PASO: reclamo en la Corte
La oposición irá esta semana a la Corte Suprema con un pedido de declaración de certeza que asegure el control de la transparencia de las internas partidarias por parte del Estado, con PASO o sin PASO. La declaración, que irá con la firma de Elisa Carrió –cuyos asesores preparan en estas horas los argumentos– planteará la vigencia del derecho subjetivo de los partidos políticos, que surge de la Constitución, de que el Estado asegure las “acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral” y “el sostenimiento económico de sus actividades” (arts. 37 y 38).
Esto implica que, con PASO o sin PASO, el Estado debe asegurar la transparencia y financiar los gastos de impresión de boletas y de campañas. El gesto responde de la admisión por parte del Gobierno de la posibilidad de que se eliminen las PASO; o que se las retoque para que, por ejemplo, los partidos con lista única queden eximidos de la competencia en primarias. El objetivo es que la justicia establezca reglas que, aun sin PASO, no hundan a las primarias en el túnel del tiempo, e impidan que los partidos hagan de las internas una guerra sucia de poderosos contra débiles.
Las batallas de 2023: gastos en villas y Covid
Esta batalla se suma a otras que lanza la oposición con 2023 en la mira. Una es el reclamo de una revisión a fondo del gasto del Gobierno para enfrentar la peste Covid entre 2020 y 2021. Otra es por la auditoría de la ejecución de los proyectos incluidos en la Ley de villas. Esta semana el bloque de Juntos por el Cambio reclamará en las dos cámaras del Congreso que la Auditoría General de la Nación acelere el examen del gasto de esos rubros.
La queja va dirigida a la bancada oficialista de la AGN que, según la oposición, tiene un sospechoso atraso en la revisión de las partidas destinadas a enfrentar la peste que paralizó al país, al amparo de las normas de emergencia. También al poder Ejecutivo, que ha demorado la implementación de la ley 27.473 que habilitó un revolucionario plan de expropiación de tierras en más de 5.500 “barrios populares” relevados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) para entregárselas a los ocupantes precarios registrados hasta 2018, fecha de sanción de la ley.
La AGN depende del Congreso, la administra un colegio de auditores con mayoría del peronismo, pero la preside un auditor por la oposición, Jesús Rodríguez. Si el peronismo bloquea o demora algunos de los proyectos, se atrasa la aprobación del gasto por el Congreso a través de la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas.
Lilita: la ley de villas es nuestra
Son dos batallas por el control del gasto público, pero con diferencias en el método. La oposición pone el objetivo en el gasto Covid porque cree que es un ejemplo de mala administración. En el caso de la Ley de villas está dispuesto a sostener su vigencia, porque esa norma fue fruto de un acuerdo político poco frecuente en la Argentina de la intransigencia, entre el peronismo y Cambiemos bajo la presidencia Macri.
Tuvo un acuerdo tan amplio que incluyó a las organizaciones sociales y a la Iglesia. Por esa razón la norma tuvo un apoyo casi unánime en las dos cámaras del Congreso. Este ánimo de sostener el proyecto lo ratificó el Gobierno en la sesión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el miércoles pasado. La oposición confirmó ese espíritu en la conferencia virtual de los referentes de los partidos de la coalición opositora, a la que convocaron los jefes de bloque para el sábado a la mañana. El mismo criterio me lo confirmó este domingo Elisa Carrió en Mar del Plata, donde parlamentó, entre otros, con Maxi Abad, presidente de la UCR de Buenos Aires, que es la provincia con más barrios populares: “Esta ley es nuestra, seguimos apoyando la Ley de villas”.
La oposición quiere abrir otra ley-paquete
De esa reunión virtual el único cacique presente fue Mario Negri (firmante del proyecto original junto a Elisa Carrió y Nicolás Massot). Participaron, además, Silvia Lospennato (PRO), ponente de la iniciativa en el último plenario de comisiones; Fabio Quetglas, ponente por la UCR; María Migliore, encargada en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de las relaciones con las organizaciones sociales y de la economía popular; Mariana Stilman, lunga manu de Carrió para operaciones delicadas; y el economista Sebastián Welisiejko, que fue Secretario de Integración Socio Urbana de Carolina Stanley en el anterior gobierno, y que articuló la tarea en nombre de Mario Quintana, inspirador de la Ley de villas junto a Juan Grabois y Fabián Rodríguez Simón.
