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Martín Báez, hijo de Lázaro, fue excarcelado después de cuatro años y medio de prisión

Martín Báez, el mayor de los hijos varones del empresario K, obtuvo la excarcelación bajo los términos de la libertad condicional ya que su condena por lavado de dinero no se encuentra firme.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lo sentenció a ocho años de prisión, en la Ruta del Dinero K, firmó su excarcelación. El accionista minoritario de Austral Construcciones permanece privado de su libertad desde el 7 de febrero de 2019 y cumplía el arresto domiciliario en la ciudad de Río Gallegos.

Martín Báez alcanzó los cuatro años y cuatro meses desde su detención "cumpliendo las dos terceras partes de la condena recaída en su contra", señalaron los jueces del TOF 4.  En febrero de este año la Cámara de Casación confirmó las condenas en la Ruta del Dinero K dejando la pena de Martín Báez en seis años y medio.

Los jueces tuvieron en cuenta el tiempo transcurrido con prisión preventiva, la confirmación en segunda instancia de la condena y lo concluido por el Equipo Psicosocial del Programa de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica. El informe sostiene que Martín Báez se "encontraba comprometido y ejerciendo de manera responsable aquellas acciones para sostener su arresto domiciliario, evaluándose positivamente el transcurso de su arresto".

Se despejó así todo riesgo de fuga que pudiera representar el hijo de Lázaro Báez, recordando que la familia fue embargada y pesa sobre ellos un pedido de decomiso de sus bienes.

El abogado defensor, en su pedido de excarcelación, señaló que el 7 de junio del corriente año "se iba a encontrar en el plazo de cumplimiento de la libertad condicional, ya que cumpliría los dos tercios de la pena impuesta de 6 años y 6 meses de prisión por el hecho por el que fue condenado".

La situación fue evaluada por los integrantes del Tribunal a la hora de conceder la excarcelación.

Con el tiempo cumplido según estipula el Código Procesal Penal, los jueces Néstor Costabel y Jorge Gorini, entendieron que correspondía la excarcelación (bajo los términos de la libertad condicional) pero con la aplicación de la tobillera electrónica.

"La obligación de sujeción al proceso por parte de Martín Báez continúa vigente, en tanto su condena no se encuentra firme y eventualmente, resta su etapa de ejecución", ya que por delante quedan dos juicios vinculados a las operaciones de lavado de dinero en los que Martín se encuentra procesado.

Por ese motivo, los magistrados entendieron que debe "mantenerse su sometimiento al cuidado del programa de vigilancia electrónica mediante el dispositivo de monitoreo electrónico GPS con un radio de 100 km a la redonda de su domicilio".

También, Martín Báez deberá comunicar al Tribunal, en forma inmediata, "cualquier modificación de su lugar de residencia, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse por más de 24 horas del mismo".

Cuando Martín Báez quedó detenido en febrero de 2019, la Justicia sostuvo que entonces, poseía la capacidad de "transferir y/u operar con fondos que podrían resultar el provecho del delito que se investigaba". La fiscalía a cargo de Abel Córdoba había detectado movimiento de dinero entre cuentas radicadas en Panamá cuando regía una medida cautelar sobre el hijo de Lázaro Báez.

Esos fondos eran parte del caso conocido como la Ruta del Dinero K. Según se determinó en dicho expediente, el ex socio comercial de la vice fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años (2010-2013) lavó 55 millones de dólares. Nada se podría haber materializado sin Austral Construcciones, la firma insignia de Báez que inició su actividad en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Los fondos que provenían de la obra pública vial que ganó sistemáticamente, fueron en parte volcados a las operaciones de blanqueo, según condenó el TOF 4.

Al ponderar la utilización de Austral Construcciones y de la firma de taxis aéreos Top Air, la Cámara de Casación confirmó el decomiso a ambas compañías por una suma equivalente a los 330 millones de dólares. Además, se confirmó el decomiso de activos por un valor equivalente a 65 millones de dólares a personas físicas.