"Difícil que Alberto Fernández logre desilusionarnos más, pero se esfuerza. El Presidente que el 10/12/2019 habló de economía popular frente al Congreso, hoy reproduce 'no quiero un plan, quiero trabajar'". La publicación de la secretaria adjunta de la UTEP Dina Sánchez en Twitter semanas atrás -para contestar a otra del mandatario en Instagram- sintetiza en parte la parábola del vínculo entre el jefe de Estado y las organizaciones sociales.
Poco importa el detalle de que Sánchez está más cerca de Juan Grabois que del Movimiento Evita, si se toma nota de los últimos desplazamientos de la organización que conduce Emilio Pérsico, que tuvo una generosa representación -como los demás sectores del peronismo- en el acto de Cristina Kirchner en La Plata tras achicar diferencias con Máximo Kirchner.
El corolario, como contó Clarín, fue la visita de Pérsico a la vicepresidenta en el Senado, donde también estuvieron dos de los referentes más importantes del Evita: el diputado Leonardo Grosso (que quiere competir en San Martín) y la intendenta de Moreno y viepresidente del PJ bonaerense, Mariel Fernández.
Desde su asunción, Fernández se apoyó en los movimientos sociales para suplir la falta de territorialidad propia. Esa alianza, que se tejió con la candidatura de Florencio Randazzo en 2017, se consolidó con el desembarco del ex jefe de Gabinete en la Casa Rosada.
El Evita ocupó (ocupa) sensibles secretarías de Estado y dependencias en jefatura de Gabinete, Cancillería y Educación, entre otras carteras. Por lejos, la más importante es la secretaría de Economía Social, desde donde Pérsico quedó a cargo del Potenciar Trabajo.
Los beneficiarios del nuevo programa -“los planes” que no quería la costurera a la que Fernández llevó una máquina con ese comentario en Instagram y que motivó la crítica de Sánchez- se duplicaron durante la administración del Frente de Todos: pasaron de 580 mil a más de 1.300.000 beneficiarios.
Las organizaciones sociales, con el Evita a la cabeza, se transformaron en los defensores más entusiastas de la gestión de Fernández en el territorio. Se pusieron al hombro la campaña para las legislativas de 2021, que La Cámpora no quiso militar con el argumento sanitario, y convocaron a una marcha para bancar al Presidente -que Fernández pidió desactivar- cuando seis ministros kirchneristas presentaron sus renuncias.
También llenaron la Plaza de Mayo el 17 de noviembre de 2021, cuando el Presidente prometió PASO para todos, una causa común con las organizaciones que disputan poder en el Conurbano y en otras provincias.
Además, coparon las inmediaciones del Congreso el 1 de marzo de este año, cuando se inauguraban las sesiones ordinarias. Disimularon otra vez la escasa movilización de los intendentes con cargos en el Gabinete que decían construir a favor de Fernández.
Promesas incumplidas
En su discurso frente a la Asamblea Legislativa, el Presidente se explayó largo y tendido sobre el círculo virtuoso de la economía popular. "Debemos facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipe a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas que el Estado realiza. Es necesario impulsar su inclusión a través de un monotributo productivo que simplifique su formalización", prometió el Presidente entonces.
No cumplió todas sus promesas. Tardó nueve meses en firmar el decreto que le otorga el 30 por ciento de la obra pública a las cooperativas de las organizaciones. En los próximos días se pondrán en marcha las primeras, a pesar del malestar de la Cámara Argentina de la Construcción, que denunció que las Pymes del sector estarán en peligro de extinción por competencia desleal, puesto que afrontan costos laborales muchísimo mayores que el de los cooperativistas.
El Presidente hizo propio el proyecto del "monotributo productivo" para blanquear cuentapropistas de bajos ingresos y lo envió al Congreso, donde duerme el sueño de los justos. No hizo de esa agenda su prioridad ni planea incluirlo en la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso.
Tampoco creó un ministerio o agencia estatal para las organizaciones que concentre todas las políticas sociales, como reclamó públicamente Pérsico. Por el contrario, le quitó al Evita la subsecretaría de Asuntos Parlamentarios que administraba el referente del Evita Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la sociedad civil.
A tono con lo que mandan las encuestas en toda la región y tras las críticas públicas de Cristina a la política social, el Ejecutivo cerró el grifo del Potenciar y repite que su prioridad es generar empleo formal. Por último, le quitó el asiento que le había dado a la UTEP en el Consejo del Salario para desacoplar la paritaria del salario mínimo de la de los planes.
El Presidente, sin embargo, todavía sigue siendo generoso con las organizaciones. Hace tres semanas, el mismo día que Fernández publicó el decreto 728 que prohibió el alta de planes y creaba el consejo de la Economía Popular, también firmó el DNU 729 que creó el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
El nuevo organismo autárquico, que hasta ahora era una subsecretaría de Agricultura, lo conduce el dirigente del Evita Miguel Gómez. Las organizaciones siguen reclamando por la demorada reglamentación de la Ley de Agricultura familiar.
El giro del Evita, el último vagón del peronismo en alinearse detrás de la vice y exponer la creciente soledad política del Presidente, resume el pragmatismo del movimiento: "Nunca las organizaciones sociales ocuparon tantos lugares en el Estado como con Alberto Fernández, pero nunca fuimos ni seremos albertistas: somos evitistas".
