Una denuncia de fraude inmobiliario que podría implicar espionaje
Una usurpación que podría tener el soporte de las redes de espionaje ilegal, como las organizadas por la AFI macrista. La abogada Valeria Carreras da el alerta, a partir de un caso en CABA que incluye fraude procesal.
La casa de los abuelos hacía muchos años que estaba deshabitada. La familia, que vive en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, seguía pagando los impuestos y cada tanto viajaba a Capital y abría los ventanales que dan al cielo abierto en el barrio porteño de Colegiales. Era “la casa para cuando las chicas se fueran a estudiar a Buenos Aires” decía la familia. Llegó el momento y viajaron, pero no pudieron entrar a la casa. Les habían cambiado la cerradura. La casa estaba tomada por un propietario que alegó ser “legítimo heredero”.
“Esto les sucedió a mis clientes”, detalla la abogada Valeria Carreras. De un momento a otro, como en un mal sueño, esta familia se encontró envuelta en un fraude inmobiliario. El caso expone un delito que, según la abogada, podría evidenciar entre sus irregularidades el uso ilegal de información privada. La maniobra del espionaje sobre particulares está de moda. El método, arbitrado sistemáticamente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de tiempos macristas, quedó expuesto en casos como el del ARA San Juan que la misma Carreras sigue como querellante representando a las familias de los marinos víctimas del accidente naval, espiadas en forma ilegal por el organismo oficial.
“Hay gente que, con la información en sus manos, se dedica a apropiarse de inmuebles y logra incluso escrituras”, evalúa Carreras. En este caso saben que el inmueble está desocupado y pueden fraguar quedarse con la propiedad a través de una sucesión fraudulenta. "Acceden a información sobre la propiedad, logran burlar a un juez –señala Carreras--, y hacerse de una escritura falsa”. Así se inicia la denuncia que el fiscal Guillermo Marijuán cursa de inmediato. “Han engañado a un juez, eso no es menor” subraya Carreras.
Lo llamativo aquí es que interviene por parte del usurpador de la casa, el mismo abogado que Lilita Carrió denunció en 2017 por su participación en una causa en su contra, por enriquecimiento ilícito: Mariano Valdéz, según comunicó en su momento la Coalición Cívica. Valdéz además tuvo suspendida su matrícula del Colegio de Abogados de CABA entre diciembre de 2021 y junio 2022 al ser denunciado por su propio cliente, por maniobras en documentos de un inmueble.
En el caso armado contra Carrió, que el juez Daniel Rafecas no solo desestimó sinó que logró la confesión del denunciante Enrique Paz sobre "los 1500 pesos" que recibió por testificar contra la diputada de la Coalición Cívica, Valdéz ofició de abogado. Carrió consideró el caso como "un vergonzoso escándalo, producto de operaciones políticas vinculadas a sectores de Inteligencia y a altos rangos del Poder Judicial”. Elípticamente apuntaba a la presunta intervención de la Agencia Federal de Inteligencia de Gustavo Arribas y de funcionarios judiciales en acciones en su contra.
“Todo es bizarro y peligroso y por eso hemos denunciado el caso ante la Justicia Penal Federal” sostiene Carreras al constatar la reaparición de Valdéz en un caso de fraude inmobiliario. Y agrega: “Quien maneja información de particulares, también accede a los datos sobre las propiedades”. La coincidencia del método que combina espionaje a particulares con nombres como el de Valdéz, generan el alerta que enuncia la abogada.
La denuncia
El fiscal Marijuán tomó medidas porque la denuncia de Carreras se inició “aportando pruebas sobre la legítima posesión del inmueble por parte de mis clientes”, explica la abogada. Y se explaya: “El fiscal la toma porque se trata de un delito federal. Los estafadores lograron que un juez sea engañado y dicte como heredero a una persona que no lo es, es una estafa procesal. Mediante engaños, el juez creyó en los documentos que le dieron. Y es federal porque lo que se adulteró es una sentencia”, señala.
Los presuntos estafadores iniciaron la maniobra en 2012, pero el delito recién se pudo perpetrar en 2020. Como los clientes de Carreras “tenían la casa para cuando las hijas estudien, recién cuando vinieron a ocuparla y vieron que las llaves no entraban empieza la investigación” detalla. “Me encuentro con un caso más de estafa y desbaratamiento de derechos”, explica Carreras. Por eso consolidó el caso con pruebas evidentes como “los medidores de servicios, que están a nombre de mis clientes”. Fotos de infancia, del colegio cercano, datos evidentes del uso de la casa por parte de la familia desposeída de su inmueble.
Dicen que “la infancia es la patria de un hombre”, sostiene Carreras. Cuestiona entonces que alguien, mediante documentos falsos pueda perpetrar una estafa, y lograr que un juez nombre heredero “a quien no tiene vínculo parental” con el bien en litigio. ¿Cómo no van a poder aportar ni una sola prueba de su infancia en esa casa? se pregunta. El usurpador “dice en la causa que desde su infancia vive ahí” pero no aporta “ni una foto de un cumpleaños, ni puede certificar un colegio cerca ¡nada!” reclama la abogada.
“No solo reclamo que no tiene actos posesorios, porque hay gente que sí olvida propiedades y se las quedan otros porque viven allí veinte años y pagan los impuestos. Reclamo por la maniobra fraudulenta que involucra una red de manejo ilegal de la información” afirma. El nivel de detalle en las pruebas que esta familia aporta suma fotos en la vivienda “con el mismo piso, con el mismo muro” describe Carreras. También habla del colegio y exhibe “fotos con delantal de la escuela, en la puerta de esa casa”. A lo que se agregan escrituras, impuestos, medidores de servicios.
Son casos comunes que se hacen evidentes cuando alguien indaga, asegura. Refiere a la existencia de una mafia --en tanto trama delictiva— que sostiene en red a quien conoce la información de casa vacías y a quienes buscan apropiárselas. “Con información, tenés la mitad de la tramoya ganada” afirma Carreras.
La AFI en la mira
La gran dotación de abogados nombrados por Arribas podría estar vinculada con parte de estas maniobras. “Ellos usan toda la información que consiguen, para sus casos --estima Carreras--, cuentan con el listado de viviendas en apariencia vacías, sumado a la información que pueden obtener de los servicios de inteligencia, o del Gobierno de la Ciudad sobre las herencias vacantes. Les queda todo servido en bandeja para que estafen y se adueñen de lo ajeno”.
“Ahora viene el derrotero de probar esta estafa procesal ante la justicia”, señala. “Nos dieron rápido curso, en diez días se cursó, no es habitual. Pero engañaron a un juez, no es cualquier cosa” repasa. Consultada sobre la existencia de otros casos similares, sostiene: “No lo descarto en absoluto porque hay antecedentes de este tipo de denuncias en el Colegio de Abogados, hay mucha gente metida en el desbaratamiento de derechos”.
El cuento del tío a través de las maniobras con propiedades es viejo, “pero ahora cuentan con información privilegiada", razona Carreras. Y espera que la denuncia "con las prueba ofrecidas al juez, los condene y los deje fuera del circuito de los apropiadores de casas”. No obtante recomienda "estar alertas para que no sigan atentando contra ciudadanos que son laburantes y poseen sobre sus propiedades, legítimos derechos”.
