Señor director:
Como se concluyó en la última declaración del Colegio de Abogados, resulta indispensable contar con una democracia en la cual se respeten los derechos humanos, contando para ello con un eficaz Estado de Derecho, el que requiere siempre un correcto funcionamiento del Poder Judicial. Manifestamos nuestra preocupación por el aumento de organizaciones criminales, algunas de las cuales han llegado a efectuar graves amenazas en contra de fiscales y jueces.
Esta situación se ha visto agravada recientemente por la orden de un juez de garantía de entregar antecedentes a los defensores respecto de la identidad de testigos y agentes encubiertos, la que ha sido oportunamente dejada sin efecto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, cumplida por parte de los defensores públicos respectivos. El Colegio de Abogados condena las amenazas que están recibiendo intervinientes del Sistema Procesal Penal, que importa un claro atentado en contra del ejercicio de la función que le corresponde a los fiscales y a los jueces, lo que no respeta la debida objetividad e independencia que debe asegurarse para el adecuado ejercicio de las funciones que realizan.
Adicionalmente, cabe señalar que la eficacia de la persecución penal y el adecuado juzgamiento de hechos delictuales cometidos por organizaciones criminales se ve afectado si no se brinda a jueces, fiscales, testigos, agentes encubiertos y a sus familias las protecciones previstas por la ley, siempre con pleno respeto a las garantías del debido proceso. Es indispensable proporcionarles los recursos, la formación y el apoyo necesarios para que puedan desempeñar sus funciones sin temor ni injerencias.
Resulta indispensable solicitar a las autoridades del Ministerio Público la máxima diligencia en la investigación respecto de los delitos cometidos por organizaciones criminales, iniciando cuanto antes los juicios respecto de esos hechos, así como aquellos que han afectado a fiscales y a jueces con amenazas que no solo inciden en la esencia de nuestro Sistema Procesal Penal, sino que principalmente en la calidad de la democracia, resultando por ello inadmisibles, injustificables e intolerables, requiriendo de la más expedita y eficaz solución.
Finalmente, instamos a los abogados y demás colaboradores de la administración de Justicia a rechazar presiones indebidas a jueces, fiscales y a denunciarlas.
