Ricardo Nissen, titular de la IGJ y ex abogado de Cristina Kirchner, echó a Estefanía Di Bella. Se habían descubrieron irregularidades en la lista de socios de la entidad que dirige Oscar Parrilli.
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y ex abogado de los Kirchner, Ricardo Nissen, despidió a la directora de Entidades Civiles de esa entidad estatal que estaba a cargo de investigar si el Instituto Patria cumple con las normas de transparencia para entidades civiles sin fines de lucro. Se trata de Estefanía Di Bella, una técnica de carrera del organismo que controlaba empresas y entidades sin fines de lucro y que, tras el despido, denunció “persecución ideológica y maltrato laboral”.
En la IGJ, Di Bella había realizado investigaciones que incomodaban al gobierno actual y al sindicato de Camioneros y al Correo Argentino, entre otros.
La semana pasada cuando la directiva se presentó a las oficinas de la IGJ, ubicadas en Paseo Colón 235, la estaban esperando los guardias del edificio para impedir su ingreso a su lugar de trabajo.
Desde que asumió Ricardo Nissen en la Inspección General de Justicia, Di Bella fue trasladada en cinco ocasiones por distintos cargos antes de ser echada del organismo.
Uno de los expedientes internos de la IGJ que manejó es el que más preocupa a Nissen: la investigación sobre los asociados y el financiamiento del Instituto Patria.
Una de las primeras medidas que tomó Nissen retirar al organismo que preside como querellante de la causa judicial por el supuesto lavado de dinero de los Kirchner, a través de Hotesur y los Sauces.
Luego sacó a la IGJ de otra causa que se había iniciado contra las autoridades del Instituto, entre ellos Oscar Parrilli, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
Sin embargo, en términos administrativos, el expediente siguió su curso dentro de ese organismo del Gobierno.
Entre la documentación que mostró Luis Gasulla en el programa de TV La Cornisa aparece el libro de registros de asociados del Instituto Patria que tiene varias modificaciones con Liquid Paper, según se detectó durante una inspección de los técnicos de la IGJ.
A su vez, se encontró documentación deficiente en los bonos de pago que recibe el Instituto Patria de sus asociados que no se identifican sus nombres y apellidos correspondientes.
La apoderada ante la IGJ del Instituto Patria es Alma Marquizo Silva, la actual esposa del delegado sindical del organismo, Luis María Calcagno, persona de confianza de Nissen. Calcagno fue director del organismo y pasó a ser sindicalista.
No es la primera vez que se “blinda” el bunker de Cristina Kirchner. A principios de 2020, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, le negó a la abogada Silvina Martínez el acceso a los papeles del llamado Instituto Patria, la sede central del "cristinismo".
En noviembre de 2020, la IGJ , comandada ya por Nissen, había desistido de un recurso ante la Corte, que había presentado el mismo organismo durante la gestión macrista, para obligar a que el Instituto Patria, como lo hacen todas las entidades sin fines de lucro, informe sobre sus socios y su financiamiento.
Ante el polémico desistimiento de la parte acusadora, la Corte Suprema de Justicia no tenía opción y archivó el caso y ya nunca se le podrá pedir transparencia sobre sus gastos a esa asociación civil.
Durante la campaña electoral del 2019, la Justicia descubrió que un empleado del Patria había encontrado 100 mil dólares en el búnker, pero nunca se compró el origen de esos fondos.
