Una serie de advertencias dan cuenta del mal rumbo que estaría tomando el proceso constitucional en marcha, y que arriesga un nuevo voto en contra de parte de la ciudadanía en diciembre. Aún estamos a tiempo de enmendarlo, describen en columna para CIPER dos académicos y analistas: «Ya debería iniciarse un diálogo que permita construir un camino alternativo para darles un cauce responsable a la crisis de legitimidad y las demandas no resueltas de la ciudadanía.»
En el marco de la campaña hacia el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, distintos sectores vinculados a la opción Rechazo plantearon que el proceso había fracasado porque este había sido capturado por un sector político en particular. Como alternativa, la gran mayoría del espectro político consensuó un nuevo proceso, alejado de «los excesos» del primero, y con doce bases que debían respetarse, con el objetivo de escribir un texto que esta vez sí representara al país y generara consenso transversal. No obstante, el actual Consejo Constitucional se ha mostrado reticente a la hora de integrar las distintas visiones que lo componen. Por otro lado, y en claro contraste con la Convención Constitucional, este ha operado alejado de la atención mediática, sin lograr despertar mayor interés por parte de una ciudadanía ya de por sí desafecta de la política. A esto se suman las alarmas levantadas por múltiples encuestas sobre los posibles resultados del plebiscito del 17 de diciembre, las que muestran que el proceso constitucional corre el riesgo de fracasar y ahondar todavía más la crisis por la cual atraviesan la política chilena y todas sus instituciones.
En la siguiente columna, advertimos de la serie de alarmas con las que hoy convive el proceso de redacción de una nueva Constitución para Chile. En un escenario ideal, las malas proyecciones en los sondeos de opinión pública deberían ser suficientes para que los sectores representados en el Consejo reaccionen y avancen hacia acuerdos mínimos que permitan consensuar un texto habilitante. No obstante, este camino es improbable si los sectores que lideran el proceso continúan optando por reforzar su propia identidad, poniendo al proceso en un real peligro. Son, por lo mismo, pocas las alternativas que le quedan al sistema político para revertir la situación actual del proceso constitucional, y ya debería iniciarse un diálogo que permita construir un camino alternativo para darles un cauce responsable a la crisis de legitimidad y las demandas no resueltas de la ciudadanía.
I. VOTO RECHAZO
Las elecciones del nuevo órgano constitucional el pasado 7 de mayo evidenciaron un quiebre entre el actual proceso y la ciudadanía. Republicanos, el partido que de manera más consistente se había opuesto a un nuevo proceso y al cambio de la Constitución vigente, se convirtió en el gran ganador de la jornada con el 35,4% de los votos, e irónicamente se posicionó como el gran responsable de ofrecer al país una nueva Constitución. Sumado a lo anterior, el conteo estuvo marcado por la inédita suma de 2.124.906 votos nulos (equivalentes al 17% del total de votos emitidos), 568.555 votos blancos (4,6%) y 2.643.898 abstenciones La suma del total de nulos y blancos más la abstención equivale a 5.337.359 personas, cerca del 35,2% del padrón, lo cual implica que aproximadamente un tercio del electorado optó por quedarse fuera del nuevo proceso, que por lo tanto partió con un tercio del electorado mostrando apatía desde su génesis.
Consecuentemente, el Consejo Constitucional ha mostrado alarmantes dificultades para generar interés e involucramiento en el nuevo proceso. El pasado 7 de julio se cerró el periodo para apoyar Iniciativas Populares de Norma (IPN), las cuales motivaron la participación de 236.475 personas. 31 IPN superaron las diez mil firmas establecidas para ser parte de la discusión constitucional. En contraste, y a pesar de todas las críticas en su contra, el primer proceso constitucional había logrado convocar a 980.332 personas, 2.809.751 apoyos y 78 IPN con más de quince mil firmas.
El descenso en la participación se enmarca no sólo en que en esta ocasión se destinó menos tiempo para presentar apoyos, sino además en un ambiente de alta desconfianza hacia los órganos encargados de la redacción del texto constitucional y un ambiente pesimista sobre el futuro del proceso. Diversas encuestas recientes corroboran este desinterés e, incluso, oposición al proceso: aumentan las personas que se declaran proclives a votar en contra de la propuesta constitucional, tanto en los resultados de los estudios de Laboratorio Constitucional-UDP (44%), Cadem (57%) y Panel Ciudadano (33%).
