"En mi país hay quienes proponen que las ventas se liberen"
Sin mencionar, el presidente argentino se refirió a los proyectos de Javier Milei y Patricia Bullirch, quienes -de manera sutil y no tanto- dejan trascender que están de acuerdo con la portación de armas en Argentina. La mención de ambos presidentes a la masacre de Nashvielle y las políticas de desarme que mantuvo la gestión de Cambiemos.
En su encuentro bilateral con su par estadounidense Joe Biden, el presidente Alberto Fernández se tomó un minuto más en el espacio abierto a la prensa en el Salón Oval para respaldar la inciativa del mandatario norteamericano para regular la venta de armas de fuego, tras el nuevo tiroteo ocurrido en una escuela de Nashville que dejó 6 muertos. Fernández advirtió que "en mi país hay quienes proponen que las ventas de armas se liberen", en referencia a las expresiones del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei y de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El presidente argentino describió su llegada a la capital norteamericana, donde por estos días las banderas lucen a media asta en símbolo de luto por la nueva masacre escolar, y envió sus condolencias a las familias de las víctimas de Nashville. En ese tono, Fernández expresó su respaldo al pedido de Biden para que el Congreso -dominado por el Partido Republicano, abierto a la libre portación de armas- trata una ley para regular la venta de armas de fuego.
"Esa idea que usted lidera es un problema que tiene el mundo", dijo Fernández y se confesó como un "aliado absoluto" contra la libre portación de armas. "En mi país hay quienes proponen que las ventas de armas se liberen", denunció el presidente respecto de las posiciones expresadas por Milei y Bullrich, quienes están en carrera para llegar a la presidencia.
"Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente", sostuvo Milei en mayo del año pasado, horas después de que en Estados Unidos se hubiese registrado otra masacre, esa vez, en una escuela de Texas, donde murieron 18 niños y 3 adultos. "Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia", argumentó el diputado de La Libertada Avanza en una de sus habituales citas a economistas neoliberales para analizar cualquier aspecto de la realidad.
La política de libre portación de armas es extendida entre los candidatos de La Libertad Avanza. Así lo expresó el candidato de Milei en Tucumán, Ricardo Bussi. El hijo del represor condenado por delitos de lesa humanidad, interventor de la provincia de Tucumán durante la última dictadura militar y luego gobernador, Antonio Bussi. En un spot para su campaña dentro del partido que supuestamente va contra la "casta política", Bussi sostiene: "Sí a la portación legal y libre de armas".
En 2017, cuando todavía era más un panelista televisivo que un político en campaña, Milei se manifestó abiertamente también a favor de la legalización de las drogas, siguiendo sus ideas de economía "liberal". Ahora, con el traje de candidato de la ultraderecha, moderó es posición y sostiene que mientras exista salud pública "el que se droga me está pasando la cuenta a mí".
Bullrich, por su parte, está claramente alineada a la fracasada política de "guerra contra las drogas", pero respecto de la portación de armas carga con una célebre frase que expresó como ministra de Seguridad, en noviembre de 2018, durante la Semana Mundial del Desarme. A la salida de una cena en un restaurante de Córdoba, la entonces ministra dijo: "El que quiera estar armado, que ande armado, el que no quiere que no ande armado. La Argentina es un país libre".
No fueron solo palabras para la gestión nacional de Cambiemos. Como publicó PáginaI12, el macrismo no solo desarticuló las políticas de desarme de la población civil y alentó la tenencia indiscriminada sino que empujó a la informalidad a quienes tenían sus papeles en regla.
Cuando finalizó el gobierno de Mauricio Macri, en 2019, la Argentina registraba a 1.038.777 de usuarios legales de armas de fuego, pero el 74 por ciento tenía sus licencias vencidas. Esto se debió a la política desarrollada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), dependiente del Ministerio de Justicia, durante el macrismo, que privatizó los controles de evaluación psicofísica provocando la caída de las renovaciones por lo engorroso y oneroso del trámite.
