Primero con apoyo de la DINA y después con el de la CNI, la dictadura vigiló y controló lo que ocurría en escuelas y liceos. Así quedó plasmado en oficios, memos e informes secretos, que hasta hoy están guardados en el Archivo Nacional de la Administración (ARNAD). Esos registros no solo muestran cómo el espionaje y la delación mantuvieron vivo el temor al régimen entre alumnos y profesores, sino que también develan cómo los organismos represivos jugaron un papel clave para afianzar el modelo que entregó el control de los establecimientos educacionales a las municipalidades.
El 11 de mayo de 1976, el director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el entonces coronel Manuel Contreras, se sentó en su oficina de calle Belgrado N°10 y firmó un informe reservado de 11 páginas dirigido al general Augusto Pinochet, quien desde los inicios de la dictadura cívico militar había estado involucrado personalmente en las operaciones de espionaje e intervención en los colegios del país.
“En atención a lo solicitado por US en el documento de la referencia, se informa que en el kárdex de esta Dirección se registran antecedentes de las personas indicadas”, comenzó revelando el jefe de inteligencia. El reporte, uno de los tantos informes que a diario intercambiaron la DINA, Pinochet y el Ministerio de Educación, detalló luego la vida política y a veces personal de 73 docentes de San Bernardo, Puente Alto, Santiago, San Antonio e Independencia, entre otras comunas.
Sobre el profesor Francisco Salazar, por ejemplo, Contreras denunció que éste era un independiente de izquierda que permitía “la enseñanza del poema La Muralla de Nicolás Guillén, cubano, desde 4° Básico”, pese a que ésta era “una obra anti-militar”.
El coronel también tuvo reproches para el docente Héctor Norris Jarpa, de Santiago. “Es un elemento altamente desafecto y contrario a los principios del actual gobierno, realmente inconsecuente con las medidas que ha implementado el ministro de Educación”, subrayó. “Se ha permitido hacer comentarios sobre la política educacional y económica del Supremo Gobierno y la actuación de los militares dentro de éste, presentándolos como los oportunistas de turno, que son los que mejores sueldos tienen”, fustigó el director de la DINA.
El reporte (ver documento), que sería derivado al Ministerio de Educación, era un engranaje más en el entramado de vigilancia que operaba sobre el sistema escolar. Pinochet, la policía secreta y los ministros eran obviamente actores clave.
También tenía un papel central la desconocida Oficina de Seguridad del Ministerio de Educación, repartición encargada de canalizar las relaciones operativas con las agencias de inteligencia de todas las ramas de la Fuerzas Armadas y de Orden. Y de comprar las pistolas Astra calibre 38 que debían portar los titulares de esa unidad de la secretaría de Estado (ver documentos).
Desde un inicio, el régimen había hecho un esfuerzo especial por copar militar e ideológicamente todo el aparato estatal.
Las coordinaciones institucionales, según la documentación revisada, partieron desde septiembre de 1973, en las primeras horas del golpe, pero fue recién a partir de 1975 que el poder de la DINA y su capacidad para coordinar a ministerios y reparticiones creció con el apoyo del general Pinochet.
Un paso clave ocurrió el 20 de febrero de 1975 cuando Pinochet otorgó poder absoluto a la DINA y a Contreras, para revisar la contratación de todos los funcionarios públicos. La medida, que perduró hasta el final del régimen, fue aplicada para evitar que ningún opositor ingresara a la administración pública, en cualesquiera de sus niveles. La decisión, que fue pormenorizada en años sucesivos, fue firmada originalmente por el ministro del Interior, el general Raúl Benavides, en la Circular Reservada 35 F-151.
“Su Excelencia —informó Benavides a todos los ministerios— ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a los antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”.
A partir de esa fecha, todos los requerimientos debieron efectuarse sólo a través de las oficinas de Seguridad que operaron en cada repartición del Estado, como enlace institucional con la policía secreta (vea el reportaje “El copamiento del Estado: así operó la DINA y la CNI para detectar opositores en ministerios y servicios públicos”).
El Ministerio de Educación también participó de operaciones que incluían reuniones de coordinación con la policía secreta, la producción de informes diarios de inteligencia y, por cierto, una cantidad relevante de delaciones efectuadas por civiles.
Increíblemente, una parte considerable de esas denuncias están aún almacenadas en el centenar de encuadernaciones rotuladas como secretas que están en los estantes del Archivo Nacional. Cada una derivada a los equipos de inteligencia, para la adopción de medidas (vea un informe secreto sobre un colegio y una carta con delaciones).
