Esta semana el Gobierno deberá cumplir con un pago por u$s 1400 millones de dólares al FMI mientras se prepara para la última revisión del 2022, que empieza esta semana con algunos contactos por zoom. Se prevé que habrá cumplimiento de metas, pero también se abre la oportunidad de negociar márgenes para este año -electoral-. En ese marco, el kirchnerismo salió a poner presión sobre el Ministerio de Economía que dirige Sergio Massa.
"No queda otra que revisar el cumplimiento de este acuerdo con el Fondo", dijo Máximo Kirchner, diputado nacional, en una entrevista con El Cohete a la Luna. Tras renovar críticas al ex ministro Martín Guzmán, el referente de La Cámpora abogó por un acuerdo entre distintas fuerzas para renegociar "no con una actitud patriotera sino de responsabilidad e inteligencia".
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Fuerte ajuste de la inversión pública: punto por punto, por dónde pasó la tijera en 2022
El Ministerio de Economía evitó hacer comentarios sobre las declaraciones ante la consulta de El Cronista.
El acuerdo con el FMI llevará a enfrentar este año una meta fiscal más estricta, con un déficit previsto en 1,9% del PBI, tras el 2,5%/PBI del año pasado. El freno en la inversión pública representó una caída del 38% en obra pública y transferencias a provincias, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El kirchnerismo quiere que haya más margen fiscal para sostener la actividad y el empleo, además de mantener el reclamo por la recomposición de ingresos frente a la inflación.
"El Gobierno sobrecumplió la meta de déficit primario. En diciembre el déficit fue el menor para ese mes desde 2019, por una caída de 21% interanual real del gasto", detalló un informe de la consultora Equilibra. Esa baja estuvo explicada por las prestaciones sociales y subsidios a la energía por menores costos y la segmentación de tarifas.
Para la consultora que dirigen Martín Rapetti y Diego Bossio, el cumplimiento de la meta 2023 será difícil. "La sequía y el adelantamiento de la liquidación de exportaciones, junto con el estancamiento de la actividad económica, reducirían los ingresos fiscales; y los gastos treparían por los rezagos en la fórmula de movilidad y la implementación de medidas electorales", enfatizaron.
Los economistas de LCG coinciden los escollos para llegar a la meta. "Las demandas sociales son altas y políticamente el gobierno no puede sacrificar competitividad electoral para ganar solvencia intertemporal", evaluaron.
Políticamente el gobierno no puede sacrificar competitividad electoral para ganar solvencia intertemporal
Para el Fondo, es necesario respetar la meta fiscal para generar confianza y avanzar además en la desaceleración de la inflación. Los indicadores de alta frecuencia que siguen los economistas, en tanto, anticipan que en enero el IPC puede trepar hasta el 6% mensual, mientras que Massa reconoce que estará alrededor del 5%, en línea con el IPC de diciembre en lugar de empezar a rumbear hacia el 4% mensual.
Sobre el peso de las disputas internas en el Frente de Todos en la economía y números sensibles como la inflación, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández reconoció que "la inflación es multicausal" y admitió la preocupación del Ejecutivo por el dato de enero en declaraciones a AM 750.
De acuerdo con el análisis de LCG, la economía del año electoral "entró en un punto de reposo con una curiosa percepción de estabilidad en un contexto de alta inflación, brecha alta y creciente y poca disponibilidad de dólares que imposibilitan el crecimiento". La meta de acumulación de reservas presionará sobre la demanda de importaciones, con "menor actividad y mayor inflación derivado de la menor oferta global".
LA TENTACIÓN DEL DÓLAR
En ese sentido, advierten que puede haber presión política para retrasar el dólar. "La tentación de intentar controlar la inflación y detener la caída del salario real puede llevar a un incentivo a disminuir el ritmo del crawling peg y quedar en la 'trampa' de no poder subirlo si la inflación retoma la aceleración", indicaron los economistas de LCG.
Hoy los privados prevén inflación del 90% para el año, por arriba del 60% al que espera llegar Massa. La incertidumbre política, las presiones sobre el blue y la brecha y menor demanda para las licitaciones de deuda pueden agravar el panorama.
