El 2023 no será un año más. Primero y principal porque existe un logro que no debemos pasar por alto: el 10 de diciembre Argentina alcanzará, por primera vez en su historia, 40 años de democracia ininterrumpida.
Pero, del mismo modo, no podemos pasar por alto que este aniversario trae consigo asignaturas pendientes que Argentina acarrea desde hace mucho tiempo. Son problemas estructurales que afectan de distintas maneras a diferentes ámbitos con un perjuicio común, el de no poder ubicarnos en un camino de crecimiento y desarrollo sostenible.
Frente a esto, es indispensable hacer foco en lo que vendrá y preguntarnos: ¿cómo queremos construir los próximos 40 años de democracia argentina? Desde hace dos años, en CIPPEC estamos haciéndonos esa pregunta, conscientes de que para atender los problemas del país debemos encontrar ciertas certezas en un contexto marcado por la incertidumbre.
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Y debemos hacerlo en forma participativa, intersectorial, plural, intergeneracional y federal.
Con ese prisma y en el marco de nuestra iniciativa Democracia 40 (40D), definimos diez propuestas de política pública.
Ellas parten de un trabajo de evaluación de posibles impactos positivos para los próximos 40 años de Democracia y de analizar la capacidad real de llevarlas adelante en nuestro contexto de país.
Una de ellas refiere a un sector, a todas luces, crucial para el desarrollo económico y social, como es el energético, pero con grandes problemas de sostenibilidad que se han convertido en un factor determinante del desequilibrio macroeconómico y fiscal.
De acuerdo a datos del Presupuesto Abierto, los subsidios de últimos tres años explican el 80% del déficit primario de la Administración Pública Nacional. La política de subsidios que atañe al sector energético desde hace muchos años atraviesa una situación de emergencia permanente: carece de justificación distributiva, opera en forma regresiva, al mismo tiempo que asigna recursos de manera defectuosa dentro del sector.
En 20 de los últimos 22 años ha existido una distorsión entre precios y costos. El registro del año pasado da cuenta de eso: en 2022, el Estado asumió el 79% del costo de la luz y el 71% del costo del gas. Y, por supuesto, siempre nos referimos a aquellos usuarios que tiene acceso a la red.
Por esta razón, proponemos, por un lado, una redefinición de tarifas y subsidios que focalice la asistencia en los sectores más vulnerables mediante un programa de tarifa social amplio; por otro, implementar finalmente el fondo compensador que reduzca las inequidades entre regiones.
El objetivo debe ser el uso eficiente de los recursos, a partir de precios que den señales claras; garantizar el acceso a la energía a los hogares más vulnerables a través de la focalización de los subsidios en aquellos hogares que tengan más dificultades para el pagar el costo real de la energía, y garantizar la sostenibilidad del sistema. Y, claro, que quienes puedan pagarlo, lo hagan.
Así, esta propuesta, implicaría un ahorro del 70% de los recursos que se invierten actualmente. Es decir, pasar del 2% del PBI actual al 0,6%.
Esta es apenas una de las diez recomendaciones a las que llegamos. Aunque buscan pensar el futuro desde distintas aristas, tienen una misma certeza y es la de que todo escenario futuro de crecimiento sostenible no tiene otra alternativa que surgir del consenso y de una inversión más inteligente que la que hemos demostrado hasta acá.