UNA MUERTE ANÓMALA
Una vez que el régimen creyó que tenía todo el sistema bajo su control, comenzó recién a diseñar el traspaso de los liceos científico-humanistas a los municipios y la venta “a precios convenientes” de los establecimientos de educación técnica profesional a los privados.
Sin embargo, el secuestro y la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez, militante del MIR, puso todo en entredicho. O, al menos, eso pensó el ministro de Educación de la época, el historiador y abogado Gonzalo Vial Correa, quien integraría la Comisión de Verdad y Reconciliación, tras la recuperación de la democracia.
Álvarez, detenido el 14 de agosto de 1979 por Carabineros, había muerto siete días después en la Posta Central, luego de estar recluido en la Tercera Comisaría de Santiago y en los cuarteles secretos de la CNI, acusado de arrojar panfletos contra el régimen.
El ministro Gonzalo Vial Correa estaba impactado por la noticia. Pero no por las torturas sufridas por el docente, sino porque éste aún dictara clases en un liceo, pese a ser un sujeto con “antecedentes”. Incluso, desde el 24 de enero de 1979, reclamaba Vial, existía un oficio reservado que prohibía su contratación en cualquier colegio público. El documento llevaba la firma del mayor de Carabineros Rodolfo Reyes Salazar, jefe de la Oficina de Seguridad del Ministerio de Educación (ver documento)
Ante esta falla de seguridad, el secretario de Estado decidió escribir una carta y enviarla de manera urgente al general Pinochet. Vial Correa, quien en 1973 había inventado que el gobierno socialista de Salvador Allende tenía un plan para asesinar opositores, el falso Plan Zeta, estaba ad-portas ahora de iniciar la mayor persecución política en la historia del magisterio.
“A fin de solucionar esta anomalía -enfatizó el funcionario en su misiva a Pinochet- el ministro que suscribe ha dispuesto que, durante el curso del mes de septiembre, a más tardar, y encontrándose ya completo el listado nacional de los profesores encasillados, este sea revisado íntegramente por la Oficina de Seguridad (del Ministerio) a fin de individualizar a los elementos extremistas”.
El historiador, advirtiendo que la nómina incluía unos 90 mil docentes, demandó a Pinochet que la policía secreta apoyara activamente las nuevas labores de seguridad asumidas por el Ministerio de Educación: “Sería muy importante que la Central Nacional de Informaciones (CNI) hiciera su propia revisión, con sus propios archivos, o se combinara para hacerlo con el Ministerio. Estoy solicitando esta ayuda al director de la Central Nacional de Informaciones (Odlanier Mena), la cual agradeceré sea respaldada por Vuestra Excelencia”, suscribió el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fallecido en 2009 (ver documento).
Las semanas siguientes a la redacción de aquel documento, Gonzalo Vial destinó sus esfuerzos a preparar las bases jurídicas y presupuestarias del traspaso de los liceos desde el Estado central a los municipios y a las empresas, según correspondiera. Sin embargo, Pinochet desconfiaba de la iniciativa. El propio ministro jefe del Comité Asesor Presidencial, el brigadier y paracaidista Alejandro Medina Lois, advirtió la situación en un oficio del 20 de junio de 1979.
En concreto, el brigadier y comando alertó al ministro Vial Correa que Pinochet temía que la reforma en curso trajera efectos políticos adversos, de corto y largo plazo. El comandante en jefe del Ejército recelaba en especial de que el Estado perdiera “la tuición directiva y administrativa de la educación”. Es decir, el control social y político de los liceos, los que por entonces estaban bajo la dirección de docentes leales al régimen, en ocasiones incluso uniformados. Hombres “adictos” a la dictadura, según la expresión escrita de las propias autoridades de inteligencia.
TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN
A fines de 1979, el jurista Alfredo Prieto Bafalluy, quien hasta 2015 fuera abogado integrante de la Corte Suprema, reemplazó a Gonzalo Vial Correa al frente de la cartera de Educación, iniciando casi un año después el postergado proceso de traspaso de los colegios públicos a los municipios. El fin de la educación estatal. El nuevo ministro llegó a intercambiar información y debatir vías de acción casi a diario con el primer director de la CNI, el general en retiro Odlanier Mena. Una colaboración que fue clave para iniciar la municipalización de la enseñanza en todo el país.
Las fichas con antecedentes políticos de los profesores -que habían sido solicitadas por Vial Correa- comenzaron a desfilar una a una por el despacho del ministro Prieto.
