Las terminales podrán obtener dólares para pagar autos importados recién en diciembre. Buscan patear casi US$ 1.000 millones.
El nuevo esquema para contener el drenaje de reservas no sería gratuito para la próxima administración. Las terminales automotrices ya asumen que deberán financiarse por 195 días para pagar importaciones de vehículos al dólar oficial, a 235 pesos.
El Gobierno les informó que deberán usar sus propias divisas o pedirlas prestadas hasta diciembre, por lo que probablemente será la nueva gestión la que deberá afrontar el giro de dólares por US$ 900 millones en 2023.
Después de la corrida cambiaria de abril, el Banco Central restringió aún más las importaciones y habilitó un mecanismo para que las grandes empresas se "auto financien" utilizando créditos para exportaciones al pago de importaciones.
La medida coordinada con la secretaría de Comercio para descomprimir la salida de dólares implica un estiramiento o bien la continuidad de plazos ya extendidos para acceder al mercado de cambios.
En el caso del sector automotor, la aprobación de pagos de autos importados pasó de 120 días el año pasado a 210 en abril y 195 desde mayo, mientras que las autopartes, se extendió de 45 a 75 días. Los vehículos importados representan US$ 150 millones por mes y un total de US$ 900 millones que el Banco Central liberará recién en seis meses. De esa manera, el Gobierno busca ganar tiempo en un escenario donde ya no contará con el dólar soja.
La medida fue conversada con terminales, petroleras y empresas de consumo masivo, luego de un acuerdo previo del Banco Central con los bancos públicos y privados.
El titular de la entidad, Miguel Pesce, y el gerente general, Agustín Torcassi, les pidió que faciliten líneas de financiamiento externo. Y, a cambio, ofrecieron a bancos y energéticas letras en pesos ajustadas por el dólar oficial (LEDIV) para calzar depósitos remunerados y cubrir los pesos sobrantes.
El Gobierno cuenta con US$ 5.000 millones del swap chino para intervenir en el mercado. Desde China, Sergio Massa busca ampliar el monto disponible hasta US$ 8.000 millones y ahora podría sumar hasta US$ 3.000 millones por postergar importaciones.
La contracara son los costos que deben pagar las empresas por endeudarse a un año con una tasa de entre 6 y 7% en dólares, si bien una parte la pueden recuperar con los flujos de exportación.
Para bajar el costo financiero, los exportadores podrían comprar LEDIV. Según los últimos datos del BCRA, esas letras suman hoy US$ 1.800 millones. El grueso corresponde a depósitos que calzan los bancos contra instrumentos ajustados por el dólar.
Pero en el sector privado reconocen que el sistema en marcha depende a fin de cuentas del "riesgo argentino" que quieran asumir las empresas de cara al próximo año.
Las cerealeras afirman que el esquema los excluye, ya que contempla el uso de la financiación de exportaciones para importaciones a 365 días, cuando los proveedores de insumos agrícolas no venden a más de 180 días.
"Solo con tu casa matriz podés hacer eso, pero la importación de fertilizantes y agroquímicos es con empresas no vinculadas en China, Rusia, Ucrania y Marruecos", dijo Gustavo Idígoras, titular de la cámara aceitera y cerealera (CIARA-CEC).
Desde octubre, el sistema de importaciones SIRA derivó en el pago diferido por 60, 90 y 180 días según el tamaño de la empresa, con algunas excepciones (salud, energía y bienes de capital).
Por los atrasos, la deuda de los importadores creció en abril en US$ 370 millones, por lo que alcanzaría los US$ 10.800 millones desde enero de 2022. Y los autos importados -en su mayoría de Brasil- pasaron de representar el 75% del patentamiento en 2019 al 28% en 2023, según datos de ACARA.
