El concurso de acreedores de Vicentin podría volver a activarse luego de tres meses en los que estuvo prácticamente paralizado y ahora más de 1.000 afectados quedaron más cerca de empezar a cobrar, en principio 30.000 dólares cada uno en los próximos meses.
El cambio de situación tiene que ver con lo dictaminado por el Procurador de la Corte de Santa Fe, Jorge Barraguirre, quien consideró que “la gravedad institucional no ha sido demostrada”. Aludió así al avocamiento dispuesto por el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, después ratificado por la Corte en general, que suspendió los plazos procesales y frenó la homologación de los acuerdos para efectivizar la oferta de pago que la agropexportadora presentó en el concurso.
En junio, Gutiérrez, le quitó el expediente al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, días antes de que concluyera el proceso concursal que tenía a cargo, en cuyo marco se reunieron los avales legales de aceptación a la propuesta de Vicentin, que ofreció pagar su deuda de US$ 1.573 millones.
Para argumentar su rechazo al avocamiento, en su dictamen de 52 páginas, el Procurador afirmó que “la pretensión en los términos en los que fue formulada, resulta asimilable al supuesto de per saltum no existente en nuestra provincia”. Y en función de ello, recomendó la devolución de la causa a Lorenzini.
En ese sentido, en una entrevista con radio LT9 de Santa Fe, posterior a su dictamen, el Procurador dijo que rechazó “que la Corte asuma una competencia que no le corresponde”.
Barraguirre no hizo cuestionamientos de fondo respecto del accionar del juez de primera instancia, pero aunque su fallo no es vinculante, sugirió “una serie de medidas para hacer más transparente el concurso, con mayor resguardo, y una mayor mirada para el acuerdo de la empresa con sus acreedores”.
Puntualmente, pidió que la Comisión Legislativa de Seguimiento del Caso Vicentin sea incorporada a la causa con la figura de ‘amicus curiae’ (amigos del tribunal). Evaluó que “está haciendo un trabajo adecuado, poniendo bajo la luz determinados aspectos de esta causa que deben ser tenidos en cuenta”.
Advirtió que “tal como está formulada la propuesta de pago, podría implicar la violación del principio de igualdad de trato, en tanto un sinnúmero de acreedores parecerían obtener 100% de su acreencia mientras que otros obtendrían un porcentaje notoriamente inferior”.
El acuerdo fue aceptado por los dos tipos de mayoría de los acreedores que plantea la ley de Concursos y Quiebras (LCQ). A principios de este año, Vicentin reunió el aval de más de la mitad de las cápitas (cantidad de acreedores individuales), más de 1.000, y luego, en junio, de los tenedores de dos tercios del capital adeudado, un grupo en el que fueron determinantes los bancos internacionales.
Pero un grupo minoritario de acreedores, entre los que se destaca la corredora Grassi que pidió el avocamiento, rechazó el ofrecimiento de pago por “abusivo e ilegal”, con el argumento de que “para quienes tienen un mayor monto de créditos la propuesta implica la cancelación de solo un 20%” y por tanto recibírían una proporción menor que los acreedores de menor escala que en muchas casos recuperarían prácticamente el total de sus acreencias.
En ese sentido, este segmento de acreedores reclaman que la Justicia no homologue los acuerdos alcanzados y piden que se vaya a un “cramdown” (salvataje sin participación de Vicentin), que permitiría que acreedores u otro actor externo puedan tomar el control de la compañía, como última instancia antes de una quiebra.
Desde Vicentin sostienen que su propuesta “es legítima y cumple con todos los parámetros de la ley”, además de que cuenta con el respaldo de la mayoría de los acreedores. Asimismo, sostienen que para un “cramdown” se necesita “conseguir mayorías, si no va a quiebra”.
A su vez, Barraguirre tuvo en consideración que en la justicia penal se establecieron dos medidas cautelares sobre el caso, pero consideró que “no puede haber un acuerdo con los acreedores condicionado por lo que establezca la justicia penal", sino que "tiene que haber un acuerdo autónomo de las cuestiones vinculadas a la causa penal" debido a que "corren por carriles distintos”.
Apoyo local e internacional a la propuesta de pago
En tanto, el freno al concurso fue cuestionado por representantes de bancos internacionales que aceptaron la propuesta de pago y semanas atrás pidieron la “reanudación inmediata” del concurso de primera instancia.
Los representantes del International Finance Corporation (IFC) y del Nederlndse Financerings (FMO) afirmaron que “la paralización en que se encuentra sumido el trámite solamente puede acarrear a los acreedores un perjuicio mayor”.
Advirtieron que “el contexto económico general no es favorable”, por tanto “la paralización del concurso agrega un elemento adicional de fuerte incertidumbre que no favorecerá la caja de Vicentin, ni –por ende– la expectativa de recupero de ninguno de sus acreedores”. Y pone en “peligro cierto” la continuidad operativa de la empresa y sus empleados, “si no se pueden negociar en el corto plazo los contratos de fazón que hacen a su supervivencia directa”, y perderán vigencia en los próximos meses.
Los dos representantes de este sector de acreedores al que se le ofreció cobrar si aceptaban una quita del 70% de la deuda certificada, destacan que “dicha propuesta ha alcanzado ya las mayorías de ley y se encuentra pendiente de tramitarse y resolverse”.
Reclamos similares efectuaron las cámaras empresariales de Avellaneda, Reconquista y San Lorenzo, las ciudades santafesinas en las que la operatoria de Vicentin ha tenido mayor impacto. Pidieron públicamente “que se resuelva el concurso, para que los acreedores reciban el dinero prometido, se mantengan los más de 1.000 empleos directos y se recupere la dinámica comercial en la región”.