Ese fue el primer paso para la desvinculación de miles de docentes del sistema escolar, por ser considerados “elementos contrarios al Supremo Gobierno”, como subrayó el propio ministro Prieto en varios oficios (ver documentos 1, 2, 3 y 4).
Uno de esos docentes, Luis Larco Hermosilla, quien había estado detenido en 1974, señala que no le sorprende la colaboración entre el Ministerio de Educación y la CNI: “Ese año hubo despidos masivos. En esa época, el profesorado estaba muy ligado a las luchas sociales de los chilenos”, recuerda.
Hacia 1987, de hecho, unos 8 mil docentes fueron desvinculados de la educación escolar pór razones políticas, según los registros del propio régimen.
Pero más allá de la revisión de antecedentes, el ministro Prieto y el general (r) Mena debatieron siempre cómo debía implementarse la municipalización.
“Diversos alcaldes de las comunas de la provincia de Curicó manifestaron que estarían en condiciones de asumir la administración de los establecimientos educacionales de sus respectivas comunas, si se les dan los medios”, informó por ejemplo el general Mena al ministro Prieto en un oficio reservado del 27 de mayo de 1980.
Como resultado de ese trabajo, el 24 de noviembre de 1980 un total de 299 liceos, con 3.214 profesores y más de 50 mil estudiantes fueron traspasados por primera vez a los municipios.
Esta operación incluyó finalmente establecimientos de Linares, Maule, Villa Alegre, Curepto, Río Claro, Bulnes, Papudo, Petorca, San Clemente, San Carlos, Empedrado, Zapallar, La Ligua y Cabildo.
La municipalización fue desde entonces una realidad en marcha y casi sin oposición inicial, salvo manifestaciones aisladas.
SIN CAMBIOS
La caída de Odlanier Mena y el ascenso del general Humberto Gordon a la dirección de la CNI no significó cambios en la labor de ese organismo, salvo una mayor preocupación por las políticas educativas de parte del nuevo jefe de inteligencia.
De hecho, Gordon envió el 4 de noviembre de 1981 un oficio reservado al ministro de Educación, alertándolo de nuevos problemas en la gestión. “Doscientos profesores (de la Región de la Araucanía), con más de 20 años de servicios cumplidos, presentaron su renuncia el día 14 de octubre recién pasado”, informó el jefe de la policía secreta.
Gordon, exedecán del presidente Eduardo Frei Montalva, advirtió que la situación constituía un problema “inquietante” para el desarrollo de la política educacional y pidió que se informara mejor a los docentes de los beneficios de ser traspasados a los municipios.
Prieto, en respuesta, redobló esos meses los esfuerzos por aclarar la situación jurídica en que quedaban los profesores al ser traspasados, en sendas reuniones y comunicaciones con el Ministerio de Interior y la propia Presidencia.
Adicionalmente, y siempre a juicio de la CNI, los temores del general Pinochet comenzaron a cumplirse, debido al supuesto ingreso de maestros opositores al nuevo sistema escolar. En un oficio de tres páginas del 1 de diciembre de 1981, el propio general Gordon explicó al ministro Prieto que sus hombres habían “detectado algunos problemas en la contratación del personal que asumirá roles directivos”.
“La situación mencionada, junto con alterar los propósitos del actual gobierno en materia educacional, lesiona integralmente las posibilidades de brindar, a los educandos, una formación acorde con la línea nacionalista, independiente y unitaria que nuestras juventudes y la Patria necesitan”, insistió el general.
LA BATALLA DEL LUCRO
La crisis de la deuda externa latinoamericana y el auge de las protestas en Chile centraron la preocupación de los equipos de inteligencia en el malestar que se estaba incubando en los colegios en 1983, cuando avanzaba la municipalización.
A juicio del general Gordon, era imperativo impedir cualquier situación que exasperara los ánimos.
Por ello, el 18 de agosto de 1983 envió un oficio reservado a la entonces ministra de Educación, Mónica Madariaga, en el que denunció que algunos sostenedores estaban haciendo un uso indebido de los recursos fiscales.
“Parece necesario adoptar medidas precisas con el objeto de impedir que organizaciones con intereses personales de lucro o políticos se hagan cargo de corporaciones educacionales, desvirtuando los principios del supremo gobierno”, enfatizó el jefe de la CNI (ver documento).
Sin embargo, el lucro y las protestas persistieron. Ante ello, el Ministerio de Educación fue incorporado al Plan de Guerra Interna, una iniciativa destinada a convertir todos los recursos del Estado en capacidades operativas, en caso de conmoción social.
