Este jueves sesionó la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para repasar los argumentos de los diputados oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados sobre los que se fundan los diferentes pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.
La sesión fue la antesala de la reunión clave que se llevará a cabo el jueves 9 de febrero para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad de la investigación, instancia previa a la apertura del sumario para la producción de la prueba contra los magistrados.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, adelantó al término de la reunión que pese a que las acusaciones son diferentes y no todas involucran a los mismos integrantes del máximo tribunal, la declaración de admisibilidad se realizará mediante una única votación por mayoría simple, lo cual motivó el rechazo del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien reclamó una modalidad de votación que permita distinguir las distintas acusaciones, teniendo en cuenta que su espacio tiene la intención de votar a favor de la admisibilidad del pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, pero no el resto de las acusaciones contra el tribunal.
Expositores
La lista de expositores fue abierta por la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, quien aseguró que el pedido de juico político contra Lorenzetti pertenece a su bloque y fue presentado por Elisa Carrio. "En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia Germán Garavano", afirmó Oliveto al mismo tiempo que señaló que el pedido de enjuiciamiento "no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión".
Oliveto apuntó contra Lorenzetti por falta de "idoneidad" y "transparencia" en el desempeño de sus funciones y lo acusó de ser "articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito del Poder Judicial". La diputada de la Coalición Cívica enumeró los 29 hechos que se le imputan y denunció en particular el "manejo discrecional de millonarios fondos extrapresupuestarios" y la "transferencia de estructuras propias del ámbito del Consejo al ámbito de la Corte Suprema" para la "concentración del poder" en la Justicia. Asimismo, cuestionó a Lorenzetti por "sospechosos sorteos de causas" e irregularidades en los procesos de informatización de los tribunales del Poder Judicial.
A su turno, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, quien presentó el pedido de juicio político a la Corte que impulsó el Ejecutivo, argumentó múltiples denuncias del oficialismo contra los jueces por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en beneficio político de la oposición.
En principio mencionó la cautelar por la coparticipación en lo que entienden desde el oficialismo como beneficio a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto de recursos, en detrimento de las provincias. "Es una misión y función propia del Congreso", aseguró el legislador al mismo tiempo que señaló que es "inadmisible" que el supremo tribunal haya desestimado el pedido de un grupo de gobernadores oficialistas para presentarse como "amicus curiae" del tribunal en esta causa.
En este sentido, puso el foco en la denuncia del oficialismo al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por "tráfico de influencias en beneficio exclusivo de una jurisdicción en perjuicio del resto", a raíz del escándalo por las conversaciones de chat sospechosas que salieron a la luz entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro.
En segundo término, Valdés mencionó la denuncia por mal desempeño a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura. "Quieren decidir cómo se van a integrar los bloques políticos en el Consejo de la Magistratura", denunció, y señaló que a raíz de esta "invasión" de competencias se lo acusa a Rosatti por el delito de abuso de autoridad.
En esa misma línea, el diputado oficialista repasó la denuncia contra la Corte por "declarar inconstitucional" la ley del Consejo de la Magistratura "sancionada 15 años antes" para "resucitar una ley derogada" en 2006 con el único objeto de colocar a Rosatti como titular del órgano encargado de la selección y eventual remoción de jueces. Por este motivo, el
Frente de Todos sumó como causal de juicio político la denuncia al presidente de la Corte por "violar la ley de Ética Pública" y por "prevaricato" por "acomodar las mayorías para presidir" el Consejo de la Magistratura.
En tercer lugar, Valdés indicó que el Frente de Todos denuncia a Rosatti por mal desempeño por el caso "Muiña", el fallo con el que la Corte intentó beneficiar en 2017 con la conmutación de la pena a represores de la última dictadura militar y que fue revocada por el repudio de la sociedad que instantáneamente se congregó en una masiva movilización en repudio del "fallo 2x1"
Finalmente, el diputado mencionó la denuncia por mal desempeño a los cuatro integrantes del tribunal por "la administración ineficiente de la obra social del Poder Judicial de la Nación en perjuicio de las afiliadas y los afiliados de esa obra social".
Otros expositores que también estuvieron argumentando fueron la diputada nacional del Frente de Todos de la línea sindicalista María Rosa Martínez, por la Asociación Argentina de Juristas Claudio Rocca, por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales Federico Méndez, y los denunciantes particulares Ricardo La Greca, Diego Sánchez, Pablo Llonto y Patricia Isasa.
La última denunciante particular se trata de una ex detenida por la dictadura militar que siendo adolescente, en 1976, fue secuestrada, torturada y violada por Eduardo Ramos, un represor que en los años '90 terminó siendo empleado de Rosatti durante su mandato como intendente de la Ciudad de Santa Fe.
La mujer relató todos los vericuetos que debió atravesar para que el represor fuera condenado, y reveló que Rosatti la ignoró cuando en una reunión acontecida en febrero 1998 le quiso advertir sobre el prontuario criminal de su empleado.
También estuvo presente en la reunión de comisión la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas acompañando los pedidos de juicio político contra los supremos jueces.