Welisiejko experto "brifeó", junto a Quetglas, al conjunto para recrearles el contexto en que fue acordada esa ley. Bajarse ahora sería regalar uno de los proyectos más valiosos del gobierno de Juntos por el Cambio. Una cuestión que piden discutir es el avance en la ejecución. En 2020 no se hizo casi nada. En 2021 - año electoral -observan una apurada corrección en el último trimestre, por presión del propio oficialismo, no de la oposición. La conferencia, que juntó a más de 50 legisladores y expertos de la oposición y de las fundaciones de los cuatro partidos), armó un plan de trabajo para llevarle al oficialismo, que propone un desdoblamiento del proyecto de prórroga de la Ley de villas, para que se discuta en dos tiempos.
La prórroga del plazo de suspensión de desalojos por 4 años obliga a la urgencia, y la oposición cree que es el segmento para aprobar sin demoras. La ley original preveía 4 años, por moción de Macri, que en 2018 se oponía a que fuera de 10 años. Ahora es prudente, creen en la oposición, que se extienda para no precipitar tensión en los barrios y frenar la conflictividad social.
Buscan que se coparticipe un fondo de $ 79.000 millones
Para el resto de la ley propondrán un debate que incluya la posibilidad de que los fondos que se juntan para esa ley en el FISU – Fondo de Integración Socio Urbana, que tiene ya $ 79.000 millones – sea coparticipado con las provincias. Hoy ese gasto está en manos de la Nación. El reparto con las provincias busca sacarlos de la zona gris de la discrecionalidad, y aprovechar la capacidad de los distritos para ejecutar obras, que la Nación tiene de manera limitada.
También busca interceptar las críticas de los administradores territoriales –de gobernadores a intendentes –a un programa que los ignora. Desde 2018 han sido críticos del sistema. Temen, además, que el programa alimente los proyectos políticos. El fortalecimiento de las organizaciones con este y otros programas les ha permitido organizase por afuera de los partidos tradicionales, a los que les disputan poder en las elecciones locales.
Ocurre en varias provincias de distinto signo, como Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, Santiago del Estero. Los mandatarios de esos distritos quieren prevenirse de que les aparezcan nuevos adversarios. De ese encuentro virtual salió un pedido a todos los gobernadores e intendentes de la oposición para que le informen a la mesa nacional sobre la aplicación de la ley, para recibir observaciones al listado de 5.687 barrios en todo el país.
¿Hubo un disfraz para el “plan Platita”?
En punto a la auditoría, el reproche es a la ejecución del gasto desde que funciona el FISU en manos del Gobierno Nacional. Los funcionarios a cargo han informado que se ha ejecutado un alto porcentaje de los $ 79.000 millones, y que de ese gasto se ha dedicado casi un 75% al plan Mi Pieza, que entrega subsidios a refacciones de casas en barrios populares.
Ese no fue, según la oposición, el objetivo de la ley, que es la regularización de la tenencia de tierra en barrios, y la relocalización donde fuera necesario. Para estos objetivos hace falta una capacidad de ejecución que le niegan al Gobierno (en ese terreno y en todos los demás de la administración).
El programa Mi Pieza se creó un mes antes de las elecciones. Fue un aporte al mejoramiento habitacional a mujeres de Barrios del registro. Una ayuda, pero no un cambio a la realidad estructural que persigue corregir la ley. Era plata dulce acumulada por tres años de subejecución por el goteo de las leyes de impuesto a los superricos y el impuesto PAIS, que es parte del cepo cambiario. Sospechan que el plan Mi fue el disfraz del Plan Platita. Este será el centro del reclamo que hará esta semana ante la Comisión Revisora de Cuentas, de la que depende la AGN.
Las cuentas pendientes conservan la amistad
La denuncia sobre los gastos Covid ha sido elaborada por diputados y senadores del bloque de JxC que se reunieron el martes pasado con los auditores que los representan, Jesús Rodríguez, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva. Entre estos legisladores están Mario Negri y Álvaro González con roles de responsabilidad en los bloques de la UCR y el PRO.
