La gobernadora de la Provincia de Santa Cruz Alicia Kirchner recibió a su sucesor, el gobernador electo Claudio VidalCambió una era. O está en proceso de modificarse. Tras el resultado de las PASO y, sobre todo, tras el inevitable cambio de gobernador en Santa Cruz, Cristina Kirchner entra en una nueva fase en su relación con el Poder Judicial. La vicepresidente, acostumbrada a embestir contra la Justicia, o ni siquiera preocuparse sobre el accionar de fiscales y jueces en su provincia, empezaría ahora a actuar bajo la defensiva total respecto a decisiones que se tomarán en los tribunales de ahora en más. Incluso, podría perder el control absoluto que tenía sobre los magistrados, fiscales y el Superior Tribunal de Justicia de su provincia, si es que el gobernador electo, Claudio Vidal, cumple con sus promesas de recambio institucinal en ese distrito patagónico que la familia K adminsitraba de modo directo, o indirecto, desde hace treinta y dos años.
Dos días después de ganar los comicios, Vidal se reunió con la gobernadora Alicia Kirchner y le advirtió que iniciaría cinco auditorías internas en organismos claves. Clarín pudo saber que el sindicalista petrolero también analiza promover modificaciones en el Poder Judicial de Santa Cruz una vez que asuma en su cargo, el 10 de diciembre próximo. La cooptación de jueces y fiscales en la provincia por parte de la familia K era tal, que ni siquiera existe un Ministerio de Justicia, o al menos una Secretaría. No hacía falta. Vidal planea, entre otras variables de ese estilo, investigar de modo oficial el trabajo, por ejemplo, de la fiscal de El Calafate, Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina, prima de Máximo. Si encontrara irregularidades en su actuación, promete iniciar el camino que corresponde para destituirla. Sería un golpe absoluto a los Kirchner. La fiscal Mercado es quien debe pesquisar cualquier acontecimiento delictual que ocurre en “el lugar en el mundo” de Cristina Kirchner.
Ella misma, la fiscal Mercado, compró tierras que era propiedad estatal a precio vil, una acción promovida por los Kirchner, con la que se beneficiaron adquiriendo terrenos medio centenar de sus allegados, y que efectivamente se transformó en una causa penal que está bajo control de… Mercado.
Los miembros del Tribunal Superior de Justicia ya no trabajarían con un gobernador afín. Al contrario. El terremoto que generó Vidal en la familia Kirchner los dejó en shock. Ellos dejan trascender que el nuevo mandatario no podrá gobernar sin su apoyo. Se verá. Vidal fue electo y de inmediato declaró, en forma pública y en reuniones privadas, que investigará la “corrupción”. Una novedad inquietante para las autoridades políticas que desde 1990 nunca oyeron amenazar a un gobernador con erradicar los delitos en la administración pública.
De menor a mayor, si es que pudiese utilizarse una metáfora así, la familia Kirchner empieza a procesar los cambios de su relación con la Justicia también a nivel de los tribunales federales de Comodoro Py.
Cristina Kirchner dejará el poder el 10 de diciembre, aunque ganase su candidato a presidente, Sergio Massa. A la vuelta al llano, para colmo, con una condena por corrupción en la causa conocida como “Vialidad Nacional” que será revisada en el mediano plazo por la Cámara de Casación Penal, se le suma la pérdida del poder de persuasión que solía tener entre los legisladores del Congreso para intentar imponer cambios que la favorezcan en sus muchos procesos penales.
El juicio político a la Corte Suprema, iniciado por el oficialismo en la Cámara de Diputados, va perdiendo la energía con la que se gestó.
En un acontecimeinto histórico, los Kirchner iniciaron ese trámite contra todos los integrantes del máximo tribunal. Nunca había ocurrido. Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación y decidió modificar la integración de aquella Corte del 2003, antes de enjuiciar en el Parlamento a algunos de sus jueces, ya había logrado la renuncia de uno de ellos, Julio Nazareno. En este caso son enjuiciados los cuatro miembros del tribunal. ¿Cuál es su objetivo? Los Kirchner creyeron que una vez finalizado ese juicio político, o con avances que imaginaron más influyentes de lo que son en la actualidad, la vice podría recusar al menos al presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, a Carlos Rozenkratz y a Juan Carlos Maqueda como mínimo. Si eso ocurriera, y nada hacer prever que pudiera pasar, entonces Kirchner insistiría para que sean conjueces los que evaluaran, por ejemplo, si su condena en el caso Vialidad debe quedar firme o no.
A pesar de que la Cámara de Casación Penal recién inicia los trámites para convocar a las audiencias para revisar la sentencia a seis años de cárcel para la vice, sea cual fuere el resultado en ese tribunal de alzada, las apelaciones llegarán hasta la Corte.
Tal como publicó Clarín, esa misma Cámara de Casación Penal, ya sin la jueza Ana Figueroa entre sus miembros, podría emitir en los próximos días el fallo que decidirá la suspensión del sobreseimiento de los Kirchner en el juicio oral y público de los casos Hotesur-Los Sauces, donde tanto la vice como sus hijos; y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, fueron imputados por los delitos de lavado de dinero.
