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Sergio Massa entra en tensión con el Congreso al pedirle que defina la eliminación de gastos tributarios

Sergio Massa entra en tensión con el Congreso al pedirle que defina la eliminación de gastos tributarios La comisión de Presupuesto de Diputados arrancó con el debate de la separata del Presupuesto 2024.

Tal como ocurrió el año pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a entrar en un clima tensión con la oposición al pedir que el Congreso defina la eliminación de los gastos tributarios, que alcanzan un 4,8 % del PBI y que fueron incluidos en una separata del proyecto de Presupuesto 2024, para tratar de alcanzar un superávit fiscal del 1 %.

Entonado por la victoria electoral, Massa envió al secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; para que en el marco de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja expliquen los términos del anexo que volvió a incluir en el proyecto de Presupuesto 2024, que presentó en septiembre pasado, y mediante el cuál busca que el parlamento decida cuáles son las exenciones o regímenes impositivos que deben ser eliminados o modificados para ajustar las cuentas del Estado.

El año pasado ya había enviado una separata en el proyecto de Presupuesto pero el ministro de Economía no logró seducir a la oposición para avanzar con los recortes de los beneficios impositivos. Tal como se dio en 2022, los diputados de Juntos por el Cambio volvieron a exigir al Gobierno que proponga las reformas impositivas en un proyecto.

En la apertura del debate, Rigo advirtió a los diputados de la "conveniencia y necesidad" de reparar en el impacto tributario en las cuentas públicas para alcanzar el resultado fiscal que se fijó el Ejecutivo para 2024, que prevé un déficit fiscal primario de 0,9 % del PBI. Para eso, el funcionario apuntó que el peso de los servicios sociales dentro del Presupuesto es de un 80 % del gasto primario y si se agregan los subsidios en energía y transporte alcanza el 85 % del gasto.

Fue en este contexto que el secretario de Hacienda explicó que para alcanzar un superávit fiscal del 1 % no sólo basta con revisar las partidas del Estado sino también los gastos tributarios para lograr un resultado fiscal equilibrado. De acuerdo a lo precisado por el funcionario, este conjunto de beneficios impositivos, que van desde exenciones hasta regímenes especiales, implican una pérdida de la recaudación para 2024, en términos del escenario macro, de 4,8 % del PBI

Sobre este punto precisó que un 2,34 % corresponde a normativas de los impuestos y regímenes especiales, mientras que otro 2,38 % surge de plataformas digitales, exención a la locación de inmuebles rurales, renta por venta de acciones y títulos, entre otros rubros.

Balestrini hizo eje en revisar la política pública vinculada a cada beneficio impositivo y volvió a cargar sobre el 0,30 % del PBI que se resigna por los beneficios de aquellos que no pagan el impuesto a las Ganancias. En este sentido, la funcionaria explicó que más de la mitad de este gasto corresponde a los jueces y planteó que hay "una situación inequitativa".

También le apuntó al beneficio impositivo por una alícuota reducida sobre las obras de arte. "No se trata de eliminar sino ver de qué forma se instrumenta una reducción", dijo Balestini quien también consideró que en el caso de los impuestos a los combustibles líquidos se tendría que volver a un sistema de alícuota variable de valores, en vez de un impuesto fijo.

Asimismo alertó sobre "una dicotomía importante" por la exención a los inmuebles rurales y señaló que hay 450 argentinos con estas propiedades en el exterior que "no pagan bienes personales". Para completar le apuntó a los ADR, títulos que tienen tratamiento preferencial y cuyo dividendo, según lo estimado por el Gobierno, podrían llegar a tributar un 35 % la escala progresiva y sólo lo hace un 7 %.

Juan Mauel López, de la Coalición Cívica, le pidió a los funcionarios que definan por dónde empezar el análisis, pero advirtió que la ley de 2017 que obliga a los jueces a pagar Ganancias fue declarada inconstitucional.

Ante la insistencia de la oposición, Germán Martínez hizo mención al beneficio fiscal por la edición y venta de diarios y revistas que se estima en $ 220 millones. Alejandro Cacace (Evolución Radical) salió a cruzarlo y le recordó que "es la única exención de orden constitucional que establece que el Congreso no puede  sancionar leyes que restrinjan la libertad de imprenta", "No estoy diciendo que la corramos, seguramente van a conseguir un juez que declare la inconstitucionalidad", devolvió el jefe de la bancada oficialista.

Finalmente, el lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez pidió, con éxito, que la comisión espere que se defina el próximo presidente para avanzar con el presupuesto porque, según su interpretación, "no tendría demasiado sentido el rumbo de la separata". "Es legítimo que el presidente electo venga a decir que es lo que necesita para el primer año de Gobierno", completó.

Gustavo Berón
Gustavo Berón

Redactor de la sección Política @gberon10

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