras que las paritarias siguen su ritmo, significaría poner contra las cuerdas a las escuelas de gestión privada del país”, aclaró Zurita.
Aiepba tiene más de 2.500 establecimientos asociados en la provincia. Los colegios de "arancel libre" podrán incrementar la tarifa sin restricciones. Son aquellos que no reciben ayuda estatal para afrontar el pago de salarios.
La pelea contra el proceso inflacionario encontró un escollo en su inclusión en el mercado de la educación privada. A tres semanas del debut de las clases, el costo de la matrícula queda en un plano indefinido.
Qué pasa en la Ciudad
Ante la misma problemática, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad anticiparon que habrá “un aumento que estará por debajo de lo que impulsa el Gobierno nacional”.
“La Ciudad y las cámaras de colegios privados habían acordado un incremento del 25% para marzo, pero el miércoles pasado llegamos a un nuevo acuerdo. Será 16,80% en marzo, 3.35% en abril, 3.35% en mayo, 3.35% en junio y 4% en julio”, explicaron fuentes de la Ciudad a Clarín.
Respecto a la recepción de las cámaras de colegios privados de la Ciudad, desde el área remarcaron que “no hubo dudas ni quejas” por las continuas reuniones que se venían manteniendo con anticipación.
Por su parte, desde la Confederación de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP) consideraron que “la medida es oportuna”.
“Dado el componente económico, en períodos inflacionarios pasa a ser crítico tanto para la sustentabilidad de las economías familiares, como para el costo en los colegios", dijo Rodolfo De Vincenzi, presidente de la CAIEP, y agregó: "Este acuerdo busca optimizar la redistribución de los traslados de mayores costos a los aranceles en el semestre. Y también sirve para cargar menos marzo, que es un mes donde el resto de la canasta escolar se ve afectada”.
La Plata. Corresponsalía
Colaboró: Candela Toledo
