Los poderes judiciales de LATAM, se caracterizan por tener procedimientos generalmente lentos, lo que suele provocar efectos disvaliosos en la sociedad. Tanto los funcionarios, como los fiscales y magistrados cuentan con una excesiva carga de trabajo, pero aún así bregan por el acceso a la justicia de los que menos posibilidades tienen.
Existe una gama de conceptualizaciones acerca de qué se entiende por Inteligencia Artificial (IA), en parte debido a los diferentes roles que se le asigna. Me inclino por el de la Universidad de Stanford: “La inteligencia artificial (IA) es una ciencia y un conjunto de tecnologías computacionales que se inspiran en las formas en que las personas las usan, pero generalmente funcionan de manera bastante diferente sus sistemas nerviosos y cuerpos para sentir, aprender, razonar y actuar. Si bien la tasa de progreso en la IA ha sido irregular e impredecible, ha habido importantes avances desde el inicio del campo hace sesenta años¨.
Los sistemas automatizados con este desarrollo, deben ser cuidadosamente verificados y controlados tanto desde su creación, en la carga de datos en base a una gestión de conocimientos para su correcta gobernanza, como en el despliegue de su actividad y posterior actuación con el fin de un mejor servicio de justicia.
El uso de sistemas seguros y eficaces debe ser el principio rector para la actuación de estas tecnologías, dentro de una base ética en concordancia con los derechos humanos. Tanto más si tenemos en cuenta que la IA no es una simple herramienta o una más dentro del ecosistema 4.0, sino que concurre a actuar en base a patrones de información, como decisor de acciones al realizar predicciones, para resolver problemas de distintas disciplinas. Es éste el núcleo focal para desentrañar el lugar y la finalidad que le queremos otorgar.
Lo antedicho implica para el derecho un encuadre de uso apropiado tanto para las predicciones realizadas por algoritmos, que deben ser de caja blanca, en base a principios de transparencia, explicabilidad o trazabilidad, no discriminación, y máximo acceso; como también para los aportes que puede brindar en aras de agilizar la gran cantidad de acciones judiciales existentes, a fin de otorgar un servicio de justicia ágil, de calidad, oportuno.
La incipiencia digital nos hizo creer que era una gran solución para los operadores del derecho como así también la destacable modificación de los códigos procesales recientes; pero no estamos aprovechando la convergencia de tecnologías que, si son estratégicas, nos permitirían un procesamiento de datos e información de una manera exponencial y, de este modo, nos allanarían el camino hacia una burocracia inteligente. Si echamos mano de estas herramientas podremos dejar al juez y a los trabajadores de la justicia un camino para la creatividad, que cuente con toda la información otorgada por los medios tecnológicos y promueva una mejor toma de decisiones en base a predicciones eficientes.
