Sin Austral Construcciones no habría sido posible nada. Ni los 51 contratos viales que le permitieron a Lázaro Báez incrementar el patrimonio de la compañía en un 46.000% según la acusación fiscal, ni los 55 millones de dólares que se lavaron, según la condena dictada en el juicio por la Ruta del Dinero K. Sin Austral no se habrían celebrado los veinte acuerdos comerciales con la familia Kirchner; sin el préstamo de la constructora los ex presidentes no habrían adquirido la empresa hotelera Hotesur. El eslabón indispensable fue, sin lugar a duda, la firma que como un fin de ciclo, transita sus horas finales en el proceso de quiebra.
En diciembre de 2015, Austral Construcciones dejó de estar operativa. Quedaron 24 rutas pendientes de terminar y Lázaro Báez responsabiliza de ese hecho al gobierno de Mauricio Macri, pese a que la rescisión de los contratos la firmó la gobernadora Alicia Kirchner. Para eso tienen otra réplica: lo hizo por orden de Vialidad Nacional, que estaba a cargo de Javier Iguacel.
Así como comenzó su actividad comercial en mayo de 2003, la firma insignia del contratista K vio el ocaso cuando el kirchnerismo dejó el poder en 2015. Es justamente esa ventana de tiempo la que analizó la justicia federal: doce años en los que el Grupo Austral terminó siendo adjudicatario de 51 contratos viales en suelo sureño, por 46.000 millones de pesos.
La constructora, cuya sede principal se encuentra en el acceso principal a Río Gallegos, se impone a simple vista como un símbolo de otros tiempos. Sin actividad, con los rastros que dejaron las cubiertas quemadas en su puerta principal cuando 3.000 trabajadores quedaron en la calle, es una suerte de “cementerio de máquinas”. A la intemperie y con el deterioro que ocasiona la inactividad, ese parque automotor está siendo rematado a cuentagotas.
Mientras Báez ya fue condenado por usar la constructora para lavar 55 millones de dólares, la justicia comercial entró en una etapa determinante en la quiebra de Austral Construcciones. La jueza comercial María José Gigy Traynor comenzó a verificar los créditos de los principales acreedores de la compañía para proceder al pago de las deudas y liquidar lo que queda del eslabón principal de lo que los fiscales del juicio Vialidad calificaron como una “organización criminal”.
A diferencia de Cristóbal López, el dueño del Grupo Austral no logró rescatar de la quiebra a su compañía. En el caso de Oil Combustibles, con la quiebra decretada desde 2018 y con sus principales activos vendidos, el empresario logró que la AFIP -su principal acreedor- acepte otro camino para el pago de la deuda que no sea liquidando la compañía.
Esa opción fue buscada por Báez pero no logró la luz verde del fisco y no pudo evitar el proceso actual: el remate final de los bienes registrados a nombre de Austral Construcciones para distribuir el dinero entre los acreedores verificados en el proceso de la quiebra.
Fue en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K que el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que el dueño del Grupo Austral adquirió 1.412 bienes por 205 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? En menos de doce años. Esto representó un incremento de su patrimonio de 12.131% y el de Austral Construcciones del 42.678%. En ese expediente se determinó que a través de su empresa el contratista K lavó 55 millones de dólares. Esto le valió una condena de doce años que estaría próxima a confirmarse por parte de la Cámara de Casación, la instancia previa a llegar a la Corte Suprema.
Para esas maniobras de blanqueo utilizó la constructora, con la que adquirió un conjunto de bienes de los cuales está siendo desapoderado en el fuero comercial. Estancias, edificios, vehículos, maquinaria pesada y terrenos son parte del extenso listado de bienes sobre los cuales la jueza Gigy Traynor ordenó el remate judicial.
El vaciamiento de los pocos bienes que le quedan a Austral Construcciones, a través de las subastas judiciales, es una decisión adoptada por la magistrada que lleva adelante el proceso de quiebra desde junio de 2018.
Desde 2003 a 2015, la firma tuvo como único cliente al Estado a través de 51 contratos viales adjudicados por Vialidad.
Ese circuito de contrataciones es el que acaba de ser juzgado en Comodoro Py, en el caso conocido como Vialidad, donde Cristina Kirchner fue acusada de haber avalado y constituido un esquema de beneficios para quien era su socio comercial desde la órbita privada. La sentencia de ese juicio se conocerá este martes por la tarde.
Mientras todos estos aspectos de Austral Construcciones son analizados, en la justicia comercial, la jueza Gigy Traynor requirió a la AFIP terminar de verificar un crédito exigible a Austral Construcciones por, que se admitió de forma condicional. A eso deben aplicarse los intereses respectivos, un cálculo que la magistrada encomendó a la sindicatura encargada de verificar los créditos.
Durante la administración de la AFIP a cargo de Leandro Cucciolli se inició un reclamo judicial en el marco de la quiebra de Austral. A mediados de 2020, el organismo recaudador -ya bajo la dirección de Mercedes Marcó del Pont- ratificó que quería cobrar esa deuda que la firma de Báez mantiene con el Estado.
Poco quedará en pie de Austral Construcciones. La magistrada procederá al remate de los bienes restantes, entre ellos el predio central de la compañía ubicado sobre la Ruta 3 en el acceso principal a Río Gallegos, tasado en 2016 en 151 millones de pesos. Con el dinero obtenido de las subastas, se pagará a los acreedores.
Cuando termine la etapa de verificación de créditos, en menos de diez días hábiles la jueza comercial procederá a la liquidación de más de 900 millones de pesos hasta que llegue la instancia del pago a la totalidad de los acreedores, lo que significará el fin definitivo de Austral Construcciones, la firma que garantizó ingresos por 40 millones de pesos a Néstor y a Cristina Kirchner por alquileres, contratos y compra-venta de inmuebles.
