Menor cantidad de colectivos en circulación y caída en el número de pasajeros transportados. El sistema de transporte de Buenos Aires y el conurbano (AMBA) está en crisis. Las empresas dicen que operar les cuesta alrededor de $ 77.000 millones mensuales, pero que el Gobierno les reconoce menos de $ 50.000 millones por esa tarea.
Según los colectivos, el importe que pagan los usuarios cada vez que pasan la SUBE apenas cubre un 10% de sus costos. Los mismos están conformados por los sueldos de los choferes, gasoil para las unidades, mantenimiento y renovación de las mismas, más gastos administrativos.
En 2001, cuando el Estado comenzó a subsidiar a las líneas de colectivos -para que no subieran el precio de los traslados-, ese auxilio representaba un 7% de los ingresos de las líneas. Más de dos décadas después, el Estado paga el 90% de la facturación de los colectivos.
El sistema de transporte público de pasajeros se encamina a costar $ 1 billón anual, del que las empresas embolsarían $ 600.000 millones. Eso es para mantener los 18.500 colectivos que circulan por Buenos Aires y el conurbano (AMBA). El Gobierno les paga las compensaciones o subsidios. -la diferencia entre los ingresos que tienen y los gastos de su operación- con distintos niveles de retraso.
A comienzos de mayo, les debían 17 días de subsidios. En abril, no habían cobrado 20 días de compensaciones. Estos atrasos se acercan a anteriores “récords” de incumplimientos. En agosto de 2022, el Gobierno llegó a deberles un mes de subsidios, lo que los llevó a un paro. En enero de 2021 y junio de 2020, Transporte también les giró la plata con un mes de retraso.
Aun con los aumentos mensuales en el importe de los traslados -ajustados a la inflación mensual- los transportistas y el Gobierno están lejos de un entendimiento. Durante el año pasado, hubo varios paros en el funcionamiento nocturno de los colectivos. Este año, también hubo días de parálisis. Durante la semana que viene, podría arrancar una nueva huelga.
“Hay una diferencia del 28% entre los costos reales que tenemos las empresas y los que reconoce el Gobierno”, dice un documento de varias cámaras de colectivos. El costo “real” de transportar cada pasajero ronda los $ 315. El precio promedio del boleto -a abril- era de $ 28, que se quedan las líneas. El Estado subvenciona a los colectivos con $ 173 por persona que viaje. Aún así, pierden $ 113 por pasajero, según sus estudios.
Casi 10 millones de personas viajan a diario por el sistema de transporte. Menos de la mitad (46%) paga el precio que establece la SUBE. Los jubilados, pensionados, o sectores de bajos ingresos abonan una tarifa “con atributos”, es decir con un 55% de descuentos. Representan un tercio de los viajes. Los estudiantes también poseen este beneficio. La “integración” -que es cuando un pasajero toma varios colectivos seguidos, y recibe descuentos en el segundo y/o tercer viaje del mismo recorrido- también recorta los ingresos de los transportistas.
Hay números que plantean los colectiveros que son refutados por el ministerio de Transporte. Por ejemplo, el Gobierno reconoce $ 94.000 por neumático nuevo, mientras que los colectiveros dicen que sale $ 145.000, siempre más IVA. Lo mismo pasa con el costo de un vehículo. Es de $ 21 millones para el Poder Ejecutivo, mientras que las líneas lo valúan más cerca de los $ 61 millones. “Esos números se entenderían si las líneas estuvieran renovando neumáticos y coches todo el tiempo. No es lo que pasa”, se desligan fuentes oficiales.
Tras la pandemia, la cantidad de pasajeros volvió casi a los niveles de 2019. Todavía están un 2% abajo con respecto a ese año. Mientras tanto, los colectiveros recorren un 4% menos de kilómetros, es decir que hay un recorte de sus servicios. La comparación contra 2017 es más rotunda: hay un 15% menos de pasajeros y un 10% de caída en los servicios que prestan los colectivos.
Cada paro realizado por los colectivos derivó en consecuencia que sienten los pasajeros. La cantidad de viajes realizados en horarios nocturnos y los fines de semana cayó de una manera tajante. Las filas de espera en las paradas para la circulación nocturna y los fines de semana es inédita, según decenas de testimonios. “Es cierto que hay menos frecuencia. Son servicios que no dejan plata. Entiendo que nuestro compromiso sería cumplirlos, pero frente a los atrasos del Estado tenemos que hacer algunos recortes”, admiten en una línea.
Las cámaras de transporte también empiezan a pensar en algún cambio en los subsidios. Por ejemplo, empiezan a hablar de "dirigir las compensaciones tarifarias directamente al usuario". Esto significa que el boleto dejaría de estar subsidiado para los colectivos, pero los beneficiarios recibirían el dinero en su tarjeta SUBE. La idea -que en su momento fue alentada por Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte en la administración de Mauricio Macri- nunca había sido bien vista por los colectiveros.
También sugieren ampliar los "grupos de afinidad", es decir los que tienen descuentos, para personas cuyos ingresos registrados en la AFIP sea menos a cierto número por determinar. En ese caso, el 70% de los viajes sería con "descuentos", que pagaría el Estado.
