El organismo presentó un hábeas corpus
En el recurso presentado a la justicia, el área que preside Horacio Pietragalla, da cuenta del accionar de control por parte de la Policía de la Ciudad que -además de verificar quién ingresa y sale de los colegios- sacan fotos de estudiantes, graban videos y les requieren información. El pedido de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación para que el gobierno porteño "cese el hostigamiento, intimidación, persecución, amenaza, intromisión o amedrentamiento sobre las y los adolescentes y sus familias".
La Secretaría de Derechos Humanos presentó un hábeas corpus preventivo y colectivo para que se retire la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos con protestas estudiantiles, al considerar que las y los jóvenes no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos.
"Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad", sostiene la presentación judicial.
La Secretaría, a cargo de Horacio Pietragalla, actuó a través de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional por la denuncia presentadas por padres y madres de alumnes al Centro de Denuncias de Violencia Institucional.
El hábeas corpus agrega que los hechos son de público conocimiento y el cerco policial sobre las escuelas se registró con fotos, videos y notas periodísticas, donde se registra un accionar de control por parte de la Policía de la Ciudad que -además de verificar quién ingresa y sale de los colegios- sacan fotos de estudiantes, graban videos y les requieren información.
"La presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los y las estudiantes cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”, sostiene el escrito, en el que se subraya la legalidad de las decisiones estudiantales a través de sus centros de estudiantes, de acuerdo a las ley 26.877 de la Nación y 137 de la Ciudad de Buenos Aires.
Presentación ante la fiscal que llevó la persecusión al domicilio de los estudiantes
La Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional también remitió una nota formal a la fiscal María Laura Presedo, quien dio curso a la causa contra los padres de los y las estudiantes por una supuesta contravención y los notificó con policías a sus domicilios particulares.
"El más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos’, como se pretende hacer en la causa a su cargo, según las copias de las notificaciones remitidas a esta Dirección Nacional por los propios padres afectados", sostiene el texto presentado ante la fiscal Presedo.
La Secretaría de DDHH solicitó a la fiscal que informe si efectivamente se abrió la causa a los padres, y de ser así, qué conducta puntual se les imputa.
"Están reprimiendo a los chicos que toman colegios o se constituyen en centros de estudiantes"
La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también exigió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "cese el hostigamiento, intimidación, persecución, amenaza, intromisión o amedrentamiento sobre las y los adolescentes y sus familias" y calificó como una "gran preocupación" la respuesta policial de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
La declaración de la defensoría encabezada por Marisa Graham resalta el "ejercicio del derecho a la protesta estudiantil en el marco del ejercicio de sus derechos a ser oídas y oídos" e indica que "todas estas situaciones deben ser canalizadas mediante mecanismos que resguarden los derechos de las y los adolescentes involucrados".
La Defensoría recibió un pedido de intervención respecto a las tomas de los colegios y frente a la denuncias hacia los familiares de los alumnos. El organismo pidió informes al Ministerio de Educación de la CABA para que en 48 horas detalle la normativa que se aplica "para la intervención y/o acción de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto con los estudiantes".
También si se tomaron sanciones con el alumnado o sus familias, las normas que aplican y que canales de diálogo se establecen para la resolución del conflicto, los organismos y programas intervinientes y si el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tomó intervención
"Están reprimiendo a los chicos que toman colegios o se constituyen en centros de estudiantes", dijo Graham durante un evento de Unicef a la agencia Télam.
