El desastre que causó la ley de alquileres está lejos de repararse. Otros equívocos y recetas que podrían aplicarse.
Las cuestiones de la vivienda y el urbanismo son complejas y conflictivas en todo el mundo pero en nuestro país (como en casi todo) vamos a contramano del sentido común.
Mientras que es un problema angustiante para la gran mayoría de los habitantes de todas las clases sociales, edades y geografías le es ajeno al debate público y en particular a la política.
Ejemplo brutal de ello es el desastre que causo la ley de alquiler. Se estima que solo en la Ciudad de Buenos Aires hay 130 mil departamentos vacantes y los avisos de propiedades en oferta cayeron a más de la mitad.
Otro caso es el uso de los subsidios para la mejora de vivienda a través de los punteros políticos. Así como el disparate de poner en forma masiva a la venta tierra pública en la zona norte de la ciudad, la más rica, con una oferta para a los sectores más pudientes y debilitando la inversión en el área central. O volver a modificar en menos de dos años y en medio de la cuarentena el Código Urbano generando plusvalías inexplicables.
Desde hace décadas los planes nacionales de construcción de viviendas masivas han sido en su gran mayoría ineficaces y sospechados de corrupción. Mientras, los asentamientos informales siguen en aumento al igual que el déficit de vivienda y el hábitat.
Por supuesto el tema central es que las viviendas cada vez son más caras y los salarios cada vez más bajos. Del lado del costo de las viviendas eso se explica por el aumento del valor del suelo. No hay instrumentos de planificación del mercado de tierras solo la lógica de aumento de la carga tributaria sobre las viviendas existentes.
Ni hablar de los créditos hipotecarios inexistentes con 100% de inflación y con el mercado de capitales y los ahorros jubilatorios subordinados a cubrir el déficit de un Estado casi fallido son una quimera.
Si para los sectores medios la situación es angustiante para las clases populares es desesperante. Están condenadas a vivir en los márgenes de la metrópoli, o de las grandes ciudades, en loteos sin servicios, sin título de propiedad, lejos del transporte, la escuela o la salud, o caer en manos de las mafias de las tomas de tierra, o vivir en las villas.
Conceptos como planificación, inclusión social, accesibilidad a la vivienda, derecho a la ciudad, innovación, sostenibilidad son palabras sin contenidos.
No se comprende que no se tome nota que esta situación aumenta la desigualdad, la pobreza, debilita la cohesión social poniendo en peligro el contrato democrático.
¿Qué Hacer? Citando a Carlos Montes Ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, "hay que hacer todo y a la vez. Hay que hacer vivienda, barrio y ciudad”.
Tenemos que dar respuestas de corto plazo mientras se ponen en marcha las de largo. Dar las condiciones para que el capital se vuelque masivamente a la mayor cantidad de sectores sociales tanto para construcción o financiamiento.
Hay que atacar el déficit cualitativo y cuantitativo. Incentivar la propiedad como el alquiler. Abordar la asequibilidad, la sostenibilidad así como la innovación. Desatar las capacidades de un Estado inteligente, moderno y decente para planificar y regular, para construir gobernanza con los ciudadanos y no contra ellos.
Un Estado que cubra lo que la iniciativa privada no alcance, que garantice seguridad jurídica e inclusión bases del desarrollo, que equilibre la macrocefalia argentina y potencie oportunidades en ciudades de rango medio Todo esto y mucho es la tarea pendiente, Como hace años ya nos arengó Ortega y Gasset: "Argentinos a las cosas! a las cosas!"
El autor es Arquitecto UNMDP, MDI Universidad Politécnica de Madrid, AMDP Harvard University