Las bancadas suelen confiar la Bicameral a legisladores con poder político, porque deben asegurar que el Congreso apruebe la llamada cuenta de inversión anual de cada presidente. No es común que esa cuenta sea reprobada, pero suele demorarse al ritmo de las relaciones con la oposición. A esta altura del año el Congreso todavía no ha aprobado la cuenta de inversión de la presidencia Macri en los años 2018 y 2019.
La primera se espera para los próximos meses y anuncia, como admitió un auditor, un poco de “rock and roll”. La ejecución del 2018 contiene el acuerdo con el FMI que, según el Gobierno, se cerró de manera irregular. Al punto que un sector del cristinismo denunció por delitos presuntos al ex presidente y a los miembros del FMI que aprobaron el acuerdo de 2018. El oficialismo de Olivos retiró esas denuncias de los papeles que mandó al Congreso cuando pidió la aprobación del acuerdo que negoció Martín Guzmán y que ratificó Sergio Massa. Fue para tener la aprobación de la oposición.
Kristalina y transparente
Quedarán pendientes las cuentas de inversión de Macri para 2019, y la de los dos primeros años de la presidencia de Alberto Fernández. La de 2020 y 2021 contienen los gastos de la peste Covid: por el avance de esta revisión presiona la oposición. Las emergencias –como sucede con el alcohol y ciertas sustancias prohibidas- suelen bajar los frenos inhibitorios en los responsables del gasto.
Ocurre en las guerras o en los estados de excepción que suelen declarar los gobiernos de facto. Se vuelven en contra cuando el contexto que los justificó se ha disipado y vienen otros a examinar las cuentas. Kristalina Georgieva acuñó una advertencia que deberían atender todos los responsables del gasto con plata ajena, cuando la peste estaba en su clímax: “Spend as much as possible, but keep the receipts.” (“Gasten tanto como sea posible, pero guarden los recibos.”).
La auditoría sobre el gasto local probará si los funcionarios argentinos han absorbido algo de las enseñanzas de esta buena amiga que hasta ahora es Kristalina. Amiga en realidad de todos, porque los negociadores del acuerdo con Guzmán agotaron horas de conversaciones no sólo con sus pares del oficialismo.
También dedicaron su tiempo a escuchar a economistas de la oposición. De esas charlas puede haber surgido uno de los compromisos que aceptó Guzmán al cerrar el acuerdo: antes de junio de 2023 la Argentina deberá acercarle los recibos del gasto Covid, si es que se cuidó de conservarlos según la indicación de Kristalina.
Ese condicionamiento es uno de los tantos a los que se comprometió Guzmán, pero que deberá cumplir Massa. La última de las "Acciones previas, parámetros de referencia estructurales y medidas propuestas en el marco del SAF", del Cuadro 2 del acuerdo, dice: "Publicar la auditoría externa ex-post sobre gasto relacionado con la Covid-19 durante por lo menos de 2020 a Junio 2023". Como si le hubieran indicado “ojo con esta gente”.
Kicillof, y las lecciones de Ikonicoff
El gesto de la oposición en el Congreso Nacional tiene una réplica en la provincia de Buenos Aires. Allí el presidente del bloque de senadores de Juntos, Cristian Gribaudo, presentó un reclamo parecido para que Axel Kicillof informe sobre la ejecución del gasto en lo que va del año.
El actual presupuesto es el resultado de una negociación con la oposición que implica un compromiso de transparencia, con información en detalle de cómo se ejecuta el Presupuesto dentro del ejercicio 2022. Esta negociación tuvo un costo político, porque fueron prendas de cambio de la aprobación de la ley que permite la reelección de 94 intendentes a un tercer mandato, y del loteo de cargos en organismos de la provincia. No se hizo un favor a sí mismo Kicillof cuando admitió: “Lo digo sin ningún prurito: hacemos obras no rentables, no tenemos la calculadora ni analizamos un balance”.
En los dos primeros años de gobierno -período penitencial de aprendizaje de todo gobernante– debió quitarse el ropaje de impunidad que adquiere todo funcionario. El legendario Moisés Ikonicoff, que se fue, pero aún nos guía, decía que hay tres pecados en el funcionario incauto: 1) creer que va a estar toda la vida en el cargo; 2) que puede cumplir sueños infantiles (Kicillof - como Don Fulgencio, guglear – preside actos policiales en remera, desconociendo que los uniformados sólo respetan a uniformados); y 3) que será impune por sus actos. Mejor que guarde los recibos.
