Lo había dañado la Policía Federal y pudieron abrirlo. Los datos ya los tiene la Justicia. Hay mensajes de Whatsapp, Telegram e Instagram.
Después de un mes desde que se dañó el celular de Fernando Sabag Montiel, se logró acceder a la información del dispositivo que en manos de la Policía Federal había quedado reseteado de fábrica. El informe con los datos que se pudieron recabar del aparato ingresó al juzgado a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y de la fiscalía de Carlos Rívolo que comenzaron a analizar la información recuperada.
Cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recibió por primera vez el celular de Fernando Sabag Montiel, procesado como coautor del homicidio en carácter de tentativa contra Cristina Kirchner, no lograron analizarlo. Estaba dañado.
En esa instancia del expediente judicial que tenía pocas horas en curso después del atentado contra la vicepresidenta, se desató una fuerte discusión sobre el trabajo de la Policía Federal que tuvo a su cargo el primer informe pericial sobre el dispositivo.
Cuando los efectivos conectaron al UFED el dispositivo, el software de origen israelí que se utiliza para acceder a la información de los celulares bajo investigación judicial, no lograron acceder a la información. Ese primer intento ocurrió en el despacho de la jueza Capuchetti.
Aquel viernes de 2 de septiembre por la madrugada, un problema de baja tensión en Comodoro Py obligó a la Policía a buscar otra PC y finalmente conectaron el dispositivo, pero se informó que no se logró acceder al contenido del celular.
En esas condiciones quedó en manos de la PSA que consignó en un informe que el dispositivo electrónico de Sabag Montiel "mostraba en su pantalla la configuración inicial del teléfono (de fábrica)".
La fuerza aeroportuaria el 28 de septiembre pasada inició las tareas periciales ordenadas por el juzgado. El trabajo estuvo a cargo de la Oficina de Criminalística. Se requirió acceder a la información alojada en la "nube" del celular.
En el expediente se analizó información almacenada en la tarjeta memoria del dispositivo, que expuso fotografías y videos de Sabag Montiel con el arma Bersa calibre 32 que gatilló a quince centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.
El trabajo para lograr extraer la información alojada en la “nube” del teléfono, se realizó a través de la colocación de la tarjeta SIM "en un nuevo equipo de comunicaciones de similares características (SM-A505G)", se informó oficialmente.
Según el detalle proporcionado al juzgado, a través de dicho procedimiento se logró obtener la información de tres cuentas de Google. Para avanzar en este trabajo de análisis, se lograron restablecer las contraseñas mediante el equipo de comunicaciones y el abonado telefónico. "Esto permitió recuperar la totalidad de los registros obrantes en estas cuentas (take out)", informó la PSA.
En lo que concierne a la cuenta de WhatsApp, se consignó que no había copias de seguridad en las cuentas de Google que se obtuvieron. Pese a ello, los especialistas de la PSA detallaron que "se descargaron todos los datos existentes en la 'nube' del servidor de la aplicación".
Fuentes judiciales señalaron a Clarín que la información se encuentra bajo análisis por parte de los investigadores para determinar si hay más pruebas sobre el ataque contra Cristina Kirchner que perpetró Sabag Montiel.
Si bien en el celular del joven de 35 años estaban las cuentas de redes sociales, las mismas permanecen suspendidas por Meta. "Por tal motivo, se recomendó a la judicatura arbitrar los medios necesarios para levantar la suspensión y permitir el acceso a la información disponible. Respecto de Facebook, no se han encontrado cuentas vinculadas", se informó.
Fernando Sabag Montiel contaba con una cuenta de Telegram, a la que logró acceder la PSA descargando de la misma la totalidad de los datos obrantes en el servidor.
Junto a su pareja, Brenda Uliarte el joven de origen brasileño se encuentran procesados como coautores de la tentativa de homicidio de la que fue víctima Cristina Kirchner.
La jueza no estableció, hasta ahora, vínculos de los jóvenes procesados con organizaciones políticas, a pesar de los intentos del Gobierno de vincularlos con "Revolución Federal". Tampoco después del levantamiento del secreto bancario, se logró por el momento determinar si hubo fuentes de financiamiento externas para concretar el atentado del 1 de septiembre.
