Argentina
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Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy denunciaron a los funcionarios sospechados de ayudar a los mapuches violentos

Los diputados opositores y la ex funcionaria María Eugenia Talerico piden investigar "a quienes participan, promueven y apoyan" ataques, tomas e incendios.

Horas después de que la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras denunciara la connivencia de funcionarios nacionales con los ataques violentos de agrupaciones mapuches extremas, los diputados opositores Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy, y la ex directiva de la Unidad de Información Financiera María Eugenia Talerico denunciaron en la justicia federal de Bariloche a "quienes participan, promueven y apoyan los raids delictivos con el objetivo de formar una Nación Mapuche”, apuntando a los dirigentes del Instituto Indígena y "otras organizaciones afines a éstos". También exigen que se inscriba a las organizaciones extremas MAP y RAM en el Registro Publico de Personas y entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

Los denunciantes se presentaron ante la fiscalía federal de Bariloche para sumar su escrito a la causa que ya investiga a la ex titular del INAI Magdalena Odarda y su sucesor, Luis Alberto Pilquimán, por Traición a la Patria.

Bullrich y López Murphy denunciaron "los acontecimientos ilícitos obrados por pseudo mapuches en estos días y a solicitar que los hechos investigados en más de cien casos penales que involucran a las comunidades Lafken Wikul Mapu, Lof Gallardo, Lof Millalonco-Ranquehue, Lof Che Buenuleo, Pu Lof Cusamen, al (MAP) Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu o la (RAM), Resistencia Ancestral Mapuche, y a quienes participan, promueven y apoyan los raids delictivos con el objetivo de formar una “Nación Mapuche”, reciban la agravante prevista en el art. 41 del Código Penal, pues son obrados con la finalidad de infundir terror en la población para imponer sus ideas por la fuerza, desafiando el estado de derecho, a la autoridad del Gobierno Provincial primero y Nacional después".

Los diputados de Juntos por el Cambio "sostienen que este accionar podría ser encuadrado en las previsiones de los Arts. 213 bis, 214, 215, y 226 del Código Penal, ello, independientemente de todos los otros delitos que han cometido y están siendo investigados en contra de la población en general como los daños, usurpaciones, incendios, lesiones, interrupciones reiteradas a rutas y vías de trenes, abigeatos, amenazas, intimidaciones, daños, abuso de armas." Los artículos citados corresponden a las sanciones y penas por colaborar con fuerzas extranjeras o "enemigos de la Nación".

Esa acusación responde a la interpretación de Bullrich, López Murphy y Talerico respecto de los hechos violentos ocurridos en Bariloche y VIlla Mascardi, cuya finalidad según ellos "es la de infundir terror para lograr su objetivo 'superior', que es lograr establecer la Nación Mapuche, dentro del territorio de la República Argentina, desconociendo el orden jurídico argentino en su totalidad.

"Este accionar se vio potenciado en los últimos años por el rol de ciertos funcionarios públicos y otras organizaciones afines a éstos que se mencionan y que, los funcionarios han quebrantado los deberes inherentes a su función y su actuar ha sido desleal con los intereses de la Nación, han contribuido de manera determinante a envalentonar el accionar de quienes actúan al margen de la ley para crear una nación paralela invadiendo territorio del que se apropian por la fuerza, sublevándose al orden público, desafiando las normas del estado de derecho a sus instituciones y a la integridad territorial. Mencionan que el colmo de esta cobertura funcional sucedió con dos hechos alarmantes, la presencia del Embajador en Chile de Rafael Bielsa en un trámite judicial donde el hoy prófugo de la justicia chilena, Jones Huala pedía su libertad condicional o, el llamativo error del Ministerio de Defensa en un trámite que casi provoca el despojo de tierras reclamadas por una de estas comunidades al Ejército Argentino", argumentan.

Por eso, los denunciantes piden la inscripción de las comunidades ilegales, el MAP, la RAM y otras personas identificadas a las que también piden investigar por art. 306 inc. 1 del Código Penal (financiación de la organización o de personas asociadas) en el Registro Publico de Personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su Financiamiento (REPET). “La inscripción y el tratamiento de estos grupos como lo que son, organizaciones terroristas, debilita de modo determinante su poder de fuego, neutralizando además todo apoyo material que puedan recibir pues sería hechos de financiación de terrorismo”,