la Legislatura porteña trata el proyecto para la creación de un parque público en el predio ribereño de Costa Salguero, que fue impulsado a través de una iniciativa popular que recibió el respaldo de más de 53 mil residentes de la ciudad de Buenos Aires. El bloque de Juntos por el Cambio ya anticipó que votará en contra.
En tanto organizaciones ambientalistas y sociales anunciaron que se congregarán previamente frente al Parlamento porteño, situado en Perú 160, para exigir a la bancada oficialista de la Ciudad por aprobación de la propuesta ciudadana que busca "una costa 100% verde".
El proyecto contempla la creación de "un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto" en 32 hectáreas y para ello plantea la anulación de una ley del 2019, promovida por el Gobierno porteño, que habilitó la venta de las parcelas para facilitar emprendimientos inmobiliarios que prevén la construcción de al menos diez edificios frente al Río de la Plata.
La iniciativa popular -impulsada por el Frente de Todos (FdT), la principal fuerza opositora en la Ciudad, junto a varias organizaciones vecinales, ambientales, de arquitectas y sociales- ingresó oficialmente a la Legislatura el 25 de abril del 2022, por lo cual el pasado 25 de marzo se cumplieron los tiempos estipulados para su debate en comisión.
De acuerdo a la ley que regula las iniciativas ciudadanas, una vez vencido ese plazo, el expediente debe ser remitido al recinto para su votación y acompañado por al menos 31 diputados y diputadas para su sanción.
"El expediente se va a poner en tratamiento y no va a alcanzar los votos para su sanción", dijo a Télam un legislador que integra la bancada oficialista tras confirmar que mantendrán el rechazo a la propuesta para la creación del parque público en la totalidad de las tierras costeras.
La postura de Juntos por el Cambio, en tanto, fue cuestionada por las organizaciones sociales y ambientalistas, entre ellas, el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, que señaló que "se juntaron más de 53 mil firmas para que se construya un parque público, pero el oficialismo ni siquiera escucha, sino que todo lo vende y todo lo privatiza".
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en tanto, pidieron a los "diputados oficialistas que estén a la altura y escuchen a la ciudadanía".
El proyecto
El desprendimiento de tierras públicas a privados fue impulsado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y votado por el bloque oficialista de Vamos Juntos -que reúne al PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública- más sus aliados de Evolución-UCR y el socialismo que encabeza Roy Cortina.No obstante, la venta fue frenada por una presentación judicial de referentes del FDT y del Observatorio del Derecho a la Ciudad que adujeron la inconstitucionalidad del proceso y permanece a la espera de una definición del máximo tribunal porteño ya que obtuvo un fallo favorable en primera y segunda instancia.
"De haber sesión el jueves, el expediente se va a poner en tratamiento y no va a alcanzar los votos para su sanción", dijo a Télam un legislador que integra la bancada oficialista tras confirmar que mantendrán el rechazo a la propuesta para la creación del parque público en la totalidad de las tierras costeras que ocuparon los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco.
En ese sentido, respaldó el proyecto de la gestión porteña que habilita la construcción de edificios de hasta diez pisos de altura en el predio costero, que está también situado frente a una de las cabeceras del aeroparque Jorge Newbery, que prevé un espacio verde, pero de menor superficie.
Desde el FDT analizaron que desde el oficialismo porteño no existió "voluntad" para debatir el expediente desde su presentación, por lo cual sus diputados y diputadas "negaron hasta último momento" la discusión de la propuesta ciudadana al punto de sumar el tema a una sesión que no estaba prevista en el calendario habitual.
Es que, por acuerdos parlamentarios, las reuniones ordinarias en el recinto se realizan cada quince días, por lo tanto recién debían sesionar en dos semanas contando desde el 23, pero las autoridades legislativas anticiparon la posibilidad de adelantar la convocatoria al 30 ya que los siguientes dos jueves coinciden con celebraciones religiosas.
