Los empresarios señalan que algunos sectores se verán afectados, pero reconocen que otros serán beneficiados.
Concluida la breve primavera abierta por el "dólar soja", el Gobierno avanzó de inmediato en su plan para "cuidar" las divisas. En las últimas horas, amplió la lista de bienes importados que deberán ser autorizados y lanzó un "veraz" para tener un seguimiento sistematizado del comercio exterior. Las medidas, que son la antesala del nuevo esquema de importaciones que se pondría en marcha este jueves, fueron recibidas con incertidumbre en la industria.
Las principales cámaras del sector, como la UIA, mantuvieron silencio durante la jornada, a la espera de que sus equipos técnicos elaboren un informe de la Resolución 26. Dicha normativa incorporó 2.745 productos a las licencias no automáticas de importación, por lo que desde este miércoles unas 4.600 de un total de 10.000 posiciones arancelarias van a requerir el visto bueno de la secretaría de Comercio, encabezada por Matías Tombolini.
Tal como había anticipado el Gobierno, los controles recayeron sobre bienes finales o suntuarios como palos de golf, esquíes, hidrolavadoras o encendedores. Pero también incluyeron buena cantidad de insumos, herramientas y máquinas industriales. "Hasta mañana que no nos juntemos con las cámaras socias, no nos parece prudente salir", señalaron en la central fabril, donde reconocieron que los cambios implicarán "más trámites".
Hay dudas, por ejemplo, sobre aquellos bienes que pueden ser utilizados para diferentes fines dependiendo el sector. Un miembro de la UIA se mostró perplejo sobre los envases de pintura, un producto que puede ser final para quienes lo fabrican, pero también puede ser un insumo o un bien intermedio para los empresas que los requieren en su producción para llenarlos con pintura. Lo mismo con el packaging o los plásticos.
Por lo pronto, Sergio Massa parece haber escuchado a Cristina Kirchner cuando en junio denunció un "festival de importaciones". Desde entonces, el Gobierno restringió aún más el cerco. Primero, el Banco Central con la extensión de los pagos a 180 días para todas las importaciones, una medida que impulsó Martín Guzmán para cumplir la meta de reservas con el FMI. Y, ahora, en vísperas de un diciembre desafiante, el ministro de Economía le dio otra vuelta de tuerca.
En su equipo, reconocen que el nuevo torniquete fue conversado con diferentes cámaras y que, incluso, concitó respaldo. En la industria metalúrgica, por caso, la medida representa una suerte de protección frente a la competencia de máquinas herramientas extranjeras. "Hay una gran cantidad de posiciones que corresponden a productos fabricados localmente, por lo tanto nos beneficia", señalaron fuentes de ADIMRA.
Por otra parte, los fabricantes de bienes de capital complejos del sector petrolero, que necesitan importar partes, tendrían habilitada una vía para resolver estos casos ante el área de Tombolini, que responde directamente a Massa. Pero las empresas metalúrgicas saben que algunas posiciones corresponden a insumos necesarios para fabricar en el sector y, en ese caso, "los afecta". La incógnita es cuál será su efecto sobre la actividad.
La resolución también sumaría restricciones en bienes para la construcción (calderas para calefacción central, topadoras, niveladoras, excavadoras, grúas), la industria textil e indumentaria (hilados y tejidos), la industria naviera (motores y calderas para barcos), la automotriz (turbinas o motores para autos) y la industria en general (bombas, compresores, tornos, básculas). En la mayoría de los sectores consultados, sin embargo, descartaron algún impacto.
El Gobierno decidió avanzar sobre las compras externas con el diagnóstico de que la brecha cambiaria incentivó la sobrefacturación de compras externas y las cautelares judiciales por parte de unos "vivos". Según fuentes del comercio exterior, las importaciones bajo licencia no automática representan US$ 17.000 millones, casi el 30% del total de operaciones por US$ 64.000 millones en los primeros nueve meses del año. En 2021, eran el 12%.
