Victoria Beaumont, directora del Movimiento Ciudadano Salud Libre.
Estamos en la recta final de un segundo proceso constituyente del cual se espera que surja un nuevo marco legal que permita concretar reformas robustas y soluciones reales para una ciudadanía que desde hace años espera respuestas en seguridad, orden público, trabajo, pensiones, salud y educación, entre otros.
Pero seamos sinceros. Este segundo debate democrático -que se inició con gran optimismo y esperanza por parte de todos tras el caótico y confuso desastre de la primera Convención- ha ido peligrosamente perdiendo interés por parte de la ciudadanía, que percibe que el mundo político sigue enfrascado en discusiones doctrinarias que se alejan del sentido común y las necesidades urgentes de las personas.
Como movimiento ciudadano presentamos una Iniciativa Popular de Norma precisamente para incluir en el debate una de las demandas más urgentes de la gente, como es el garantizar a las personas la existencia de un sistema de salud que ponga a las personas al centro, y brinde prestaciones médicas oportunas, al alcance de todos y que les ofrezca todas las alternativas posibles. La base de nuestra propuesta (que recibió el respaldo de cerca de 13 mil personas) fue la libertad de elección, principio que, a nuestro juicio, permitiría superar la disputa política en blanco y negro respecto a qué es mejor, si una salud netamente estatal u otra cien por ciento privada.
La urgencia de cautelar este derecho fue admitida por el Consejo Constituyente abriendo una esperanza de solución para todos los chilenos y acogiendo el constante clamor popular reflejado en todas las encuestas de opinión, donde sobre el 80% exige el derecho a elegir en forma libre en varias materias, incluyendo salud, educación o pensiones.
Sin embargo y al contrario de lo que se pudiera esperar, esta definición no fue bien recibida por todos los sectores políticos del país. En esta materia, argumentaron que sería una “fantasía” este principio. En el caso específico de salud argumentan que la libertad está condicionada a la posibilidad de compra de un plan de salud en una isapre o una atención en una clínica. Del mismo modo, han planteado que constitucionalizar este derecho implicaría blindar a las isapre o las AFP y perpetuar su modelo.
Estas discusiones políticas, creemos, nos vuelven a alejar de la realidad que vive el país, con un sistema nacional al borde del colapso por los fallos de la Corte respecto a las isapres (que afecta directamente la salud de tres millones de personas) y con un sistema de salud pública que acumula sobre 16 millones de beneficiarios, con más de 2,6 millones en listas de espera, con incumplimientos de garantías GES y la muerte de más de 10 mil personas los primeros cuatro meses de este año producto de la falta de resolución asistencial.
Frente a este panorama, producto de errores de todos los actores que se han prolongado por años, no existen fórmulas mágicas, pero, sobre todo, no existen respuestas dogmáticas que por sí solas lo arreglen en el corto plazo, por lo que debemos buscar caminos lógicos que solucionen los problemas actuales de la gente.
La libertad de elección establecida como un derecho en el futuro texto constitucional, creemos, constituye una herramienta que puede ser clave en ese objetivo, al definir un verdadero sistema de salud mixto, eficiente, solidario y sustentado en principios democráticos.
Se trata de un texto equilibrado que supera a todas las versiones de derecho a la salud antes conocido, donde el Estado se compromete a proteger el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones médicas.
Nos permitiría, además, resaltar el rol del Estado que es el llamado a proteger el libre acceso a las acciones de salud, así como coordinarlas y controlarlas, garantizando a todos la ejecución de las prestaciones a través del fortalecimiento de una red de establecimientos de privados y estatales.
Todo ello, además, bajo el compromiso de establecer un plan de salud universal, sin discriminación de edad, sexo o preexistencia médica, lo que es un cambio sustancial en la oferta de salud entregada hoy tanto por las isapres como por Fonasa.
De ser eliminada la libertad de elección del sistema de salud en el proyecto constitucional, la decisión de los espacios de libertad de los chilenos sobre el lugar donde atenderse siempre dependerá de una ley y por lo tanto del gobierno de turno. Una vez más nuestra democracia le volvería a fallar a nuestros ciudadanos.
Por ello nuestro llamado en este debate es a mirar el vaso medio lleno, más que medio vacío. A aprovechar la oportunidad de superar debates netamente ideológicos para impulsar políticas que entreguen a nuestros conciudadanos soluciones concretas, originadas de sus aspiraciones y deseos.
Nada impide que la agenda constituyente y la legislativa de Salud, por ejemplo, conversen entre ellas para afrontar ahora la grave crisis de las listas de espera y de seguros, que vuelva a imperar el diálogo, para que en esta área nuestra Democracia haga sentido a las personas y, de paso, para que la gente pueda tener una razón poderosa para votar a favor de la propuesta constitucional que nos será presentada en diciembre próximo.
Victoria Beaumont, directora del Movimiento Ciudadano Salud Libre.
