Por falta de acuerdo con Juntos por el Cambio se demora en Diputados un proyecto. Se trata de la firma del dictamen de la reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes para adecuarse a los estándares internacionales.
El oficialismo apuntaba a dictaminar ayer para llevar hoy al recinto la iniciativa que apunta a darle mayor autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera a la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, establece que se deberá informar al organismo las operaciones de activos virtuales, incluyendo a las criptomonedas.
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Pero, tras no lograr acercar posiciones con la oposición, la firma del dictamen se verá pospuesta. De todas maneras, dos de las tres comisiones a las que fue girada el proyecto, Finanzas y Legislación General, se reunirán hoy para seguir debatiendo la letra chica del proyecto.
La tercera comisión, la de Legislación Penal, presidida por la diputada del PRO María Luján Rey no se sumará al debate. Desde su entorno dijeron que no le dieron aviso del plenario y que por eso no convocó.
Qué propone Juntos por el Cambio
"Se iba a dictaminar si había acuerdo", dijeron desde Juntos por el Cambio a El Cronista. Según fuentes de la oposición que están trabajando en acercar posiciones, desde el Frente de Todos "algunos cambios aceptaron".
Aunque esa misma fuente añadió: "Hay todo un capítulo de transparencia que queremos agregar". Al menos hasta el momento, allí las negociaciones están trabadas. Asimismo, en Juntos por el Cambio proponen que se dote de mayor independencia y autonomía a la UIF de lo que establece el texto original.
Por ejemplo, modificar los mecanismos de elección y remoción del presidente y vicepresidente de la UIF. Juntos por el Cambio propone proponen que seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad-hoc.
Asimismo, la coalición opositora plantea que ambos puedan ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal correspondiente.
También, JxC plantea que ambos cargos duren cinco años, o sea, se le da independencia en la elección y duración respecto del gobierno de turno.
Cambios a la ley de lavado de dinero
La iniciativa viene siendo seguida de cerca por el Poder Ejecutivo, porque el año que viene habrá una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas de la entidad.
La reforma impulsada por el gobierno de Alberto Fernández en junio de este año tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
En los fundamentos se afirma que "se agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforme estándar internacional vigente y glosario general del GAFI".
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Sobre el Código Penal, desde el Gobierno proponen que se incorporan dos verbos: "poseer y adquirir", en base a la recomendación del GAFI. Asimismo, se modificará el monto mínimo punible, que en la actualidad es de $ 300.000.
En tanto, otra propuesta que hicieron del Ejecutivo es que se incorporen a la Ley 25.246 los "activos virtuales, proveedores de activos virtuales, y clientes, beneficiarios".
Otro de los cambios que se le hará a la ley es que se incluya a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
Cambios en la UIF
El proyecto que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
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Asimismo, se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF. En ese sentido, se dispone incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
