También a los funcionarios de la Agencia de Bienes del Estado que cedieron un terreno inmenso en El Marquesado, al sur de la ciudad balnearia.
Al menos allí, frente al la tranquera del campo "La Fundación" en su inmejorable ubicación de cara al mar, este lunes la tensión ha cedido. Después de un fin de semana caliente, con cruces entre los vecinos y los militantes de la organización que lidera Juan Grabois, la disputa por la toma comienza a darse en los tribunales federales. El intendente presentó una querella criminal contra los involucrados y pidió la inmediata restitución de la propiedad.
"Con asombro se advierte que asistimos a un sinfín de conductas típicas, casi un relato delictual de de la saga “Elige tu Propia Aventura”: incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y usurpación. Pase y elija su propio delito para beneficiar a "sus amigos" y atentar contra un distrito de un signo político contrario al suyo no dejara conducta sin tipificar", expresó en el escrito al que tuco acceso Clarín y que el intendente Guillermo Montenegro presentó por tarde en la Justicia Federal porteña.
Montenegro inició acciones contra Eduardo Alfonso Albanese, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que cedió el campo de 140 hectáreas lindero al barrio El Marquesado a la Asociación Civil Tercer Tiempo Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria, y también al presidente de esta organización, Marcos Leonardo Joel Santucho.
La querella alcanza también a Osmar Eliseo Núñez, uno de los militantes que quedó en el campo y a una funcionaria pública que el sábado junto a a unos cincuenta militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) -vinculado al dirigente Juan Grabois- echaron al hombre que trabajaba allí como cuidador y se metieron en el predio.
Se trata de la abogada Gabriela Carpineti, directora nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, que se presentó como abogada de la asociación civil Tercer Tiempo.
El intendente sostiene que la disposición de la tierra "se basa en la mera voluntad de Albanese de entregar un inmenso inmueble a una asociación vinculada a los 'amigos del poder'", señala que la persona jurídica de Tercer Tiempo "desde su inscripción en los organismos de control solo registra una observación al cierre de sus estados contables", y concluye que se trata de una entidad "de dudosa existencia regular".
Los militantes del MTE llegaron al campo del kilómetro 550 de la ruta interbalnearia, a poco más de 30 kilómetros al sur de Mar del Plata y unos 10 antes de llegar a Miramar, provistos de un documento de cesión rubricado el 16 de febrero por la AABE, en el que les otorga casi un millón cuatrocientos mil metros cuadrados, ese enorme campo frente a la playa.
Aunque los vecinos estaban advertidos del proyecto que pretenden desarrollar allí, que según denuncian va más allá de huertas ecológicas por lo que temen por "la conurbanización" de la zona, y lo habían advertido al municipio, en la mañana del sábado se encontraron con que los militantes habían llegado, y no con los mejores modales.
En una entrevista que dio a LU6 Radio Atlántica, Luis Boni, de 67 años, quien cuidaba el campo desde 2010, contó que el sábado: "me echaron en malos términos, se metieron 70 personas en el campo y me dijeron que tenía tres horas para irme. Eran del MTE. Me tuve que ir con una mochila y mi documento, mis mascotas quedaron ahí".
Explicó que le dijeron que necesitaban la casa porque "iba a ocuparla otra persona. La gente se quedó ahí y decía que si tenía que correr sangre, iba a pasar eso". Asustado, contó lo mismo a la Policía. Dijo que hasta este sábado en el lugar "nunca había pasado nada".
Por eso Montenegro dice que la AABE recurrió a "fundamentos falaces e inexistentes", ya que se pretende que una asociación civil de objeto humanitario y recreativo lleve adelante una supuesta 'custodia' de un inmueble que nunca corrió peligro de ser intrusado".
"La decisión arbitraria e infundada de acordar la entrega de un inmueble en custodia mediante un mecanismo excepcional que busca eludir los procedimientos administrativos ordinarios, permite subsumir prima facie los hechos como constitutivos de los delitos previstos en los arts. 248 y 249 del Código Penal", indica la denuncia. Tales delitos establecen penas de prisión de un mes a dos años e inhabilitación.
Además de promover la querella criminal contra los funcionarios y los referentes del MTE, el intendente marplatense pidió "la inmediata restitución" del campo, puesto que "se torna aplicable el desalojo de quienes se encuentran instalados allí en la típica conducta de usurpación".
