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La Corte Suprema comienza a analizar las presentaciones del Gobierno y la Ciudad por la coparticipación

Son los reclamos que el oficialismo hizo para suspender o entorpecer el cumplimiento del fallo que lo obliga a dar más dinero a los porteños, y la exigencia de Larreta para empezar a cobrar.

Mientras el Gobierno reforzó este miércoles su ataque judicial para desplazar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia del expediente por el monto de la coparticipación porteña, el jueves próximo -9 de febrero- el máximo tribunal comenzará a analizar todas las presentaciones formuladas luego del fallo cautelar que le dio parcialmente la razón a la Ciudad tanto por el Poder Ejecutivo como también por la Procuración General porteña. La Capital Federal continúa sin percibir cerca de 1.050 millones de pesos diarios, en desobediencia a lo ordenado por la Corte en diciembre.

El año judicial comienza a organizarse en el Palacio de la calle Talcahuano. Este miércoles se recibieron las nuevas presentaciones en relación al debate por el porcentaje que fijaron los ministros (2,95%) para que el Gobierno volviese a pagar de inmediato en concepto de coparticipación a la Ciudad, dejando atrás el 1,4% que en 2020 estableció el presidente Alberto Fernández.

Los escritos presentados por la Casa Rosada a través del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, fueron utilizados en parte, para “ganar tiempo” como denuncian desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Es que hasta tanto la Corte no responda todos los planteos, no se podrá avanzar en lo pedido por la Ciudad: que se embargue la cuenta del Banco Nación y se exija el pago del nuevo porcentaje.

El gobierno porteño sostiene que desde la publicación del fallo de la Corte en su favor, perdió más de 22.000 millones de pesos.

Los ministros de la Corte deben expedirse -en primer término- sobre dos aspectos puntuales: el pedido de recusación que presentó Zannini y cuyos argumentos amplió este miércoles en el primer día hábil judicial del año. En segunda instancia, el planteo de revocatoria, es decir: el Gobierno pidió que se deje sin efecto el fallo de diciembre pasado.

Hasta tanto los cortesanos no se pronuncien sobre estos dos temas, no se podrá avanzar en el análisis de los otros escritos interpuestos por el gobierno de la Ciudad.

Según fuentes judiciales, no prosperará ninguno de los pedidos presentados por Zannini.

Con todos sus integrantes de regreso en Buenos Aires, la Corte comenzó a organizar su calendario para el primer acuerdo de ministros de este año y a determinar cómo circularán por las cuatro vocalías los distintos escritos para analizarlos y así resolver.L La primera cita cara a cara será el próximo jueves 9 de febrero.

Una vez que los dos planteos del Poder Ejecutivo sean resueltos, los cortesanos tienen que dar una respuesta a las presentaciones que hizo la Ciudad. Una de ellas rechaza la metodología de pago a través de bonos (última propuesta de Alberto Fernández). La otra es la queja por el incumplimiento del fallo que lleva aparejado el reclamo por el dinero que desde el 22 de diciembre se debía percibir.

Bajo este mismo argumento, la administración porteña pedirá que se embargue la cuenta del Banco Nación para garantizar el pago del dinero correspondiente al 2,95% determinado por la Corte Suprema. 

El “fondo” del tema

El reclamo de fondo también debe resolverse: cuál será el porcentaje definitivo que le toca a la Ciudad al menos hasta que una ley acordada por ambas partes establezca otro número. Buenos Aires reclama que se vuelva al porcentaje original establecido durante el gobierno de Mauricio Macri: el 3,5%. Además, el pago del dinero no percibido desde septiembre de 2020. Esto equivale a 252.500 millones de pesos.

Hay una segunda vía de discusión sobre este tema en Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas delegó en el fiscal Ramiro González las cinco denuncias penales que se presentaron en contra de Alberto Fernández por el delito de desobediencia.

La Ciudad fue la última en presentar una denuncia por ese delito y la amplió el último día hábil contra Carlos Zannini, Procurador del Tesoro de la Nación. En dicho rol fue quien firmó la recusación de los ministros de la Corte y el pedido de revocatoria.

La denuncia de Horacio Rodríguez Larreta también incluye a Sergio Massa como ministro de Economía, porque él firmó la resolución que disponía el pago a través de bonos.

El debate

Hay que recordar que en diciembre, por unanimidad, la Corte dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (la Ciudad pide el 3,50 como petición de fondo) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

En consecuencia, dispuso la suspensión de la ley 27.606, que había reducido la participación de esa jurisdicción. Sin embargo, el Gobierno continuó pagando el 1,4%. Esto representa unos 500 millones de pesos diarios. La Ciudad debería estar percibiendo en función de lo ordenado por la Corte, unos 1.050 millones de pesos diarios.

Además, el Presidente Alberto Fernández propuso pagar con bonos a 90 días. La Ciudad rechazó ante la Corte esta medida al entender que la Coparticipación es un goteo diario que todas las provincias reciben al comienzo de la jornada, es dinero líquido que se les deposita en las arcas públicas.

En sus argumentos la Ciudad dijo que la Ley de Coparticipación prohíbe cualquier otra metodología de pago. Este planteo está en manos de la Corte Suprema.