Por orden del juez federal Daniel Rafecas
Los nueve hombres actuaron en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) durante la dictadura. Estuvieron involucrados en las muertes de Carlos Alberto Meza y Jorge Omar Sanz.
Estuvieron durante 45 años fuera del radar, pero la impunidad no dura para siempre. Nueve exintegrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron detenidos por orden del juez federal Daniel Rafecas por haber participado en dos operativos de 1977 que terminaron en dos asesinatos y el secuestro de una mujer para ser torturada.
Carlos Alberto Meza tenía 24 años cuando fue secuestrado el 28 de febrero de 1977 por una patota de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) –también conocida por su anterior nombre, Coordinación Federal–. Era de Corrientes y estudiaba Derecho mientras militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). A las horas del secuestro, fue asesinado. Su cuerpo fue inhumado en el cementerio de la Chacarita en mayo de ese año, pero su familia recién se enteró décadas más tarde gracias al trabajo que había encarado el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto con la Cámara Federal porteña a raíz de los Juicios por la Verdad.
En el operativo en el que fue asesinado Meza, intervinieron el entonces subcomisario Mario Héctor Perrino (84), los inspectores Carlos Pedro Pollet (78) y Carlos Jorge Saraniti (74), el subinspector Lucio Tirao (73) y los sargentos Marcelino Pedro Gutiérrez (75) y Vicente Filipelli (77). Todos ellos integraron la comisión de la Zona I de la SSF y fueron detenidos esta semana por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Sus nombres figuraban en un Consejo de Guerra vinculados al caso Meza, que había intentado presentarse como un enfrentamiento. Lo mismo pasó con otros tres represores del Departamento Sumarios de la SSF que también fueron detenidos por orden de Rafecas, vinculados a la muerte de Jorge Omar Sanz y a las torturas que sufrió su hermana Roxana.
Sanz era trabajador judicial y delegado en el fuero penal. Lo conocían como “La Pantera”, según recuerda Julio Piumato, dirigente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). El 23 de julio de 1977, Sanz llegó desesperado a la casa de su hermana porque no encontraba a su compañera y a su hijo. Debía ir a una cita en un café, ubicado en Mario Bravo y Valentín Gómez, con una compañera que podría darle información sobre el paradero de su familia.
Su cuñado lo acompañó pero se quedó a unos metros. De repente, escuchó unos disparos y vio cómo Sanz salió corriendo. Tenía dos tiros en la espalda y uno en el pie. Como pudo, llegó hasta la casa de su hermana, se despidió y tomó la pastilla de cianuro para no caer en las garras de la patota de la SSF. A Roxana se la llevaron hasta la Comisaría 11 de la PFA, donde fue sometida a tormentos.
En ese operativo participaron el entonces subinspector Roque Purita (69) junto con los cabos Secundino Martín Moreira (80) y Julio Alberto Bazán (76). Todos fueron detenidos por la PSA, a excepción de Purita –que no estaba en su casa cuando se desarrolló el operativo, pero después se presentó en el juzgado de Rafecas–.
Purita y Rafecas son viejos conocidos. Antes de asumir como juez, Rafecas lideró una investigación de la Procuración General sobre las causas armadas por la PFA. En esa pesquisa encontró que, entre 1998 y 1999, Purita fraguaba operativos para ser presentados exitosamente ante las cámaras de televisión. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner lo pasó a disponibilidad.
En 1998, el diario La Nación reveló que el exjefe de la PFA del menemismo, Adrián Pelacchi, había estado involucrado en la muerte de Sanz. Según el matutino, Pelacchi había recibido una felicitación en octubre de 1977 por haber abatido a un “delincuente subversivo”. La revelación provocó la renuncia de Pelacchi que, para entonces, ya había dejado la jefatura de la fuerza y ejercía como asesor de Carlos Corach.
Después de indagarlos junto con el secretario Diego Perone –a cargo de la causa de Coordinación Federal–, Rafecas deberá decidir la situación procesal de los nueve represores. Mientras tanto, están en prisión domiciliaria provisoria hasta que el Cuerpo Médico Forense (CMF) diga si están en condiciones de ser trasladados a una unidad penitenciaria.