II. LAS ENMIENDAS REPUBLICANAS
Sumado a las malas proyecciones mostradas en todos sondeos de opinión pública, el Consejo Constitucional ha entregado señales preocupantes en las últimas semanas, en particular a partir de las enmiendas ingresadas por la bancada republicana. En su conjunto, las enmiendas presentadas por dicho sector apuntan a reducir la representatividad del Congreso en aras de la «gobernabilidad», ademas de eliminar la paridad (ya disminuída en el anteproyecto de la Comisión Experta); retrotraer avances en materia de derechos reproductivos, limitando el acceso al aborto; avanzar hacia la constitucionalización de isapres y AFP; limitar los mecanismos de democracia directa considerados en el anteproyecto a través de la eliminación de la derogación popular; y volver a aumentar el cuórum necesario para cualquier reforma constitucional futura hasta los dos tercios, entre muchas otras medidas.
Se trata, en resumen, de líneas rojas para buena parte del espectro político, que nos encaminan hacia una propuesta de Constitución más conservadora y subsidiaria que la actual.
La presentación de estas enmiendas representa un problema por dos razones. Primero, en su conjunto dan cuenta de un intento consciente de perpetuar los pilares del Estado subsidiario e incluso de deshacer algunas de las reformas más emblemáticas de las últimas décadas, incluyendo el haber avanzado hacia un Congreso más pluralista (con el fin del sistema binominal) o el aborto en tres causales. Las enmiendas señaladas además impedirían avanzar hacia un texto constitucional que garantice en la práctica un Estado Social de Derechos, con un rol activo en la provisión de derechos sociales para el bienestar de la ciudadanía. Aunque Republicanos insiste en su relato de buscar «garantizar la libertad de elección», su ideal de texto en realidad promueve un acceso segmentado y desigual a derechos básicos en educación, salud y pensiones.
En segundo lugar, e independiente del fondo de dichas enmiendas, su presentación se interpreta no sólo como un claro intento de consagrar una Constitución que represente a un sector político específico en desmedro del resto, sino que además configuran un escenario de retrocesos para la mayoría del espectro político y para una ciudadanía que todavía espera una respuesta a sus demandas por mayor justicia social.
III. RETROCESO EN ACUERDOS
En general los distintos sondeos de opinión dan cuenta de la alta valoración que tiene la ciudadanía sobre los acuerdos transversales entre distintos sectores políticos. En un espíritu similar, la Comisión Experta logró generar consensos transversales en torno al anteproyecto entregado al Consejo. Dicho documento elaborado entre los partidos políticos que integraron la Comisión consistía en una Constitución habilitante, que buscaba destrabar el conflicto constitucional, y que dotaba al sistema político de herramientas para canalizar de mejor manera las expectativas ciudadanas.
Sin embargo, hasta el momento las señales emanadas del Consejo Constitucional van en la dirección contraria a dichas expectativas. Vale decir, el nuevo proceso no está siendo un mecanismo institucional efectivo para canalizar los distintos malestares que existen en la sociedad chilena, no hay avances en la construcción de acuerdos transversales, ni las posiciones promovidas por las y los consejeros conectan con las prioridades de la ciudadanía. La resaca electoral republicana le hace creer a un sector importante de la oposición que sus ideas son las ideas de la mayoría de chilenas y chilenos. Sin embargo, todo parece indicar que son el cansancio y la apatía —como demostró el mismo escrutinio del 7M— las variables que ganan terreno en este proceso constitucional.
En un escenario probable, en el cual en diciembre gane el voto «en contra» a la propuesta constitucional hoy en elaboración, las fuerzas políticas todavía tendrán la responsabilidad de canalizar institucionalmente las expectativas ciudadanas. El fracaso de un nuevo proceso, lejos de solo impactar a un sector político en particular, vendría a ser otra prueba concreta de que la política en cuanto tal, es incapaz de procesar los desafíos que tenemos como sociedad. Por lo anterior, en caso de que vuelva a imponerse el rechazo a la propuesta constitucional, el Congreso y el gobierno todavía tendrán la tarea de reformar un sistema político que está en crisis y que hoy es mirado con recelo.
Independiente del escenario que se termine configurando en diciembre, se hace cada vez más necesario y urgente un entendimiento amplio entre los sectores que buscan una resolución o al menos un abordaje responsable de la crisis de legitimidad que viene arrastrando el país. Es esperable que el momento crítico y hasta cierto punto irreversible por el cual atraviesa el Consejo Constitucional, y todo el proceso, sean suficientes para habilitar un diálogo entre aquella izquierda que abogó por una nueva Constitución, pasando por un centro político que se fragmentó durante la Convención Constitucional e incluso con aquellos sectores liberales de derecha que hoy ven con preocupación a una apuesta republicana que nos lleva irremediablemente a que este proceso sea, de nuevo, rechazado.
