“Vengo a reiterar mi solicitud de que se ordene la medida ejecutoria solicitada, es decir trabar embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos definida en el articulo 2° de la ley 23548, la cual debe ser detraída de la suma que le corresponde a la Nación en la distribución primaria y ordenar al Banco de la Nación Argentina que en forma diaria y automática se transfieran a la Ciudad de Buenos Aires, junto con el 1,40% que se recibe hasta el presente”, dice la presentación firmada por el procurador general porteño, Gabriel Astarloa.
Tras varias audiencias sin llegar a un acuerdo entre las partes, el Máximo Tribunal hizo lugar en diciembre del año pasado al reclamo del Gobierno porteño y ordenó que el Estado nacional le entregue el 2,95% de los fondos coparticipables. La Nación, por su parte, siguió transfiriendo el 1,4% y propuso pagar en bonos la diferencia.
Frente a esto, la gestión porteña presentó varios reclamos ante la Corte Suprema e inició una causa penal en la justicia federal. Aquella presentación no nombraba a los funcionarios, que debían ser imputados, pero apuntó contra Alberto Fernández, Sergio Massa, Eduardo “Wado” De Pedro y Silvina Batakis, entre otros. En ese expediente, el fiscal Ramiro González le pidió informes al Máximo Tribunal, al Banco Central y por último al Banco Ciudad, donde se depositan los fondos de la coparticipación.
El gobierno nacional también desplegó su estrategia jurídica: decidió recusar a los cuatro jueces de la Corte Suprema haciendo referencia al pedido de juicio político contra los magistrados y los supuestos chats entre un funcionario del máximo tribunal y el ex ministro porteño Marcelo D”Alessandro. También pidió una revocatoria del fallo.
A comienzos de este mes, el gobierno porteño reclamó el incumplimiento de la sentencia y solicitó varias medidas. Esta mañana, el procurador volvió a insistir con esos reclamos. Además del embargo, pidió que se intime al Banco Nación para que “cumpla con las transferencias en el porcentaje, forma y tiempo en que fueron ordenados” por la Corte, y que se apliquen “sanciones pecuniarias en los términos del art. 37 del CPCCN”. Aunque no está dicho, esas sanciones serían contra los mismos funcionarios apuntados en la causa penal.
La deuda acumulada ya supera los $57 mil millones, según consta en la nueva presentación. Eso corresponde a la diferencia entre el 1,40% que paga Nación y el 2,95% que dispuso el Máximo Tribunal.
Pese al incumplimiento por parte de la Nación, hace tres semanas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció un proyecto de ley, aprobado en tiempo récord por la Legislatura, para eliminar “inmediatamente” el impuesto a las tarjetas de crédito, que se venía aplicando desde que comenzó la disputa por los fondos coparticipables.
En sus últimas referencias públicas a ese tema, Larreta fue muy duro contra Alberto Fernández. “Los fallos de la Corte no se interpretan, se cumplen”, dijo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura. Y agregó: “¿Quién va a invertir en la Argentina hoy? Cuando el presidente de la Nación no cumple un fallo de la Corte porque no le gusta”.
Una semana después, volvió a cuestionar la maniobra. “Cuando le sacó los fondos a la Ciudad el Presidente, a las provincias argentinas le dio 0 pesos. Todo fue para Axel Kicillof, que es aliado de Cristina Kirchner”, lanzó en una entrevista.
Fuente: Infobae
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 24, 2023