En una decisión que jamás se tomó en la Historia de la Justicia Nacional, dos jueces del tribunal oral federal número 5, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, determinaron que los Kirchner debían ser sobreseídos sin siquiera empezar las audiencias del proceso. Una tercera jueza, Adriana Pallioti, cumplió con las normas y votó en contrario.
Esa decisión fue apelada por el fiscal del juicio oral, Diego Velazco, y también por el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar. Al contrario de lo que suele denunciar la vicepresidente, la Justicia federal fue, en general, benévola con sus diferentes causas. El fallo insólito de Obligado y Grünberg no resiste análisis alguno si es que se rige por las leyes, el código procesal penal y el código penal de la Nación. Ningún imputado en juicio oral, ya ante la inminencia de las audiencias públicas, puede ser sobreseído sin siquiera oír a un testigo, o a los abogados de las defensas. La operación judicial fue tan burda Obligado y Grünberg se expidieron también sobre la cuestión de fondo, argumentando, con notable retórica jurídica, que en este expediente no existió el lavado de dinero. Su función era otra: escuchar a los testigos, ver las pruebas documentales en contra de los imputados, oír sus palabras, el alegato del fiscal, en fin, que se realice un juicio oral y público como corresponde. No pasó.
Los Kirchner lograron trabar una decisión que parece ser inevitable que ahora tomen los camaristas Daniel Petrone y Diego Barrotaveña: que el sobreseimiento no sea tomado como válido y que el proceso siga su curso, como corresponde en una República donde todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y donde todos, además, son iguales ante la Ley. La familia K alargó los tiempos para no enfrentar el juicio Hotesur-Los Sauces gracias a las dilaciones que accionó en la sala 1 de Casación la ex jueza Ana Figueroa, explícitamente militante oficialista. El miércoles pasado, la Corte Suprema cesó en su puesto a la magistrada que analizaba seguir trabajando allí a pesar de que había cumplido los 75 años de edad, límite para ejercer la profesión, sin cautelar o decisión de algún juzgado que la respalde. Los miembros de la Cámara de Casación debatieron esta cuestión durante semanas, y en reuniones ya más directas y cara a cara entre ellos, hasta que el tribunal superior determinó que los argumentos de Figueroa para permanecer en su cargo eran insostenibles. Ocurre que el Senado de la Nación podría haberle extendido la edad para que continuará siendo jueza, pero los Kirchner nunca lograron juntar el quórum en la Cámara alta para resolver esa cuestión, a la que sumarían el nombramiento de setenta nuevos jueces para juzgados que están vacantes. Muchos de ellos tienen vínculos con funcionarios oficialistas.
El caso Hotesur-Los Sauces fue iniciado por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y su abogada, Silvina Martínez, y creció a medida que avanzó el expediente en su etapa de instrucción. El lavado de dinero orignado en la corrupción, según la hipótesis del fiscal Velazco, se habría producido mediante dos empresas propiedad de la familia de la vice. Una es Hotesur S.A, el nombre comercial del hotel Alto Calafate, de esa ciudad santacruceña, alquilado al ex empresario Lázaro Báez a precio exhorbitantes para el mercado. Los Sauces es el nombre de una inmobiliaria, también de los Kirchner, que trabajaba rentando propiedades a pesar de que no tenía oficinas, pero sí un empleado: Ramón Ánjel Díaz Díaz, el jardinero de la casa calafateña de la vice.
La inmobiliaria tenía más inquilinos que trabajadores registrados. Eran dos. Báez y Cristóbal López, además de sus hijos y de socios comunes, que alquilaron propiedades de los Kirchner a precio también extremadamente alto y con una hegemonía total sobre los negocios en Los Sauces. Únicos clientes, les pagaban rentas altísimas (aun antes de la existencia de la Ley de Alquileres) generando entonces ganancias millonarias que iban a cuentas de los K mientras sus inquilinos ganaban contratos de obras públicas, entre otros negocios con el Estado que manejaban sus locatarios.
Los votos de Petrone y Barroteveña para revocar el sobreseimiento de los imputados en el juicio oral nonato de Hotesur-Los Sauces ya estarían definidos aun antes de la salida a la fuerza de Figueroa. Ahora estarían en condiciones de emitir un fallo sin que un tercer juez ocupase la vacante de la camarista que se fue.
Esa misma sala de Casación Penal debe decidir también la suerte de la vicepresidente en el caso conocido como Memorando con Irán, es decir, la denuncia original sobre el tema que presentó en sorteo el fiscal Alberto Nisman antes de que fuera asesinado.
EL poder se escapa de las manos de los Kirchner. La Corte Suprema influyó para cesantear a Figueroa.
Así como resolvió, solo este año, el rumbo que debían seguir once mil causas judiciales.
Cristina Kirchner pasa de la ofensiva contra la Justicia, a las más trabajosa y menos previsible táctica defensiva.
Como le pasa a todos los ciudadanos argentinos si se cumple la Constitución Nacional.
Periodista especializado en Política
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