El Pleno del Consejo Constitucional aprobó una serie de normas relativas al Capítulo V de Seguridad Pública y Defensa Nacional, dedicados a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad (Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería).
Una de las principales novedades fue el visto bueno a la conformación de una nueva policía fronteriza, la que será encargada del “control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales en la forma que determina la ley institucional”.
Se aprobó también que “el Estado tiene el monopolio indelegable del uso de la fuerza, el cual se ejercerá a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, conforme a esta Constitución y las leyes”.
“Sus miembros en servicio activo y el personal que integre las Fuerzas de Orden y Seguridad, no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, declararse en huelga, postularse a cargos de elección popular”, se agrega.
Asimismo, se indicó que “ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale la ley de quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a esta”, y que “la ley determinará el marco para el uso de la fuerza que pueda ser utilizada en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta”.
También se elevó a rango constitucional la Justicia Militar, pues se respaldó la norma que señala que “las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.
Además, y a pesar del rechazo del oficialismo, se aprobó que “corresponderá a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley”.
En cuanto a los puntos rechazados, se descartó una norma ingresada por los consejeros de izquierda que estipulaba que “las Fuerzas Armadas deben tener un respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos”. Tampoco se dio el visto bueno a gratuidad en el ingreso a las escuelas de Carabineros y la PDI.
En la misma línea, se echó por tierra una norma que estipulaba que “el personal de las F.AA y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán representar las órdenes manifiestamente ilegales. La ley deberá regular el procedimiento para tal efecto. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, están sujetas a los controles de probidad y transparencia que la Constitución y las leyes dispongan. Del mismo modo, están sujetas al control y supervisión de la Contraloría General de la República en conformidad de la ley”.
