La Coalición Cívica había presentado un amparo porque el Ministerio de Desarrollo Social les negaba desde julio pasado datos sobre el Potenciar Trabajo.
La Justicia le ordenó al Gobierno que le entregue información sobre los planes del programa Potenciar Trabajo a un grupo de dirigentes de la oposición que habían realizado un pedido de acceso a la información pública.
Según la resolución del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, el Ministerio de Desarrollo Social, que hoy controla Victoria Tolosa Paz, deberá en el término de diez días brindar los datos que pidieron los dirigentes de la Coalición Cívica (CC) en julio pasado.
La demanda arrancó luego de que los diputados nacionales de la CC Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin junto a la legislador porteño Hernán Reyes y los dirigentes Héctor "Toty" Flores y Fernanda Reyes le pidiera a Desarrollo Social que informe "la cantidad de personas titulares del Programa Potenciar Trabajo que se encuentran vinculados a cada una de las organizaciones sociales, fundaciones, federaciones, asociaciones civiles o cooperativas".
Y que además "individualice" los convenios celebrados en el marco del programa Potenciar Trabajo con diferentes agrupaciones o cooperativas entre los años 2018 y 2022.
El pedido fue ingresado en Desarrollo Social el 19 de julio pasado, cuando aún estaba al frente de la cartera Juan Zabaleta, quien ahora regresó a la intendencia de Hurlingham.
Los dirigentes de la CC sostuvieron en la Justicia que tras la presentación en el organismo "nunca recibieron respuesta a lo requerido" y agregaron que "la omisión a brindar la información constituye un acto arbitrario e ilegítimo, lesionando derechos constitucionales".
El juez, en una resolución de seis páginas a la que accedió Clarín, se ocupa de dar lugar al amparo de la Coalición Cívica con los argumentos de la Ley de Acceso a la Información Pública que hoy está vigente.
En el fallo destaca que según el artículo 5 de esa Ley se establece "que el sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo de quince días, que puede ser prorrogado en forma excepcional por otros diez días".
Desde el pedido de la Coalición Cívica pasaron cinco meses.
Además, el magistrado destaca que "el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración, y sobre los datos o documentos que ésta posee constituye una exigencia elemental del Estado democrático de Derecho".
La resolución del juez se da justo en medio de la polémica por los planes que se desató luego de que se conocieran una serie de irregularidades en la entrega del Potenciar Trabajo. Tras un cruce de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social, la AFIP y el Banco Central se detectó que había beneficiarios que habían comprado dólares, pagaban impuesto a los bines personales, tenían autos cero kilómetro e incluso bienes de lujo como barcos.
En total, había irregularidades en 250.000 planes sobre 1.300.000. Con esa información, la ministra Tolosa Paz decidió dar de baja 2.400 planes. La Justicia arrancó una investigación preliminar para determinar por qué Tolosa Paz tomó esa decisión. La lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan que ya escuchó como testigos al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el director de la AFIP. Carlos Castagneto.
Además, el fiscal Eduardo Taiano también investiga las irregularidades en los planes.
Por otro lado, los movimientos sociales están en alerta porque sospechan que el Gobierno busca congelar el aumento del monto que cobran los beneficiarios. Amenazan con protestas y más cortes.
