El abogado defensor de la vicepresidenta comienza a cerrar los alegatos en la causa "Vialidad". A partir de las 11, será el turno de la ex jefa de Estado.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizará este viernes la última etapa de sus alegatos en el marco de la defensa en la causa "Vialidad". Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena en su contra de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. La propia referente del Frente de Todos (FDT) hará uso de la palabra ante el tribunal hoy.
A partir de las 9.30, el defensor de la ex jefa de Estado, Alberto Beraldi, comenzó a darle cierre a su argumentación, que había desarrollado durante el lunes y el martes.
"Fuimos evaluando uno por uno los argumentos (de la acusación), cotejando lo que sostiene la Fiscalía y lo que la prueba de este juicio reporta. Es imposible que los proyectos de Presupuesto fuesen elaborados de manera arbitraria por los ex presidentes, dado que se trata de un proyecto de ley de extraordinaria complejidad, que tiene controles legales cruzados", sostuvo Beraldi.
Además, sostuvo que ambas cámaras del Congreso "habían llevado a acabo una discusión seria y coherente de lo que se denomina 'ley de leyes'". "La hipótesis de un amedrentamiento o coacción hacia los legisladores para votar también fue una fantasía; incluso los legisladores de la oposición advirtieron que eso jamás había ocurrido", añadió.
Luego, se refirió al supuesto "plan limpiar todo" expuesto por la Fiscalía, y que -según la hipótesis oficial- consistió en no dejar rastros de las irregularidades cuando se produjo el cambio de Gobierno nacional, en 2015. "Es un invento", describió Beraldi. Y afirmó que, a su criterio, la defensa probó que Cristina Kirchner no llevaron adelante las reuniones con Báez que habían relatado Luciani y Mola en sus alegatos.
Las claves de la causa "Vialidad"
Cristina Kirchner es sindicada como supuesta jefa de una asociación ilícita dedicada a beneficiar al empresario Lázaro Báez con la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz, durante la década kirchnerista.
También están imputados el propio Báez, ex funcionarios clave de la gestión "k", como Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal) y el tucumano José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo).
La investigación comenzó en 2016, a partir de la denuncia del ex titular de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel. Los acusadores sostienen que hubo sobreprecios en la adjudicación de obras viales, además de trabajos subejecutados y abandonados.
Según Luciani y Mola, durante el kirchnerismo se llevó adelante una "matriz de corrupción" que, mediante estas maniobras, generó un perjuicio estimado de 1.000 millones de dólares al erario.
