Esta vez, trataron de justificarlo por el contrato de la magistrada como investigadora de un instituto de Seguridad que depende del gobierno porteño.
Ante la Cámara Federal porteña, los abogados de Cristina Kirchner volvieron a insistir con el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa que investiga el intento de homicidio del que fue víctima la vicepresidente en septiembre del año pasado. Esta vez -ya lo intentaron antes- los letrados buscaron justificar su pedido en los vínculos de la magistrada con del Ministerio de Seguridad porteño, ya se se desempeña como investigadora del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad.
El año pasado los integrantes de la Sala I de la Cámara avalaron a la jueza Capuchetti como instructora del expediente, que tiene a cuatro personas procesadas y tres de ellas detenidas por el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación el 1 de septiembre de 2022.
En aquella resolución el juez Leopoldo Bruglia -integrante de la Sala I y con desempeño unipersonal en este caso- fue claro al sostener que no se puede utilizar la recusación sólo porque no se está de acuerdo con las decisiones jurídicas que se toman en el marco de la pesquisa.
Este jueves al mediodía, los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira volvieron a pedir el corrimiento de Capuchetti en esta causa, al entender que hay "vínculos políticos" de la magistrada con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad a través del ISSP, un órgano autárquico que no depende del gobierno porteño.
Durante la audiencia de este jueves, Aldazabal sostuvo que "no se trata de una universidad que es autónoma y que bajo esa estructura sus autoridades son elegidas". Continuó exponiendo sus argumentos al poner bajo sospecha el "rol de investigadora que aduce la jueza cuando en nueve años no se conoce ningún trabajo que haya desarrollado".
En continuidad con este argumento la defensa de Cristina Kirchner indicó que el "vínculo laboral con el instituto de Seguridad Público de la Ciudad, es explícitamente político e incompatible con el rol de un juez o una jueza", ya que "entre los objetivos del lugar se detalla que debe brindar asesoramiento político al gobierno de la Ciudad".
Entonces, se planteó ante Bruglia que quienes trabajan en dicho Instituto "son parte del diseño de políticas públicas en materia de seguridad. Es un órgano ejecutivo en el que no puede participar un juez. Las autoridades las elige el ministro de Seguridad.
Cuando la jueza Capuchetti rechazó esta nueva recusación impulsada por los abogados de la vice, indicó: "La parte recusante invoca actividades académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales, desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados".
Sin embargo, los abogados sostienen que dicha actividad "termina siendo una manera en la que la Ciudad le paga un sueldo a la jueza, algo que no corresponde y que es incompatible" lo que "permite dudar de su imparcialidad".
Al explicar la situación la jueza Capuchetti indicó que la tarea desarrollada es de carácter académico "de formación de policías y que eso no encuadra en ninguna de las causales de recusación previstas por el Código Penal".
Según se detalló, la magistrada se desempeña en el Instituto como docente desde 2014, percibiendo un salario de 73.924 pesos. Y si bien el órgano autárquico cuenta con fondos propios, la administración de Horacio Rodríguez Larreta destina fondos al mismo. En parte, esto discuten los abogados Aldazabal y Ubeira.
Entre los aspectos resaltados en el pedido de recusación, se señaló que “participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo”. Agregaron que el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia (únicas permitidas a los jueces) y que, por ende, lo que haga a cambio de su sueldo es “incompatible con su cargo”.
Finalmente los abogados de Cristina Kirchner cuestionaron que una de las líneas de investigación del caso, centrada en el rol de las fuerzas de seguridad federales a cargo de la custodia de la vice la noche del atentado "no incluye en ningún aspecto el rol de la policía de la Ciudad, si se investiga que se investigue todo vinculado a la seguridad", indicó el abogado Aldazabal.