La oficina de Seguridad del Ministerio de Educación, dirigida primero por el abogado Jorge Guerra Larraín y luego por Patricio Ferrer Ducaud, tuvo un papel clave en esta iniciativa que consideraba el despliegue de estos funcionarios en labores de contención callejera en casos extremos. Debido a ello, fueron enviados a capacitaciones y reuniones de trabajo a los propios cuarteles de la CNI, como detalla un oficio que la policía secreta envió al ministro Sergio Gaete el 20 de octubre de 1986: “Jorge Guerra Larraín -dice el documento- ha tomado debido conocimiento del Seminario de Orientación programado (en los cuarteles de la CNI)”.
Sin embargo, no todo fue represión. Tras el estallido de las protestas, el régimen se empecinó en construir una juventud leal con el apoyo del gremialismo, una operación en que participaron personalmente Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, como atestiguan los documentos revisados por CIPER.
UNA JUVENTUD LEAL
En 1982, tras las marchas del hambre organizadas por la oposición, debido a la gran crisis que generó el modelo económico neoliberal que impulsó la dictadura, el régimen hizo un esfuerzo especial por crear una juventud leal, operación en que participaron destacados militantes de la actual Unión Demócrata Independiente, como Jaime Guzmán, Andrés Chadwick y Patricio Melero.
En detalle, Pinochet y sus ministros destinaron recursos a formar política e ideológicamente a los hijos de los altos funcionarios públicos en temas como Seguridad Nacional o Guerra Interna. Ese fue el primer paso (ver documento).
Pero además hubo un intento metódico y regular por constituir una juventud leal al régimen que proviniera de una base social más amplia. Estudiantes de colegios y liceos proclives a la dictadura fueron escogidos para asistir a jornadas especiales de adoctrinamiento, aunque siempre segregados por origen social.
«Por expreso deseo de Su Excelencia el presidente de la República, se realizará durante la segunda semana del próximo período de vacaciones un Congreso Nacional de 1.000 dirigentes secundarios», informó el 30 de junio de 1982 en el oficio 2000/4 el ministro secretario general de gobierno, brigadier Julio Bravo (ver documentos 1 y 2).
Al año siguiente, el gobierno decidió reiterar la iniciativa y otros 700 escolares provenientes de 114 comunas fueron trasladados al edificio Diego Portales, para otra jornada de formación.
Además del propio Pinochet en la apertura, los oradores en la cita fueron el asesinado senador Jaime Guzmán, el exministro Chadwick y el exdiputado Melero, nuevamente.
LAS FICHAS DE CARDEMIL
Sin embargo, las protestas masivas no cesaron. Y el régimen debió persistir en sus operaciones de control social, aunque ahora comenzó a intervenir directamente el Ministerio de Interior en las comunidades escolares. Un responsable directo de esas acciones fue el subsecretario del Interior de la época, Alberto Cardemil, quien comenzó a solicitar la desvinculación de todo profesor contrario al régimen.
Por ejemplo, el 14 de julio de 1986, Cardemil pidió al Ministerio de Educación adoptar medidas contra un profesor del liceo A-2 de Arica, por su actitud contraria a la dictadura (ver documento).
Fue tal la magnitud y desborde de estas operaciones que la situación llegó a inquietar al propio líder del régimen, el general Augusto Pinochet. En enero de 1987, el dictador convocó a una reunión en su despacho a las autoridades del Ministerio de Educación y les expresó su preocupación por las masivas exoneraciones de profesores por razones políticas, sobre todo ad-portas de un plebiscito que debía definir su propio futuro como mandamás del régimen militar.
«El presidente (Pinochet) deseaba conocer la cantidad aproximada de profesores involucrados. Según mis datos, al momento la cifra bordeaba los 8 mil exonerados», redactó luego de ese encuentro la directora de Educación, Paula Dittborn Cordua (ver documento).
Pinochet, de hecho, estaba inquieto desde hacía años por el devenir de la reforma educacional. Ya el 16 de enero de 1986 había ordenado dar «máxima prioridad» al traspaso de los liceos fiscales, evaluando incluso su venta a privados, fueran estos los apoderados o los profesores de cada comunidad escolar. “Deberá considerarse (fijar) precios moderados de los establecimientos para asegurar el éxito del traspaso”, recomendó el 16 de enero de 1986 el ministro secretario general de la Presidencia, brigadier Sergio Valenzuela (ver documento).
Sin embargo, esa venta al estilo del capitalismo popular fue abortada, debido a que el régimen receló siempre del magisterio y temió la posibilidad de perder el control político sobre la enseñanza en el aula.
