Con la situación que genera la alta inflación (cercana a los 3 dígitos), son cada vez más habituales los debates respecto a contemplar un nuevo régimen monetario. Esto es tan oportuno como inconducente si no se implementan, al unísono, estrategias para ordenar integralmente al sector público. Hay planteos que van desde la dolarización al bimonetarismo. Ahora hay que adicionarle la propuesta de una moneda común con Brasil.
Ante la ausencia de moneda, no se puede estimular la inversión privada, ni la generación de empleos de calidad o el crecimiento económico. Por su parte, el rechazo a nuestro signo monetario actual es consecuencia de la constante inflación, a la par de controles de cambios a los fines de mitigar la fuga de divisas.
Al respecto, podemos ver que, según datos del Ministerio de Economía y el BCRA entre el 2003 y el 2022, el gasto total del sector público fue, en promedio anual, 11% superior a los ingresos públicos. Asimismo, la emisión monetaria creció a razón de un promedio de 34% por año y la tasa de inflación promedio fue del 30% por año. Esto implica que el sector público nacional cubrió con ingresos genuinos, a lo largo de las últimas 2 décadas, menos del 90% de sus gastos. Lo que pone de manifiesto los excesos de endeudamiento, por un lado, y de emisión monetaria, por el otro.
Los crónicos déficits fiscales exigieron la emisión por encima de los pesos que efectivamente se demandan. La situación actual (con ingresos que cubren solo el 80% del gasto y emisión monetaria e inflación anual en el orden del 100%) es la expresión de un proceso que se inició con la salida de la convertibilidad en el 2002 y se ha deteriorado consistentemente en años posteriores.
El desarreglo en el sistema previsional y la superposición de impuestos y de gastos entre los tres niveles de gobierno, lleva a gastar por encima de los ingresos y no administrar dicho gasto correctamente. El problema no está solo en el exceso de gasto, sino también la pérdida de productividad económica y social. Esto corroe la moneda. Por tanto, cualquier régimen monetario estará destinado al fracaso si no se equilibran las cuentas fiscales y no se mejora trascendentalmente la gestión pública.
Como no es meramente una cuestión de déficit, sino también de gestión, los ajustes fiscales tradicionales no son solución. Si pensamos en un nuevo régimen monetario, es indispensable ordenar el Estado, al menos, en términos:
1. Tributarios (unificando y simplificando impuestos)
2. De ordenamiento de la repartición de ingresos públicos a nivel federal (substituyendo la coparticipación por la distribución de fuentes tributarias entre jurisdicciones)
3. De ordenamiento funcional (descartando solapamientos de estructuras administrativas y gastos entre jurisdicciones)
4. De ordenamiento previsional (sustentabilidad y equidad)
5. De profesionalización del sector público
Por ejemplo, no hay cambio de régimen monetario que resuelva la distorsión que genera la aplicación de impuestos como Ingresos Brutos. Es imprescindible colocar este ordenamiento como prioridad en la agenda de políticas públicas, para que el cambio de régimen no se vea frustrado nuevamente con el paso del tiempo.
SN
