Unos dicen que no, que no escucharon nada al respecto al menos hasta el fin de semana y que sería una idea descabellada. Pero otros confirman la versión según la cual la Corte Suprema de Justicia habría acordado la semana pasada aliviar la agenda de este año de resoluciones que tengan impacto político.
Aunque tirios y troyanos en el máximo tribunal afirmen que se está trabajando con normalidad, y los ministros mantienen la templanza que todo el país pudo ver por televisión el pasado 1 de abril -cuando el presidente los acusaba de las peores cosas delante de la Asamblea Legislativa-, todos ellos están bajo un proceso administrativo de juicio político, impulsado y recreado cada semana por el oficialismo en la Comisión de Juicio Político de Diputados.
Ese ataque frontal a uno de los poderes del Estado por su tarea -los acusados son los cuatro ministros del tribunal, por sus votos en tres causas en las que debieron intervenir- tendrá este martes un nuevo capítulo, con la declaración entre otros, del secretario más cercano a Carlos Rosenkrantz, Federico Morgenstern.
La presión del gobierno logró diluir las diferencias -algunas políticas, otras personales; algunas pequeñas, otras profundas- entre Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Desde fines del año pasado todos ellos se mostraron unidos, incluso votando por unanimidad resoluciones complejas que tal vez en otro momento habrían revelado la distancia entre los tres primeros y Lorenzetti.
Pero en los últimos días esa aparente hermandad de D'Artagnan y sus tres mosqueteros habría tenido una primera fisura importante, aunque todos los involucrados pretendan manejarla con sordina.
Es que en la última reunión de Acuerdo de ministros se habría discutido la supuesta conveniencia de no tratar -ni menos resolver- casos que tengan impacto político al menos hasta después de las elecciones. En castellano: causas por corrupción o reclamos de provincias contra la Nación, por ejemplo.
La información, publicada por La Nación, fue relativizada a Clarín por tres fuentes de trato diario con los integrantes de la Corte: "no me consta. Me habría enterado", respondieron dos de ellas. "Conmigo no habló nadie, pero si fuera así me parecería mal", contestó el tercero, dejando la primera luz de duda.
Sin embargo, otra voz de acceso franco a las reuniones de la Corte admitió ante este diario que la sugerencia de posponer los temas más calientes hasta el año que viene existió, y que no todos los ministros estaban de acuerdo con ella.
"Se pidió a las vocalías y secretarías una lista de casos que estarían cerca de la definición, ya sea porque están terminando la circulación por los distintos despachos o porque las oficinas técnicas brindaron su dictamen", explicó ese funcionario apelando a un lenguaje coloquial que no sería admitido entre sus colegas.
"La sugerencia en la reunión fue que la Corte se dedique este año a cuestiones que no molesten a la política para no revolver más aguas que ya vienen muy agitadas", redondeó.
Verdadero o no -con una amplia gama de grises en los que suelen transitar los magistrados ante cuestiones calientes- el planteo difícilmente sea reconocido por los ministros del máximo tribunal.
Y es lógico, porque implicaría admitir el peor de los anatemas para el Poder Judicial: que la política maneja los tiempos de los fallos.
A los escritorios del cuarto piso del palacio de Tribunales llegarán reclamos como la pendiente cuestión de fondo en la pelea por la coparticipación porteña, deudas previsionales de la Nación con las provincias o el análisis de incidentes en casos por corrupción.
Si bien tal como el presidente del máximo tribunal reflexionó en televisión respecto del cuidado extremo que él y sus compañeros deben tener ante expedientes con impacto político para no caer en la tentación del "revanchismo" frente a un gobierno que los atosiga, la renuncia a decidir sobre casos que naturalmente estarían listos para hacerlo sería otra forma de la defección igualmente nociva para las instituciones.
Con una resignación alarmante, los políticos y gran parte de la opinión pública ya naturalizaron que en los años electorales el Congreso casi no se mueve, porque no se aprueban leyes ni se logran acuerdos entre adversarios políticos. Si esa misma lógica se contagiara a la Justicia, otro de los tres poderes pasaría a modo latente la mitad del tiempo. Inexcusable.
Como recordó una de las fuentes consultadas, la organización de la agenda y los expedientes que serán llevados a la reunión de acuerdos es una de las pocas prerrogativas que le quedó al titular de la Corte, hoy Horacio Rosatti.
Mientras los teatrales prolegómenos de un juicio político que nunca llegará a realizarse por la falta de votos necesarios continúa en Diputados, la prudencia y ecuanimidad de los miembros de la Corte está siendo sometida a tensiones extremas. Cuyos resultados pueden ser cambiantes.
