Así, la CIDH ha reiterado: “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, aunque también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico”.
En ese aspecto, agregó: “El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación”.
“Debemos en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial”, expuso.
“Finalmente destacamos el enorme trabajo que cotidianamente realizan los poderes judiciales provinciales y de CABA para garantizar el acceso a justicia, con independencia, transparencia e imparcialidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó.
Semanas atrás, el diario Página 12 reveló un viaje a Lago Escondido a la estancia del magnate británico Joe Lewis que realizó un grupo de jueces, fiscales, empresarios y funcionarios porteños. En las últimas horas, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats de la aplicación Telegram entre los involucrados para coordinar una versión pública sobre los motivos del viaje.
El origen de la filtración es atribuida a un hackeo que sufrió el 19 de octubre el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro, aunque también fue hackeado otro de los pasajeros del vuelo: el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola. Ambos hicieron denuncias penales.
En declaraciones a Radios Con Vos, D’Alessandro sostuvo que “el grupo de Telegram” no existió y habló de un “montaje”, con audios “editados y ensamblados”.
En los supuestos mensajes, los involucrados hablan -entre otras cosas- de falsificar facturas para justificar su presencia en la provincia de Río Negro. También aluden a una presunta “buena predisposición” de la fiscal federal de Bariloche Cándida Etchepare para “cerrar” la primera causa judicial que se abrió por el episodio.
Ese expediente comenzó el 24 de octubre a raíz de una denuncia del abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco. Lejos de cerrar la causa, la fiscal impulsó ayer la investigación e imputó a las diez personas involucradas. En el requerimiento, al que tuvo acceso Infobae, la fiscal reconstruyó cómo fueron los hechos desde la llegada a Bariloche hasta su regreso a Buenos Aires.
A raíz de esto, Alberto Fernández realizó una cadena nacional para instruir al Ministerio de Justicia a denunciar a los involucrados. Lo mismo ocurrió con el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que denunció a los cuatro jueces federales que viajaron.
