La decisión política de construir una nueva cárcel está en marcha con una inversión importante. La superpoblación en las unidades penitenciarias empujó la necesidad inmediata de una estructura nueva, que pueda descomprimir la cuestión; evidentemente así lo vio el Poder Ejecutivo y se hizo cargo. Con el problema edilicio resuelto se renueva la posibilidad de avanzar en temas que confluyen exclusivamente en derechos ausentes de la comunidad interna y externa. Se puede mencionar algunos, como la parte educativa y sanitaria, pero exclusivamente con lo relacionado a la salud mental, no solo de los internos, también del servicio penitenciario y el personal externo. Al parecer este reordenamiento del sistema será permanente e intenso, sin dejar de lado que se trata de una importante transición que requiere la intervención de muchos organismos que deben ser convocados, como la UNT con todas sus unidades académicas. Felicito el interés del Estado provincial y de los organismos relacionados en esta nueva puesta en marcha del sistema penitenciario provincial.
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