Este sábado por la tarde, el gobierno de Honduras anunció que suspenderá garantías constitucionales en Tegucigalpa y San Pedro Sula como plan para combatir a los grupos criminales que se dedican a la extorsión, narcotráfico y sicariato.
La medida, también conocida como “estado de excepción”, comenzará a regir el próximo martes y tendrá validez durante treinta días. El gobierno de Honduras intentará así hacerle frente a las bandas que controlan ambas ciudades y exigen a los comerciantes y pobladores un “impuesto de guerra”.
A través de un comunicado oficial, la secretaría de Seguridad anunció que “el estado de excepción parcial entrará en vigor el martes 6 de diciembre a las 6 pm por treinta días, para impulsar la gradual actividad de desarrollo económico, inversión, comercio y en los espacios públicos”.
Como parte de un proyecto impulsado por Xiomara Castro -presidenta de Honduras- se espera que la medida sea avalada en una próxima sesión del consejo de ministros. Además, según datos de la Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), las extorsiones generan ganancias anuales que rondan los 737 millones de dólares -cerca de un 3% del PBI del país-.
