El juez federal Julián Ercolini citó a prestar declaración indagatoria a exfuncionarios de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) en un tramo de la causa por supuestos delitos con la obra pública en esa provincia entre 2003 y 2015 aún bajo investigación.
Se trata de 16 indagatorias a ex integrantes de la AGVP y otras dos a exempleados jerárquicos que trabajaban para el ya condenado Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales.
En esta parte del caso están imputados los exgobernadores de Santa Cruz en el período investigado, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, pero no fueron incluidos en esta primera tanda de citaciones a indagatoria que se extenderá desde julio próximo hasta fines de octubre.
Entre los citados exfuncionarios de la AGVP están Victor Paniagua, Daniel Gerarldi, Miguel Salazar y Roberto Lillo.
También se convocó a Miguel Díaz, Orlando Taboada, Claudia Oliva, Alba Cabrera y Elio González, entre otros.
En tanto, los empresarios convocados son Juan Carlos Pistán, gerente comercial de Austral Construcciones y el ingeniero Manuel Parras.
Pistán fue responsable de 34 obras que Austral Construcciones desarrollaba de manera simultánea en la provincia y Parras de otras 9 adjudicadas a "Kank y Costilla", empresa adquirida por el grupo Báez.
La llamada causa Vialidad se fragmentó en tres partes, la primera de las cuales ya tuvo juicio oral y resultó condenada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por supuesta administración fraudulenta, al igual que el empresario Báez, dueño de "Austral Construcciones", entre otros juzgados.
Este veredicto del Tribunal Oral Federal 2 se encuentra apelado ante la Cámara Federal de Casación y no está firme.
Un segundo tramo del caso con procesamientos a funcionarios considerados de segunda línea jerárquica y a otros empresarios como el hijo de Báez, Martín Báez, ya fue enviado a juicio ante el mismo TOF2.
Este Tribunal absolvió en el primer juicio a los 13 acusados por el delito de asociación ilícita y emitió condenas por administración fraudulenta.
El tercer tramo de la investigación referido al rol de funcionarios y empresarios de Santa Cruz en el marco del supuesto direccionamiento de la obra pública nacional a favor de las empresas del grupo Báez sigue abierto en el juzgado de Ercolini, quien ahora ordenó las indagatorias.
